La fiscalía de Perú pide investigar a Castillo como "líder de grupo criminal"

El presidente andino habría sido supuestamente el responsable de organizar la adjudicación de obras a empresarios que colaboraron con su campaña electoral

La Fiscalía de Perú solicitó este miércoles a la Justicia del país andino investigar al presidente Pedro Castillo como «líder de una organización criminal» enquistada en el Estado para obtener «beneficios ilegales» de los contratos que suscribió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El representante de la Fiscalía de la Nación Samuel Rojas explicó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Perú los motivos por los cuales el fiscal general, Pablo Sánchez, abrió una investigación preliminar contra Castillo, al responder a la demanda de «tutela de derechos» presentada por su abogado Benji Espinoza para que se anule este proceso: «Es la primera vez que un presidente en funciones ha sido sindicado de liderar una organización criminal enquistada en los estamentos del Estado», a los que juró defender al asumir el cargo, para «cometer delitos de corrupción», expresó Rojas durante su exposición.

Rojas pidió a la sala que evalúe la necesidad de compatibilizar los artículos de la Constitución que señalan, por un lado, que el presidente de la República sólo puede ser investigado por traición a la patria o impedir las elecciones, mientras esté en el cargo; en tanto que, por otro, pide al Estado combatir los actos de corrupción.

Añadió que la investigación contra Castillo «no proviene de una acusación de organización civil, ni de un miembro del Congreso», sino de información «gestada en investigaciones fiscales», a raíz de las irregularidades denunciadas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto a las adjudicaciones de una serie de obras de infraestructura.

La defensa del gobernante presentó una demanda de tutela de derechos antes de que el fiscal de la Nación pueda interrogar a Castillo sobre las imputaciones que lo colocan supuestamente como el responsable de organizar la adjudicación de obras a empresarios que colaboraron con su campaña electoral y de nombrar a funcionarios afines a esa tarea.

Fuente: EFE.