El México a la deriva de López Obrador

El asesinato de cinco periodistas en poco más de un mes en México ha vuelto a poner de manifiesto la absoluta impunidad con que actúan los verdugos de la prensa, sean sicarios del crimen organizado o funcionarios corruptos quienes los cometan. En los tres años que lleva en el poder el presidente Andrés Manuel López Obrador, han muerto violentamente 23 reporteros convirtiendo a México en el país más letal para la prensa del mundo sin estar en guerra. Según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés), una organización internacional sin afán de lucro, México ocupa el quinto lugar en la clasificación mundial de informadores asesinados entre 1992 y el 1 de diciembre de 2021 con 66 casos, sólo por detrás de Irak (190), Siria (134), Filipinas, (88) y Somalia (71).

La violencia imparable se ha cobrado también la vida de 11.000 mujeres desde 2018 y el número de víctimas atribuidas genéricamente al narcotráfico en este periodo asciende nada menos que a 100.000, una cifra muy por encima de la ya de por sí escalofriante registrada durante el mandato de su antecesor, el expresidente Enrique Peña Nieto.

Descalificaciones a la prensa

Ni que decir tiene que ninguno de estos casos es investigado y resuelto a satisfacción de la víctima, que, al contrario, es frecuentemente responsabilizada por las autoridades, las de antes y las de ahora, de su propia muerte: por meterse donde no le llamaban, estar en el lugar y momento equivocados o tener una turbia reputación. Ese perverso algo habrá hecho que hace que las víctimas mueran dos veces.

López Obrador ha seguido la tradición y su respuesta ante la conmoción y las protestas causadas por el asesinato de periodistas ha sido criminalizarlos y llamarlos «mercenarios» en una de las llamadas mañaneras, las interminables ruedas de prensa que celebra cada día a primera hora de la mañana ante un auditorio de informadores soñolientos y mal pagados.

Además de descalificar a la prensa crítica y amedrantar a las instituciones o particulares que aún se le oponen, las mañaneras sirven al presidente para perorar sobre su visión de México, que no deja de ser en realidad una antología del disparate. Aunque disponibles en Youtube, valgan algunos ejemplos. El presidente ha llegado a afirmar que «hace 10.000 años cuando los búfalos corrían por Nueva York, ya había universidades en México», recomendó al principio de la pandemia una estampita de la virgen como el mejor remedio contra el coronavirus -una enfermedad que, dos años después, ha matado a más de 500.000 mexicanos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)- o se dedica a fustigar a los pobres que luchan por dejar de serlo por «aspiracionales y materialistas», ya que está convencido de que pobreza y bondad son sinónimos.

Caudillo populista

Forjado en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde hizo buena parte de su carrera política antes de fundar el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y después el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), López Obrador es heredero del estatalismo, autoritarismo, antiliberalismo y preocupación social del PRI, pero no de su vena institucional, ya que como buen caudillo populista desprecia las instituciones convencido de ser el mejor y único intérprete de los deseos del pueblo.

México tiene un Estado de derecho débil, sufre una lacerante desigualdad social, sobrevive con una corrupción casi endémica que permea toda la sociedad y desde hace unas décadas se desangra por la violencia del crimen organizado. Hartos de esta situación los mexicanos votaron masivamente en 2018 a López Obrador para presidente, quien prometía solucionar todos esos problemas con el ejemplo de su austeridad y honradez personales y con un plan que llamó la Cuarta Transformación (4T) -situándose en pie de igualdad con otros próceres de la patria como Benito Juárez, Madero y Lázaro Cárdenas-, que recuperaría la bondad esencial del pueblo mexicano, tantos siglos estafado primero por la Conquista y más tarde por el «neoliberalismo», y lo conduciría a la «república del amor».

Ineptocracia

El resultado, cuando se cumple la mitad del sexenio, es una suerte de ineptocracia, esa fórmula de gobierno que tanto gusta a los supuestos progresistas de América Latina y de España. Ignorante y testarudo, incapaz de entender la sociedad del siglo XXI, López Obrador, ha dedicado sus energías a intimidar a instituciones fuera de su control como la Corte Suprema de Justicia, equivalente al Tribunal Constitucional, el Instituto Federal Electoral (IFE), que logró acabar con el histórico fraude en las urnas, o el prestigioso Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), entre otras, y a revertir reformas, que aunque manifiestamente mejorables, iban en la buena dirección como la educativa, que pretendía liberar la educación básica de las garras del corrupto sindicato de enseñanza, o la energética, que buscaba atraer la inversión extranjera en el sector y evitar la ruina de la petrolera estatal (Pemex).

La pandemia, los cuellos de botella en las cadenas de suministros, la volatilidad de las materias primas y la falta de estímulos fiscales por parte del Gobierno, entre otras razones, se han aliado para frenar en seco el crecimiento económico del país. México acaba de entrar en recesión técnica (dos trimestres consecutivos de retroceso), su crecimiento en 2021 ha sido del 5% frente al 6,3% previsto por la Secretaría de Hacienda y el Fondo Monetario Internacional ha rebajado su previsión para este año del 4% al 2,8%, cifras insuficientes para recuperar la situación previa a la crisis sanitaria. Al tiempo, al cierre del año pasado la inflación alcanzó el 7,36%, la cifra más alta desde el año 2000, lo que indica un escenario de estancamiento económico, que no se veía desde los años 80.

Aumenta la pobreza

Además, el número de pobres ha aumentado en 3,8 millones entre 2018 y 2021, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y la fuga de capitales ha batido un récord -12.630 millones de dólares- el año recién terminado, la mayor cantidad desde 1992, según el Banco de México, que dirige Victoria Rodríguez Ceja, cuyo nombramiento sembró dudas sobre su idoneidad por no tener experiencia en política monetaria.

El panorama se completa con la contrarreforma energética, con la que el presidente pretende dar marcha atrás al reloj hasta los años 30 del siglo pasado, y la conversión del Ejército en la gran empresa constructora de las obras públicas del país.

En el primer caso, el proyecto, que exige un cambio constitucional y una amplia mayoría en el Congreso de la que el Gobierno actualmente carece, elimina dos organismos reguladores en energía e hidrocarburos traspasando sus atribuciones a la Secretaría de Energía y otorga al Estado el monopolio de la explotación del litio. Esta reestatalización del sector ha creado inquietud en la Unión Europea y Estados Unidos que temen que paralice las inversiones de las compañías extranjeras. «A robar a otra parte», les espetó a éstas López Obrador.

En el segundo, un decreto ha blindado como «asuntos de seguridad nacional» todos los proyectos de infraestructuras que el Ejecutivo considere estratégicos, restringiendo la información sobre ellos, de forma que la Secretaría de Defensa Nacional es ahora la encargada de la construcción y gestión de obras como el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles o el Tren Maya, que discurrirá a lo largo de 1.500 kilómetros desde Chiapas hasta Yucatán.

Orwell dijo de los españoles en Homenaje a Cataluña que eran «demasiado negligentes para ser totalitarios» y México tampoco corre ese peligro. Probablemente, López Obrador no podrá cumplir su sueño de restaurar el antiguo régimen nacional revolucionario, pero sí dañar los avances democráticos habidos a partir del año 2000 cuando el PRI abandonó el poder que monopolizó durante 70 años.