Las autoridades israelíes conceden la libertad condicional a la cooperante Juana Ruiz
Coordinadora de proyectos en la ONG palestina Health Work Committees (HWC) –organización considerada ilegal por parte de Israel–, fue detenida en abril de 2021
Un manifestante con un cartel reclamando la libertad de Juana Ruiz. | Europa Press
Las autoridades penitenciarias israelíes han concedido este martes la libertad condicional a la cooperante española Juana Ruiz, condenada a 13 meses de cárcel por trabajar para una organización ilegal y por haber introducido dinero con falsas pretensiones en Cisjordania, según ha confirmado a Europa Press su abogado, Avigdor Feldman.
La decisión adoptada por la Junta de Libertad Condicional «aún puede ser apelada por el Estado, por lo que Juana aún no saldrá en libertad», ha precisado el letrado. Tras producirse la condena el pasado noviembre, la defensa ya intentó sin éxito lograr la libertad condicional de la española.
Health Work Committees (HWC)
Ruiz, coordinadora de proyectos en la ONG palestina Health Work Committees (HWC) –organización considerada ilegal por parte de Israel–, fue detenida en abril de 2021 en su casa en Beit Sahur, cerca de la ciudad cisjordana de Belén.
Defensa y acusación llegaron en noviembre a un acuerdo por el que la cooperante fue condenada a 13 meses de cárcel. Inicialmente había cinco cargos en su contra, tres en relación con su trabajo en HWC, así como haber introducido dinero en los territorios palestinos y haber recibido fondos con falsas pretensiones. En virtud del acuerdo con el fiscal, solo se mantuvieron dos de ellos, por trabajar para una organización ilegal y por haber introducido dinero con falsas pretensiones.
Vínculos con el Frente Popular para la Liberación de Palestina
Las autoridades israelíes vinculan a HWC con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), una organización terrorista, y aseguran que la ONG para la que trabajaba Ruiz desvía fondos para financiar las actividades terroristas de este grupo.
Además, el acuerdo con la acusación sirvió de argumento al Gobierno israelí para reafirmarse en su denuncia de que otras seis ONG ilegalizadas en 2021 financian las actividades del FPLF, al que tanto la UE como Estados Unidos considera una organización terrorista.
