La junta de Myanmar condena a Suu Kyi a 5 años de prisión por corrupción

La exlíder del país, que ya ha sido condenada a un total de seis años de cárcel, afronta además otras numerosas acusaciones

Un tribunal de justicia de Myanmar, creado por los militares golpistas, condenó este miércoles a cinco años de cárcel a la derrocada líder y premio nobel de la paz, Aung San Suu Kyi, por uno de los casos de corrupción a los que se enfrenta, informaron este martes a Efe fuentes próximas al caso.

Suu Kyi, detenida desde las primeras horas del golpe de Estado perpetrado por los militares el 1 de febrero de 2021, está acusada en este proceso de aceptar sobornos por valor de 600.000 dólares y 11,4 kilos de oro de manos del exgobernador de Rangún, Phyo Min Thein, quien testificó en octubre contra la líder electa.

El tribunal especial de Naipyidó, creado por la junta militar para juzgar a Suu Kyi y otros cargos del Gobierno derrocado, se reunió a las 09.30 de la mañana ( +6.30 GMT ) tras lo cual emitió su fallo, apuntaron fuentes cercanas al proceso. El equipo de abogados que representa a Suu Kyi no pudo reunirse con ella este miércoles, desveló la misma la misma.

Desde la toma de poder, el régimen castrense inició una campaña de acoso judicial contra la Nobel de la paz, de 76 años, por una serie de variopintas acusaciones que intentan minar su reputación.

Suu Kyi, que ya ha sido condenada a un total de seis años de cárcel, afronta además otras numerosas acusaciones de corrupción por supuestamente abusar de su posición para el alquiler de terrenos, apropiarse de fondos donados a una fundación que ella presidía y construir una residencia con estos, y por la compra y alquiler de helicópteros, todos estos delitos penados con hasta 15 años de prisión.

A principios de diciembre, la política fue condenada a cuatro años de cárcel, rebajados a dos al recibir un perdón de la junta militar, por vulnerar las leyes implementadas contra la pandemia e incitación contra la junta militar.

La derrocada líder también fue sentenciada el 10 de enero a otros cuatro años de cárcel por saltarse durante un acto electoral las medidas contra la propagación de la covid-19 y por la importación ilegal de dispositivos de telecomunicaciones.

Fuente: EFE.