Imputado Jorge Mendes en el presunto fraude fiscal de Cristiano Ronaldo

El conocido agente de futbolistas Jorge Mendes, representante entre otros de Cristiano Ronaldo, ha sido imputado por la justicia española por su implicación en el caso de presunto fraude fiscal de la estrella del Real Madrid, han señalado este miércoles fuentes judiciales. Mendes y otros dos consejeros de Ronaldo, su agente de imagen Luis Correia y su abogado Carlos Osorio, han sido convocados el 19 de octubre en el juzgado de Pozuelo de Alarcón, en las afueras de Madrid, para declarar ante la juez encargada del caso.

El influyente agente portugués de 51 años ya compareció ante la justicia española y fue imputado a finales de junio en un caso similar, en el que era sospechoso de haber ayudado a la estrella colombiana Radamel Falcao, actualmente en las filas del Mónaco, a defraudar al fisco español. Ronaldo, imputado por fraude fiscal, compareció ante la juez el 31 de julio por presuntamente haber defraudado 14,7 millones de euros.

La fiscalía imputa a Ronaldo haber utilizado entre 2011 y 2014 una estructura de sociedades radicadas en Irlanda y en las Islas Vírgenes Británicas, «para ocultar las rentas generadas en España por los derechos de imagen, algo que supone un incumplimiento ‘voluntario’ y ‘consciente’ de sus obligaciones fiscales en España».

Además, dice que pese a residir en España desde 2009, declaró tardíamente en 2014 unos 11,5 millones de euros de ingresos durante el periodo comprendido entre 2011 y 2014, cuando en realidad habrían sido unos 43 millones. A ello se añaden, según la fiscalía, otros 28,4 millones de euros disimulados a la administración fiscal, correspondientes a los derechos de imagen del período 2015-2020.

En total, Ronaldo habría dejado de pagar 14,7 millones de euros. Los abogados del jugador basan la defensa en una sencilla diferencia de interpretación de los ingresos que tributan impuestos en España.

Si Ronaldo fuera declarado culpable y condenado, se arriesga a una multa «de al menos 28 millones de euros» y a una pena de hasta tres años y medio de prisión, según el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha.