El Gobierno interino, liderado por Jeanine Áñez, y el partido de Evo Morales se acusan mutuamente de conspiración en contra de la realización pacífica de las elecciones
Decenas de incidentes violentos entre militantes, protestas contra el Tribunal Electoral, amenazas del Gobierno al Movimiento al Socialismo (MAS), la acusación judicial “de último momento” contra Luis Arce, candidato del MAS, y la promesa de los dos principales partidos de que defenderán sus eventuales victorias en las calles. Bolivia se aproxima a la fecha de sus próximas elecciones con los nervios a flor de piel.
Un dirigente de MAS declaró que “al primer intento de la derecha de hacer fraude, el pueblo bolivariano en las calles recuperará el poder”. De esta forma reflejaba su desconfianza por el viaje de Arturo Murillo, ministro del Gobierno, a Estados Unidos, donde se reunió con Donald Trump y con el secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
La respuesta del Gobierno interino fue casi inmediata: “Si los violentos nos provocan habrá consecuencias”, sentenció la presidenta interina. “Así que mejor respeten la democracia, respétennos a los bolivianos que queremos vivir en paz, porque no se lo vamos a permitir”, amenazó Jeanine Áñez.
Después de su polémico viaje, Murillo defendió de nuevo que el MAS “está gestando una convulsión” y no reconocerá su derrota electoral. El ministro advirtió de que la policía está siendo armada y que “a la democracia se la va a respetar al precio que tenga que ser”.
El candidato Arce, como respuesta, ha enviado una carta a cuatro organismos internacionales denunciando que el ministro de Bolivia pretende “descarrilar el proceso electoral con provocaciones”. El candidato también está involucrado en varios procesos judiciales. El último es que la Unidad de Investigaciones Financieras del Gobierno considera que existen irregularidades en sus cuentas bancarias. Afiliados del MAS han calificado la acusación de “maniobra electoral”.
La Organización de Estados Americanos fue una pieza fundamental en la denuncia de fraude durante las elecciones del año pasado que terminaron con el derrocamiento de Morales y su salida al exilio.
El expresidente Carlos Mesa, que va segundo en las encuestas, también cree que existe el riesgo de que el MAS oprima al país en caso de que Arce no gane las elecciones. “Si esto se produce, daremos una respuesta enérgica y vigorosa, pacífica y democrática. Esperamos que prime la cordura y que Arce y Evo Morales entiendan que ya no están dominando el país y que la respuesta de los ciudadanos será muy clara y contundente”, declaró Mesa. El expresidente bolivariano sostiene que no hubo golpe de Estado, en contra de lo que denuncia Evo Morales, que asegura haber sido privado de un cuarto mandato consecutivo después de ser declarado vencedor en los comicios que se realizaron en octubre de 2019, y que después fueron anulados por denuncias de fraude a su favor.
Además, Saúl Paniagua, presidente del Tribunal Electoral de Santa Cruz, ha denunciado que su familia y él están siendo acosados después de que grupos de manifestantes hayan estado frente a la oficina de Paniagua para pedir que las autoridades impidan que el MAS participe en las elecciones. Las numerosas demandas judiciales han sido rechazadas por los tribunales y el MAS seguirá habilitado.
No se trata únicamente de un enfrentamiento retórico y judicial, sino también físico. Los observadores internacionales han contado casi treinta enfrentamientos violentos en los últimos días, entre militantes de los partidos. Una violencia que ha preocupado a la denominada ‘troika’ de mediadores en la crisis bolivariana, compuesta por la Unión Europea, las Naciones Unidas y la Iglesia Católica. “La capacidad de diálogo y concertación debe ser el instrumento primordial para que, en un ambiente de unidad y respeto, se puedan resolver los temas de conflictividad y superar la polarización política”, sentencia la ‘troika’.
