La ciudad francesa de Grenoble aprueba el uso del "burkini" en sus piscinas municipales
El uso de esta prenda creó una gran polémica en Francia en 2016, cuando decretos municipales aprobados aquel verano en diferentes localidades francesas la prohibieron
El uso de esta prenda creó una gran polémica en Francia en 2016, cuando decretos municipales aprobados aquel verano en diferentes localidades francesas la prohibieron
La ciudad francesa de Grenoble, gobernada por los ecologistas, aprobó este lunes en una ajustada votación el uso de trajes de baño de cuerpo entero que, en la práctica, abren la puerta para el uso de los polémicos «burkinis», usados por algunas mujeres de credo musulmán.
Después de dos horas y media de un tenso debate, el pleno del Ayuntamiento de la ciudad francesa sacó adelante por 29 votos a favor y 27 en contra el nuevo reglamento de las piscinas municipales que se aplica a partir del próximo 1 de junio.
El alcalde de Genoble, el ecologista Éric Piolle, defendió que esta reforma que abre al uso del «burkini» (un traje de baño femenino que prácticamente cubre el cuerpo entero) responde a los principios de laicismo y aclaró que nada impide el porte de vestimenta religiosa en el espacio público.
Tras aprobarse este reglamento y conocer los resultados, activistas pro-burkini de la asociación islamista Alliance Citoyenne celebraron la noticia de una manera «muy efusiva».
Los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Grenoble -ciudad que cuenta con unos 160.000 habitantes- y una parte de la coalición del Gobierno municipal censuraron vehementemente el nuevo reglamento de las piscinas y denunciaron que «las mujeres se verán obligadas a portar el burkini».
La medida, no obstante, puede ser suspendida por un tribunal administrativo. La delegación del Gobierno del Isere, donde se ubica Grenoble, ha dicho que está lista a accionarlo.
El uso de esta prenda creó una gran polémica en Francia en 2016, cuando decretos municipales aprobados aquel verano en diferentes localidades francesas la prohibieron, aunque fueron finalmente anulados por un dictamen del Consejo de Estado que lo consideró «una afrenta grave y manifiestamente ilegal contra las libertades fundamentales».
Fuente: EFE