Una veintena de personas perdieron la vida solo el domingo durante la represión de las fuerzas de seguridad, convirtiéndose en el día más mortífero, según una asociación
Al menos 30 personas han muerto a raíz de la violencia desatada tras el golpe de Estado militar en Myanmar del que este lunes se cumple un mes, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).
Conforme a los datos de la AAPP, una veintena de personas perdieron la vida solo el domingo durante la violenta represión de las fuerzas de seguridad, que dispararon con munición real a los manifestantes desarmados, entre los que alrededor de 200 resultaron heridos.
Las muertes se registraron en Rangún, Mandalay, Dawei, Bago, Magwe, Pakokku y Kyaukse, indica la asociación, que advierte de que el número de víctimas mortales y de heridos aumentará de continuar la brutal represión por parte de la Policía y el Ejército.
El organismo no especifica en su comunicado cuando se produjeron las restantes 10 muertes, aunque al menos tres de ellas fueron previamente atribuidas a disparos directos efectuados por la Policía contra los manifestantes en Mandalay y Naipyidó, el 20 de febrero y el día 9 del mismo mes, respectivamente.
Desde la asonada, al menos 1.132 personas han sido detenidas, incluidas 299 ya en libertad, apunta la AAPP, que todavía verifica datos de los últimos días, cuando las autoridades han ejercido una mayor violencia contra las protestas pacíficas.
«Creemos que aproximadamente 1.000 personas fueron detenidas el domingo a lo largo de Myanmar», de acuerdo con la asociación.
El relator especial de Naciones Unidas para Birmania, Tom Andrews, reclamó una acción más severa contra el mando del Ejército de Myanmar, con sanciones específicas y coordinadas contra los responsables del golpe de Estado y contra los negocios de los militares, además de un embargo global de armas contra el país.
«Los líderes de esta junta militar han demostrado su capacidad para la brutalidad. El mensaje que enviaron el domingo es claro: van a continuar su asalto contra el pueblo birmano (…) La gente tiene un temor fundado de cuán brutal será este régimen en los próximos días, pero tienen aun más miedo, para ellos y sus hijos, de la vida bajo un gobierno autoritario», declaró Andrews al condenar la «horrible» violencia.
El Ejército justificó la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, en los que observadores internacionales no detectaron ningún amaño y en los que arrasó la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por Aung San Suu Kyi, como ya hiciera en 2015.
A pesar de la celebración de elecciones y del proceso iniciado en 2011 en Birmania hacia una «democracia disciplinada», como la denomina el Ejército -que gobernó el país con puño de hierro de 1962 a 2011-, el mando castrense mantenía todavía, antes del golpe del 1 de febrero, un amplio control sobre los aspectos políticos y económicos del país.
