El director de la organización asegura que «las autoridades que responden a Maduro y sus fuerzas de seguridad llevan a cabo una campaña contra organizaciones humanitarias y de derechos humanos»
La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció la persecución y el acoso de las autoridades gubernamentales de Venezuela a organizaciones de la sociedad civil que desempeñan labores humanitarias para responder a la emergencia que vive el país caribeño.
«Desde noviembre de 2020, las autoridades que responden a Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad han llevado a cabo una campaña sistemática contra organizaciones humanitarias y de derechos humanos, que ha incluido congelar sus cuentas bancarias, emitir órdenes de detención y allanar sus oficinas», señaló el director para las Américas de HRW, José Manuel Vivanco.
En opinión de Vivanco, queda «en evidencia» que al Gobierno de Maduro le «interesa más reprimir al pueblo que ayudarlo», al «bloquear» el trabajo de las ONG mientras «los niños pasan hambre y los pacientes con COVID-19 necesitan recibir tratamiento adecuado».
En este contexto, llamó a la comunidad internacional a «instar categórica y urgentemente» a las autoridades a que permitan que las organizaciones humanitarias y de derechos humanos venezolanas e internacionales «lleven a cabo sus actividades para evitar que se sigan perdiendo vidas».
Detenciones y allanamientos
Recordó que el pasado 23 de noviembre, la Fiscalía dictó una orden de arresto contra seis trabajadores de la ONG Alimenta la Solidaridad y de la organización internacional Save the Children.
Según la entidad fiscal, se los acusa de legitimación de capitales y asociación ilícita, aunque no lo han podido comprobar, ya que los activistas no han tenido acceso al expediente penal de la causa en su contra.
Asimismo, el 24 de noviembre agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (Sebin) allanaron la antigua sede de Alimenta la Solidaridad, sin mostrar ninguna orden, y al día siguiente, requisaron la vivienda de los padres del fundador de la organización.
El 15 de diciembre, efectivos de la Fuerza de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) allanaron la sede de la organización de derechos humanos Convite, que da seguimiento a la situación de los derechos de los adultos mayores en Venezuela y ha distribuido, según HRW, ayuda humanitaria a 4.500 personas en varios estados.
Los agentes confiscaron tres computadoras y dos teléfonos celulares que retuvieron durante varias horas y trasladaron al director de Convite, Luis Francisco Cabezas, y a su administradora, Patrizzia Latini, a una sede de FAES para interrogarlos.
Las FAES estuvieron implicadas, según la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, «en gravísimos abusos que incluyen ejecuciones extrajudiciales».
Bloqueo de cuentas
El 20 de noviembre, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) exigió que los bancos realizaran «un monitoreo más riguroso de las operaciones financieras de organizaciones sin fines de lucro nacionales e internacionales a fin de identificar a quienes envían y reciben fondos de esas organizaciones».
Alimenta la Solidaridad expresó que Sudeban también ordenó congelar sus cuentas bancarias e impidió que accediera a los fondos necesarios para llevar a cabo sus actividades humanitarias.
La entidad del sistema bancario «también limitó el uso de las tarjetas prepago en dólares estadounidenses que han estado utilizando empresas y organizaciones para pagar sueldos y beneficios a sus empleados ante la devaluación del bolívar, la moneda venezolana».
Para HRW, «esta medida limita aún más la capacidad de organizaciones humanitarias y de derechos humanos de conservar su personal y realizar sus actividades».
El diputado electo y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, anunció que la nueva Asamblea Nacional adoptaría una ley para regular la posibilidad de que las organizaciones obtengan fondos internacionales.
Incumplimiento de normas internacionales
Conforme al derecho internacional, los gobiernos «deben asegurar que los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin sufrir represalias, amenazas, intimidación, acoso, discriminación u obstáculos legales innecesarios».
La normativa también obliga a las autoridades venezolanas a respetar, promover y asegurar los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela, lo cual incluye el derecho a un estándar de vida adecuado, a la alimentación y al más alto nivel de salud posible.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que «el respeto de los derechos humanos en un Estado democrático depende, en gran parte, de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los defensores de derechos humanos para realizar libremente sus actividades».
