Chile vota cambio, no desorden

La victoria del candidato izquierdista Gabriel Boric en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas sobre su rival el ultraconservador José Antonio Kast –55,8% de los votos frente al 44,1%- consagra la fractura política del país, la quiebra generacional y la división entre los núcleos urbanos y las regiones rurales. El triunfo de Boric al frente de la coalición Apruebo Dignidad, formada por el Frente Amplio y el Partido Comunista, abre una esperanza de cambio pero también de incertidumbre, y entierra definitivamente un periodo de 30 años de estabilidad democrática y prosperidad económica que convirtió a Chile en una excepción en América Latina. 

Cómo se llegó a este duelo entre dos candidatos inimaginables por la opinión pública chilena hace tan solo un año tiene dolorosas similitudes políticas con España hasta el punto de no ser exagerado interpretar las elecciones como un combate librado entre Podemos y Vox en el Cono Sur. Todo comenzó hacia mediados de la década pasada cuando los jóvenes líderes del Frente Amplio, irónicamente en su mayoría hijos de dirigentes o militantes de la Concertación –la coalición entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana que gobernó el país desde el fin de la dictadura de Pinochet– comenzaron a demoler desde la izquierda el relato de la transición democrática chilena, negando incluso que hubiera existido tal cosa, ya que en su opinión la democracia no llegó por un pacto con los militares sino que fue impuesta por estos. El resultado fue una brutal polarización, sobre todo de las élites, la desaparición de los partidos políticos tradicionales, sustituidos por hiperliderazgos, y la implosión del centro.

El periodista chileno Ascanio Cavallo, autor de un libro imprescindible para entender el Chile contemporáneo, La historia oculta de la transición. Memoria de una época 1990-1998 (Uqbar Editores), explica a THE OBJECTIVE el proceso: «El centro político se hundió porque terminó aceptando el relato crítico de la transición del Frente Amplio. Empezó en el Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) cuando la Concertación se convirtió en Nueva Mayoría e incluyó al Partido Comunista. En ese momento se interiorizó el relato crítico, que la presidenta compartía desde su origen: ella venía del ala socialista que se había sentido más marginada en los años 90». 

No sorprende, por tanto, que un hombre de consensos como el expresidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006) se convirtiera en la bestia negra de los nuevos progresistas, acusado de «neoliberal». Sin embargo, y pese a los ataques, Lagos acabó anunciando que daría su voto a Boric, quien, en el último tramo de campaña, eliminó las aristas más radicales de su programa y logró el apoyo de otras grandes figuras del centro izquierda. Ese respaldo y el voto de las mujeres y de los menores de 30 años parecen haber sido decisivos en su victoria. Ha sido también fundamentalmente el triunfo el voto urbano contra la desigualdad que encarnaba Boric, vencedor en Santiago, sobre el voto contra la inseguridad que representaba Kast.

El candidato de Apruebo Dignidad, de 35 años, hijo de un militante de la Democracia Cristiana y descendiente de croatas instalados a finales del siglo XIX en el sur del país, no conoció en carne propia la dictadura, ni acabó sus estudios de Derecho ni tiene formación económica, pero sí le puso rostro a una generación que perdió la fe en el «milagro chileno», harta de un Estado mínimo que no proporciona servicios sociales básicos. Líder estudiantil en las protestas de 2011, abogaba por una mayor presencia del Estado en educación y salud, acabar con el sistema privado de pensiones, ampliar el beneficio de gratuidad en las universidades y aumentar la presión fiscal a las grandes fortunas y empresas mineras. Chile es uno de los países con mayor desigualad de la OCDE por su menor redistribución debido a sus escasas progresividad fiscal y transferencias sociales. También defendía el derecho al aborto, el respeto a la diversidad sexual y la paridad de género. 

Kast, por su parte, abogado de 55 años, hijo de un veterano del Ejército alemán que se refugió en Chile a principios de los años 50 y ferviente católico –es padre de nueve hijos y miembro del Movimiento Apostólico de Schoenstatt- votó sí en 1988 en el referéndum sobre la continuidad de Pinochet –su hermano Miguel fue ministro de Economía con el dictador-. Basó su campaña en la restauración de la ley y el orden en un momento en que la sociedad chilena se siente aún sacudida por el estallido social de octubre de 2019, que se saldó con decenas de muertos; la delincuencia callejera, la violencia en la Araucanía –la región sur del país- y la llegada de inmigrantes, en su mayoría haitianos y venezolanos, un fenómeno inédito hasta ahora. Y aunque al final quiso tranquilizar a los indecisos suavizando sus iniciativas más duras y sus groseras descalificaciones de homosexuales y feministas, para muchos chilenos ofrecía en realidad más una vuelta al pasado que el pase de página que decía prometer. 

El futuro presidente tendrá que lidiar con un Congreso donde las fuerzas políticas de derechas e izquierdas están empatadas y una situación económica inestable. Si bien Chile está en vías de recuperar los niveles de prosperidad prepandemia –la OCDE prevé un crecimiento del PIB del 6,7% este año y del 3,5% para 2022-, gracias al éxito de la vacunación y el encarecimiento del cobre, que supone la mitad de sus exportaciones, 2021 cerrará con una inflación cercana al 7%, cifra que no se conocía desde los años 90, y por primera vez tiene déficit y deuda externa. 

Mención aparte merece la situación en la Araucanía. La región, centro de la producción forestal de Chile –segundo rubro del PIB- y del turismo, ocupa desde hace tiempo las pantallas de los televisores por vivir azotada por la violencia generada por diversos grupos mapuches que mediante incendios y bloqueos de carreteras exigen una amplia autonomía o incluso la secesión, el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Para antes del verano está previsto que la Asamblea Constituyente, controlada por la izquierda, tenga lista la nueva carta magna. Boric fue el único dirigente del Frente Amplio que firmó el acuerdo político que acabó con la revuelta de 2019 abriendo el camino constituyente imponiéndose al Partido Comunista y al coste de sufrir fuertes críticas de sus bases, mientras que Kast se opuso a todo el proceso por considerarlo un «chantaje” por los disturbios. Su rápido reconocimiento de su derrota en la noche electoral revela que no era un peligro para el sistema democrático y da pie a la esperanza de alcanzar futuros consensos. Mucho habrá que negociar para encontrar una síntesis entre cambio y orden. No será fácil cerrar la fractura sociológica, cultural, generacional y demográfica que se abrió en 2019.