Argentina investigará el genocidio rohingya por la jurisdicción universal

La Justicia argentina ha admitido a trámite una denuncia por genocidio del pueblo rohingya y atribuido a las autoridades birmanas, según han asegurado las propias organizaciones denunciantes. La decisión, valorada como «histórica», se basa en la aplicación del principio de jurisdicción universal.

La Organización Rohingya Birmana de Reino Unido (BROUK) ha asegurado este domingo que se investigará a las Fuerzas Armadas birmanas y a sus altos mandos, incluido el máximo responsable militar birmano y primer ministro autoproclamado, Min Aung Hlaing, quien se hizo con el poder en el golpe de Estado del 1 de febrero.

«La Justicia argentina ha dado un paso histórico al abrir una investigación judicial contra los militares birmanos (…) por el genocidio en marcha contra los rohingyas», ha destacado la BROUK en un comunicado.

El periódico Financial Times ha confirmado también la apertura de esta investigación citando a un abogado de los denunciantes, Tomás Ojea Quintana. «Estamos buscando resultados concretos de rendición de cuenta y sentencias contra quienes participaron directa o indirectamente en el genocidio», ha señalado.

«Queremos identificar con nombres y apellidos a los responsables y llevar a esas personas ante la Justicia en Argentina», ha remachado Ojea.

El 26 de noviembre, el pasado jueves, la Cámara Segunda del Tribunal Penal Federal con sede en Buenos Aires ha confirmado la apertura de una investigación contra altos cargos birmanos bajo el principio de la jurisdicción universal para delitos de lesa Humanidad, ha informado la BROUK, la organización que solicitó esta investigación en noviembre de 2019.

«Este es un día de esperanza no solo para nosotros los rohingyas, sino para todos los pueblos oprimidos. La decisión de Argentina demuestra que no hay ningún lugar en el que se puedan esconder quienes hayan cometido genocidio. El mundo está firmemente unido contra estos crímenes abominables», ha afirmado el presidente de la BROUK, Tun Khin, en un comunicado.

Según la resolución de apertura de la investigación, «la gravedad de los hechos y la violación de las normas del ‘ius cogens’ permiten que esos hechos sean investigados en nuestro país», informa la BROUK.

La denuncia recoge crímenes perpetrados contra la minoría rohingya durante décadas por las autoridades birmanas en el estado de Rajine. El último éxodo rohingya comenzó en 2017, cuando más de un millón de miembros de esta minoría musulmana huyeron de Rajine ante una ofensiva militar birmana.

Investigadores de Naciones Unidas concluyeron en 2018 que la campaña militar tuvo intención genocida atendiendo, entre otras razones, al lenguaje utilizado por las autoridades, la existencia de planes y políticas discriminatorias y de destrucción y la brutalidad de la campaña militar.

La denuncia de la ROUK incluye seis casos concretos de mujeres que fueron violadas, torturadas y cuyos maridos e hijos fueron asesinados durante la ofensiva del Ejército birmano. Además, destaca que los rohingyas que siguen viviendo en Rajine están en un «sistema de opresión» y control de las autoridades que limitan su libertad de movimiento y acceso a la educación y la sanidad.

Tras la denuncia, la Justicia argentina abrió un canal de comunicación con el Tribunal Penal Internacional (TPI) para garantizar la complementariedad de su investigación con respecto al propio proceso abierto por el TPI sobre crímenes en Birmania, iniciado en noviembre de 2019. La investigación del TPI se limita a los crímenes cometidos en territorio bangladeshí, mientras que la argentina se centra en los crímenes cometidos en Birmania contra los rohingyas.

La BROUK cuenta con el respaldo en Argentina de la organización Abuelas de la Plaza de Mayo y la Fundación por la Paz y la Justicia, fundada por el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.