La Justicia británica niega la inmunidad a Juan Carlos I y podrá ser juzgado por acoso
En su demanda, Corinna, acusa a Juan Carlos I de acoso, seguimiento ilegal y difamación, desde la ruptura de su amistad, en 2012
El rey emérito Juan Carlos I | Jorge Sanz
El Tribunal Superior de Londres ha dictado que el rey emérito Juan Carlos I no tiene inmunidad legal en Inglaterra tras su abdicación y por tanto puede proceder la demanda por acoso interpuesta en su contra por su examante Corinna zu Sayn-Wittgenstein.
El rey emérito podrá ser juzgado así en un tribunal británico tras la querella presentada por Corinna. En su demanda, Corinna, que habría entablado una relación íntima con el entonces rey de España en 2004, le acusa de acoso, seguimiento ilegal y difamación, desde la ruptura de su amistad, en 2012.
«La reclamación de la demandante se basa en una conducta de acoso por parte del demandado» y «tales actos no entran dentro de la esfera de la actividad gubernamental o soberana», afirma el tribunal para justificar por qué «la demanda de inmunidad fue rechazada».
El juez Matthew Nicklin, del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, ha convocado a una nueva vista el 29 de marzo, en la que analizará con más detalles las reclamaciones de las demandantes. Nicklin pide a Corinna que modifique su demanda reconociendo que el general Félix Sanz Roldán no actuó en el caso como director del servicio de inteligencia, CNI, sino que su mediación la llevó a cabo a título personal.
«En aras de la claridad, se requerirá que la Demandante modifique detalles de la reclamación para aclarar que los hechos imputados contra el General Sanz Roldán se habrían llevado a cabo por él a título personal», ha señalado el magistrado.
La defensa del rey emérito alegó ante el juez que «Su Majestad goza de inmunidad» y que la justicia británica no era competente para atender la demanda presentada por Larsen.
En su demanda, la ex amiga íntima del monarca pidió a los tribunales que reclamaran al rey emérito una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la «instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección» y por la contratación a «exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno» para que interviniesen con el fin de «poner fin al acoso» que dice haber recibido por parte de Juan Carlos I.
En el centro de la polémica está el pago que el rey hizo a Corinna de 65 millones de euros (76 millones de dólares), parte supuestamente de un dinero que el difunto rey de Arabia Saudí había enviado a una cuenta bancaria en Suiza vinculada con una fundación con ventajas fiscales con sede en Panamá, y cuyo beneficiario era Juan Carlos I.
