Argentina transcurre por una de las peores crisis de su historia, si no la peor.
La pobreza en este país está llegando al 50%; 6 de cada 10 niños argentinos padecen hambre; el desempleo es oficialmente del 13%, pero ronda el 30% si se cuenta a la gente que quiso buscar trabajo en los últimos meses pero no pudo hacerlo por la cuarentena obligatoria del gobierno; en el último año, nada menos que 4 millones de empleos se han perdido; la caída del PBI en el segundo trimestre del corriente año (19,1%) es de las más altas del mundo, y la más grave de toda la historia nacional; la inflación argentina es la segunda más alta de todo el mundo, solo superada por Venezuela; el dólar sube casi sin dar tregua, y la brecha cambiaria entre el dólar libre y el dólar oficial es mayor al 100%.
Uno podría creer que los argentinos hemos pagado el precio económico de mantenernos con vida y salud en el marco de la pandemia. Eso fue, al menos, lo que el gobierno quiso vender. Pero vamos a los números: Argentina contabiliza, al día de hoy, 1.333.000 contagios y más de 36.100 muertes por COVID-19, lo que nos posicionó hace algunas semanas como el quinto país con más contagios en el mundo, y cuarto en el ranking de muertos por millón de habitantes.
El kirchnerismo tiene sobre sus hombros una de las peores gestiones pandémicas del mundo que, no sólo no logró contener los contagios y las muertes, sino que destrozó la economía.
Este es, en resumidas cuentas, el contexto en el que el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner decide volver a la carga con el aborto. Como si una sociedad literalmente enferma, hambreada y moribunda, tuviera lugar en su agenda pública para fragmentarse en el marco de una lucha que pondrá en marcha numerosas movilizaciones, tanto de un lado como del otro. Conveniente bomba de humo: frente al caos y la miseria, frente al dolor y la enfermedad, frente al monumental ajuste económico que ya se ha puesto en marcha y frente a la vuelta al FMI, el gobierno “progresista” de Fernández debe distraer a la opinión pública a como dé lugar. ¡Bienvenidas las movilizaciones y las fracturas sociales!
Por eso mismo, hace algunas horas nada más, el gobierno envió al Congreso Nacional su propio proyecto de ley de aborto legal. En breve, el proyecto legaliza el aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional, pero fuera de ese plazo también queda legalizado en caso de violación o “si estuviese en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante” (art. 4). En la práctica, el aborto queda legalizado sin plazos, y en esto consiste la trampa: la causal violación requiere simplemente una declaración jurada (no se abre ningún proceso penal, ninguna investigación, no se imputa a nadie), y la causal “salud integral”, en la medida en que se ampara en la definición de la OMS (art. 5 inc. f), contempla “salud psíquica” y “salud social”, de modo que, por ejemplo, manifestar que un embarazo de 8 meses causa “estrés” o “ansiedad” (“salud psíquica”) o “problemas familiares” o “laborales” (“salud social”), podría fácilmente habilitar un aborto legal.
El proyecto del Gobierno también establece, respecto de niñas de 13 años, que “se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento”, sin asentimiento de los padres (art. 8 inc. b). Es decir, en la República Argentina se presume que una niña de 13 años no cuenta con aptitud ni madurez suficiente para comprar una etiqueta de cigarrillos o para beber una lata de cerveza o para votar a sus representantes políticos, pero sí que tiene la aptitud y madurez necesarias para someterse a abortos. Y respecto de los más chicos, el cuerpo de la ley también dispone la obligatoriedad de la “salud sexual integral” fundamentada en la “perspectiva de género y diversidad” (o sea, en ideología de género) en todos los colegios de la República Argentina (art. 12). Ya se ha visto que ese modelo educativo es, en rigor, adoctrinamiento en un paradigma moral y político (moralizante y politizante) de la sexualidad.
El proyecto de ley, mientras deja intacta la pena que corresponde a quien realice en una mujer un aborto sin su consentimiento (sin que de ello se siga su muerte), disminuye sustancialmente la pena que le correspondería al abortista que practicara el aborto sobre la mujer, con consentimiento, pero fuera del plazo de las 14 semanas que prevé la ley. Antes la prisión en tal caso era de 1 a 4 años, pero ahora sería de 3 meses a 1 año (art 13). Todo está pensado para poder practicar abortos con relativa facilidad en mujeres cuyo embarazo exceda ampliamente las 14 semanas de gestación. Por ejemplo, si se aborta a un niño que tiene ya 8 meses de gestación, la mujer podrá alegar que estaba “estresada” y nadie irá preso, conforme al artículo 4. O de no apelar a su “salud integral”, el abortista tampoco tendrá demasiados problemas, como se aprecia en el artículo 13.
