Francia reforzó este miércoles su lucha contra el islamismo radical con un proyecto de ley que reafirma el laicismo y facilita nuevas herramientas para garantizar el respeto de esos valores
Su adopción en el Consejo de Ministros precede a su trámite parlamentario y se ha hecho coincidir con el 115º aniversario de la ley de 1905 que asentó la libertad de culto y la separación entre la Iglesia y el Estado.
«No es un texto contra las religiones ni contra la religión musulmana en particular. Es una ley de emancipación frente al fanatismo religioso», dijo el primer ministro, Jean Castex, en su presentación solemne en conferencia de prensa.
La intervención también de los ministros del Interior (Gérald Darmanin), Educación (Jean-Michel Blanquer) o Justicia (Éric Dupond-Moretti) dejó constancia de la importancia que el Ejecutivo otorga a este proyecto, avanzado por el presidente, Emmanuel Macron, el pasado mes de octubre.
NEUTRALIDAD RELIGIOSA
La nueva legislación impone la neutralidad religiosa a los trabajadores de los servicios públicos, protege a esos funcionarios de las presiones radicales y supedita la concesión de subvenciones públicas a que las asociaciones que las reclamen respeten los valores republicanos.
Valores como el laicismo, la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad de expresión o los derechos de la infancia, principalmente a la educación, pues la ley restringe la enseñanza a domicilio para evitar adoctrinamientos.
El proyecto también penará la expedición de certificados de virginidad, estrechará los controles contra los matrimonios forzosos, que aunque ya están prohibidos afectan en la actualidad a unas 200.000 mujeres, según cálculos de las ONG, y retirará el permiso de residencia a los polígamos.
El llamado Proyecto de Ley que Reafirma los Principios Republicanos, lanzado para evitar que las reglas religiosas prevalezcan sobre las leyes nacionales, iba a llamarse en un principio Ley contra el Separatismo y llega en un momento de fuertes tensiones sociales.
CERCO AL DISCURSO DEL ODIO EN INTERNET
La decapitación el pasado 16 de octubre del profesor de secundaria Samuel Paty tras haber enseñado en clase caricaturas de Mahoma extendió en el país el debate sobre la libertad de expresión o el derecho a la blasfemia y este nuevo texto lo tiene en cuenta.
Quienes pongan en peligro la integridad física o psíquica de alguien mediante la difusión pública de sus datos personales, profesionales o familiares, como le sucedió a Paty, recibirán hasta tres años de cárcel, o cinco si la víctima ostenta un cargo o una misión de servicio público.
Asimismo, se da más autoridad a los delegados de Gobierno para suspender decisiones de los ayuntamientos cuando estimen que estas infringen las reglas del laicismo, como el establecimiento de horarios diferenciados para hombres y mujeres en las piscinas.
«Proteger los valores del Estado es proteger la libertad. Hay que transformar la palabra en actos», subrayó el titular de Justicia sobre un texto que trata de no estigmatizar a ninguna religión pero sobre el que las autoridades han dejado claro que tiene como enemigo al islamismo radical.
Según un sondeo del instituto demoscópico Via Voice encargado por el partido gubernamental en noviembre, el 88 % de los franceses dice estar preocupado por el auge del islamismo, y un 58 % se considera incluso «muy preocupado».
Francia «no se defenderá replegándose sobre sí misma», añadió también hoy Castex en el lanzamiento de esa nueva batería de medidas, que en su medio centenar de artículos exige una mayor transparencia de financiación a las asociaciones religiosas para evitar posibles injerencias extranjeras.
