Reunión en Colombia entre el Comité de Paro y el Gobierno de Duque para intentar poner fin a la crisis

El Comité Nacional de Paro ha presentado un documento con dos partes fundamentales: una que se refiere a las garantías para el ejercicio de la protesta y otra de garantías para las mesas de negociación

Después de que hayan pasado 19 días desde que decenas de miles de personas salieron a las calles de Colombia para expresar su descontento, el Comité Nacional de Paro (CNP) dialogó el domingo por segunda vez con el Gobierno y le pidió garantías para «el ejercicio de la protesta» para comenzar a negociar una salida a la crisis que vive Colombia.

En una reunión que comenzó a las 14.00 hora local (19.00 GMT) y que se prolongó toda la tarde, el CNP -conformado por sindicatos, centrales obreras y organizaciones sociales y comunitarias- también confirmó la convocatoria a una nueva «gran movilización» para el miércoles 19 de mayo, en rechazo a la brutalidad policial y a las políticas del Gobierno.

Ese también es un mensaje de presión a las autoridades en medio del inicio de las reuniones para encontrar salidas a las protestas, que suponen la mayor crisis en el mandato de Duque y una de las más difíciles de Colombia en tiempos recientes.

«El día de hoy las organizaciones que hacen parte del Comité Nacional de Paro han presentado un documento que tiene dos partes fundamentales: una que se refiere a las garantías para el ejercicio de la protesta y otra de garantías para las mesas de negociación«, expresó Miguel Ceballos, portavoz del Gobierno y Alto Comisionado para la Paz.

La postura del Comité de Paro

De hecho, antes del primer «cara a cara» el Comité dejó claro que el único punto que trataría el domingo es el de las «garantías y prerrequisitos para que permitan detener la violencia estatal y paraestatal contra quienes venimos protestando».

A renglón seguido dicen que para que de una vez sea acordada y verificada esa exigencia «se pueda dar inicio a las diferentes negociaciones».

Ese punto, el de la brutalidad policial, resulta fundamental para el Comité, pues desde que se iniciaron las protestas, el 28 de abril, han perdido la vida 42 personas, 41 civiles y un capitán de la Policía.

Los dirigentes del paro justifican su posición dada «la magnitud y gravedad de la violencia física, sexual y afectiva desatada» contra los manifestantes.

Organismos como la ONU y la Unión Europea, al igual que gobiernos de todo el mundo han expresado su preocupación por la violencia en las manifestaciones y piden al Gobierno que tome medidas para garantizar la protesta, lo que deja ver a las claras que esa situación no pasa desapercibida para la comunidad internacional.

Según el CNP, la brutalidad policial ha costado la vida de al menos 50 personas, ha producido heridas a 578, de los cuales 37 han recibido lesiones oculares, han detenido arbitrariamente al menos a 1.430 y han cometido violencia sexual contra 21 mujeres.

Negociaciones complejas

Aunque las partes no han fijado aún tiempo para lograr un acuerdo, las negociaciones apuntan a que serán largas y complejas pese a que hay coincidencias en los asuntos que van a abordar.

En la carpeta del CNP, en el que se arropan 26 sectores sociales del nivel nacional, 29 comités departamentales, y más de 300 comités municipales, está la exigencia al Gobierno para que retire la reforma a la salud.

El Comité, también pide el fortalecimiento de una masiva vacunación, asunto que no parece fácil de solucionar porque el Gobierno depende de las entregas que le hagan las farmacéuticas con las negoció para que le vendiera el medicamento.

También piden renta básica de al menos un salario mínimo legal mensual, defensa de la producción nacional, subsidios a las micro, pequeña y medianas empresas y matrícula cero para los estudiantes universitarios más pobres.

El Gobierno plantea para la mesa de negociación asuntos como vacunación masiva, reactivación segura, no violencia, protección a los más vulnerables, estabilización de las finanzas públicas y matrícula cero.

Además, el Ejecutivo pide que los manifestantes cesen los bloqueos en las carreteras porque afectan a la golpeada economía del país que busca levantarse porque no ha podido funcionar al ciento por ciento por los confinamientos adoptados para atajar la expansión del coronavirus.

Las pérdidas económicas en 15 días se calculan en más de 6,5 billones de pesos (unos 1.763 millones de dólares), según estimó el Gobierno.

Para que las partes lleguen a la mesa de negociación es fundamental el apoyo y el acompañamiento de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) con monseñor Héctor Fabio Henao; el jefe de la misión de verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu y la jefe en Colombia de la oficina de Alta Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero.

Las voces de los jóvenes

Por otro lado, grupos de jóvenes de Cali, capital del departamento agroindustrial del Valle del Cauca (suroeste), señalaron a través de redes sociales que el Comité Nacional de Paro no los representa en las negociaciones con el Gobierno.

Cali ha sido la ciudad más golpeada por la violencia en las manifestaciones pues vándalos han saqueado comercios, bloqueado vías, atacado edificios públicos, quemado autobuses de servicio público, entre otros.

Sin embargo, el CNP ha dicho que no pretende arrogarse la representación de todos los sectores.

En esa dirección Jennifer Pedraza, de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, dijo que el movimiento no es «estático».

«Por el contrario es dinámico y al Comité llegan y salen sectores que están en paro, otras salen porque su situación se arregló», puntualiza.

Durante el domingo, las manifestaciones continuaron en diferentes lugares del país y en Bogotá, que es donde más personas han salido a protestar, miembros de la comunidad LGBTI gritaron consignas contra la Policía durante la denominada marcha «Colombia libre de homofobia y transfobia».