Gabriel Attal, no quiso hacer ningún comentario, más allá de recordar que «la Justicia es independiente» y que «ser objeto de una investigación no quiere decir ser culpable»
Dos ministros franceses, el titular de Justicia, Éric Dupond-Moretti, y el de Ultramar, Sébastien Lecornu, son objeto de sendas investigaciones judiciales diferentes por conflicto de intereses, se anunció este miércoles.
La abierta por Dupond-Moretti, confirmada hoy por la Fiscalía, se inició por las denuncias de Anticor, una asociación contra la corrupción y de tres sindicatos de magistrados con los que mantiene una fuerte controversia.
Corre a cargo del Tribunal de Justicia de la República -instancia competente para juzgar a los miembros del Gobierno por el ejercicio de sus funciones y se refiere a un conflicto de intereses entre su cargo actual y sus anteriores actividades de abogado.
Los denunciantes le reprochan la investigación administrativa que el lanzó contra tres magistrados de la Fiscalía Nacional Financiera que habían puesto en marcha una serie de pesquisas para determinar quién se había chivado al expresidente francés Nicolas Sarkozy y al abogado de este, Thierry Herzog, de que estaban siendo sometidos a escuchas judiciales.
En esas pesquisas habían aparecido otros letrados, entre los cuales estaba el propio Dupond-Moretti, de ahí la sospecha de que ha querido aprovechar su actual función de ministro para purgar a los tres fiscales.
El juicio a Sarkozy, a Herzog y a un magistrado al que supuestamente intentaron corromper se celebró en diciembre y la sentencia está prevista para el 1 de marzo.
La comisión de instrucción del Tribunal de Justicia de la República debe tomar ahora declaración a las diferentes partes de este caso y tendrá varias opciones: archivarlo o imputar al ministro, lo que podría conducir en última instancia a llevarlo a juicio.
Por su parte, Lecornu está siendo objeto de otra investigación judicial por conflicto de intereses y por alguna omisión en sus obligaciones de declaración a la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública (HATVP), indicaron a Efe fuentes de la Fiscalía Nacional Financiera.
Las fuentes precisaron que fue en marzo de 2019 cuando se inició esa «investigación preliminar», revelada este miércoles por los periódicos «Le Canard Enchaîné» y «Libération».
Se está examinando la actividad de Lecornu como presidente de un departamento ya que en ese tiempo habría recibido ingresos de una concesionaria de autopistas sobre la que tenía autoridad.
De acuerdo con esos dos medios, el actual ministro de Ultramar ingresó 7.874 euros como administrador de la Sociedad de Autopistas París Normandía (SAPN) cuando, en tanto que presidente del departamento, tomaba decisiones que afectaban a esa empresa.
Preguntado sobre estos dos procedimientos conocidos ahora, que se suman a otros en el pasado contra otros miembros del Ejecutivo, el portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, no quiso hacer ningún comentario, más allá de recordar que «la Justicia es independiente» y que «ser objeto de una investigación no quiere decir ser culpable».