Contrariamente, quienes sí tendrán mayores problemas son aquellos funcionarios públicos y médicos que dilaten u obstaculicen un aborto. Para ellos no sólo hay prisión de 3 meses a 1 año, sino también inhabilitación (art. 14). Es decir, se quedan en la calle.
Desde luego que el abortismo presenta su lucha como una “cruzada por la salud de las mujeres”. Enormes esfuerzos propagandísticos han sido destinados a hacer creer que el aborto es un asunto urgente de nuestras agendas sanitarias. Amnistía Internacional hace algunas horas iluminó de verde edificios históricos de Argentina reclamando por la vida y la salud de las mujeres que mueren en abortos. Ahora bien, basta con dirigirse a las últimas “Estadísticas Vitales” del Ministerio de Salud de Argentina (2018) para constatar que, de las 257 muertes maternas anuales, apenas 19 correspondieron a abortos inducidos (pág. 143 del informe). Ese año, la población femenina fue 22.797.803, lo cual significa que la muerte por aborto afecta al 0,00008% de las mujeres argentinas. Toda vida es sagrada y toda muerte es una tragedia, pero nadie podría argumentar seriamente, en vista de estos números, que nos encontramos frente a un problema crucial de salud pública.
El aborto es una bomba de humo que, localmente, sirve a un gobierno que necesita distraer a la gente mientras la economía se cae a pedazos, la pandemia avanza incontrolablemente, y el ajuste ya se ha puesto en marcha. Pero también el aborto es una exigencia internacional, de lo más alto del poder global. Es una exigencia de ONU y sus agencias especializadas, sobre todo después de El Cairo 1994; es un protagonista de la “Agenda 2030” bajo el eufemismo de la “planificación familiar” y la “salud sexual y reproductiva”; es una recurrente petición del Banco Mundial y del BID, sobre todo desde Robert McNamara; es una de las principales causas de las más influyentes y acaudaladas ONGs globalistas, tales como Ford Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, Open Society Foundation, Rockefeller Foundation, David and Lucile Packard Foundation, International Planned Parenthood Federation, Planned Parenthood Federation of America, William and Flora Hewlett Foundation, etcétera. Miles de millones de dólares se han volcado en las últimas décadas a financiar la agenda abortista en el mundo, como forma de mitigar la “sobrepoblación mundial” en la que tanto trabaja el Fondo de Población de Naciones Unidas, y sobre la que ya se alarmaba Henry Kissinger en el célebre Memo 200 de seguridad nacional que enviara en 1974 al Presidente de Estados Unidos, al director de la AID y al director de la CIA, hoy desclasificado por las leyes de transparencia norteamericanas.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), think tank argentino de izquierda, dirigido durante muchos años por Horacio Verbitsky, un ex agente de inteligencia de la organización terrorista Montoneros, es un ejemplo de cómo procede este lobby global. Ni lerdo ni perezoso, el CELS ya se puso en contacto con todos los diputados y senadores argentinos, solicitándoles por e-mail que, esta vez, aprueben el aborto en el país. Ahora bien, cuando uno investiga un poco la procedencia de los fondos de los que ha gozado esta institución, se encuentra con la Unión Europea, la Fundación Oak (Londres), Ford Foundation, Open Society Foundation (George Soros), el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura, la Tinker Foundation (Nueva York), el Foreign Office y, por supuesto, la International Planned Parenthood Federation (IPPF), entre otras. También se advierten sus articulaciones con Amnistía Internacional y con Human Rights Watch.
¿Tan interesados están los magnates más acaudalados del mundo en las revueltas feministas, los pelos de colores, las axilas peludas, el amor lésbico, el cliché de la “autopercepción”, la “emancipación” y el “empoderamiento” de los “cuerpos gestantes”? ¿Tan fundamental es para sus conciencias no sólo la legalización, sino también la normalización del aborto? Detrás de la filantropía que sabe disfrazarse muy bien con lacrimógenos discursos de inclusión, diversidad y “salud reproductiva”, hay motivos materiales que, con Michel Foucault, cabría llamar “biopolíticos”. Kissinger, en el Memo 200, indica claramente que la biopolítica de control demográfico y natal debe hacerse a través del financiamiento de instituciones locales, como el CELS. Fue una de las lecciones que dejó a la sazón la fallida Conferencia de Población en Bucarest.
El aborto ha sido arrojado hace unas horas como bomba de humo verde. Humo que tapará los verdaderos problemas de los argentinos; humo que tapará los verdaderos móviles biopolíticos de una agenda que promueve el asesinato legalizado de seres humanos en gestación.
Habrá que salir a las calles, otra vez, a disipar semejante humo.
