China convoca al embajador de la UE ante la escalada de tensión por las sanciones

La Cancillería china declaró que la UE debería reconocer la gravedad de su error y corregirlo

China convocó al embajador de la Unión Europea (UE) en Pekín, Nicolas Chapuis, para presentarle una queja formal por las sanciones que Bruselas impuso el lunes a funcionarios chinos por los supuestos abusos de derechos humanos en la región autónoma de Xinjiang, informó hoy el Ministerio de Exteriores chino.

El viceministro chino de Exteriores, Qin Gang, condenó en un comunicado lo que considera «sanciones unilaterales basadas en mentiras y noticias falsas inconsistentes con la realidad y la ley» que ayer provocaron sanciones de respuesta por parte de China a diez personas, entre ellos cinco europarlamentarios, y cuatro instituciones.

Qin instó a la UE a «reconocer la gravedad de sus errores y corregirlos», así como a «abandonar la confrontación para no causar más daños a los lazos entre los dos bloques».

Las sanciones de la UE, las primeras que toma contra China desde la masacre en Tiananmen, el 4 de julio de 1989, consisten en la congelación de activos en la UE a cuatro funcionarios chinos y la prohibición de entrar en territorio comunitario, al tiempo que se impide a cualquier entidad de la Unión poner a disposición de los sancionados fondos comunitarios, directa o indirectamente.

Por su parte, la UE calificó el lunes de «inaceptable» y «lamentable» la decisión china de sancionar a su vez a personas e instituciones de los Veintisiete en respuesta a la acción de Bruselas.

Entre los sancionados por Pekín, que no podrán entrar en el país asiático, se encuentran los europarlamentarios alemanes Reinhard Bütikofer y Michael Gahler, el francés Raphaël Glucksmann, el búlgaro Ilhan Kyuchuk y la eslovaca Miriam Lexmann, además de otros políticos, investigadores y cuatro instituciones.

Figuran también en la lista de sancionados los parlamentarios Sjoerd Wiemer Sjoerdsma, de Países Bajos; el belga Samuel Cogolati y la lituana Dovile Sakaliene, así como el investigador alemán Adrian Zenz -responsable de controvertidos informes sobre Xinjiang- y el sueco Bjorn Jerden.

China ha reiterado en múltiples ocasiones que los informes sobre Xinjiang elaborados por Zenz son «absolutas falacias», y la semana pasada ya advirtió a la UE de que imponer sanciones al país asiático en base a sus afirmaciones tendría consecuencias.

Los informes del antropólogo -que asegura que en esa región noroccidental de China se somete a trabajos y esterilizaciones forzadas e incluso se comete un genocidio- han sido publicados por varios medios occidentales y han servido como base para otros estudios recientes, como el publicado recientemente por el instituto Newlines, con sede en EEUU.

En cualquier caso, las sanciones abren un conflicto diplomático de consecuencias imprevisibles y reiteran que Pekín no está dispuesta a ceder sobre lo que considera sus asuntos internos.

En ese sentido, el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, criticó ayer a China por «hacer la vista gorda en lugar de cambiar sus políticas y abordar nuestras preocupaciones legítimas».

El político español añadió que no habrá «cambios en la determinación de la Unión Europea de defender los derechos humanos y de responder a violaciones y abusos graves con independencia de dónde se cometan».

Tras el anuncio de las sanciones de la UE, otros países, como Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, adoptaron sus propias medidas restrictivas contra Pekín por los supuestos abusos de derechos humanos en el trato a los uigures, minoría étnica de confesión musulmana mayoritaria en Xinjiang.