El Supremo socava la capacidad de EEUU en la lucha contra el cambio climático
La decisión del Alto Tribunal supone dificultar la regulación de las emisiones de las centrales eléctricas y un duro golpe para los esfuerzos climáticos de Biden
Central térmica en Morro Bay, California. | Unsplash
Golpe judicial a la lucha contra el cambio climático en Estados Unidos. Después de dos polémicas decisiones sobre el aborto y las armas que evidencian su nueva mayoría conservadora, el Tribunal Supremo de este país ha decidido limitar la capacidad de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para regular las emisiones de carbono de las centrales eléctricas. Un duro golpe a los esfuerzos de la administración del presidente Joe Biden para abordar el calentamiento global.
La sentencia llega después de que los jueces del Supremo analizaran el caso Virginia Occidental contra la Agencia de Protección Ambiental, donde se buscaba dilucidar si la Ley de Aire Limpio permitía que la EPA tuviera la autoridad para emitir regulaciones en todo el sector eléctrico. Es en este punto donde el Alto Tribunal ha decidido que la agencia no puede imponer normas que limiten la contaminación en todo el país, ya que esta labor solo corresponde al Congreso, de acuerdo con su interpretación.
Esto supone que la administración Biden no tendrá poder discrecional para establecer regulaciones ambientales en las centrales eléctricas. Tendrán que ser las Cortes, donde los demócratas no cuentan con mayoría suficiente para sacar adelante sus propuestas legislativas. Además, el próximo 8 de noviembre se celebran elecciones legislativas que afectan a toda la Cámara de Representantes y a un tercio del Senado, y el actual partido de Gobierno tiene malas perspectivas en las encuestas.
La votación fue de 6 a 3, correspondiente a la actual división entre jueces propuestos por los demócratas y los republicanos, aunque los tres magistrados liberales de la corte dejaron patente su desacuerdo en una opinión minoritaria adjunta a la sentencia en la que se critica que «la mayoría ha despojado a la EPA del poder de responder al desafío ambiental más apremiante de nuestro tiempo».
El golpe para Biden no es menor. El presidente ha hecho de su giro respecto a la política climática de su antecesor, Donald Trump, una de sus grandes apuestas de la legislatura. En abril de 2021, Biden devolvió al país al Acuerdo de París y se comprometió ante Naciones Unidas a que las emisiones netas de gases de efecto invernadero de Estados Unidos se redujeran al menos un 50% en 2030 respecto a los niveles de 2005, con el objetivo de lograr la neutralidad climática en 2050.
En cualquier caso, las implicaciones de este fallo podrían ir mucho más allá de esta cuestión de regulación concreta de las centrales eléctricas y afectar a toda la política ambiental de Estados Unidos, uno de los mayores contaminadores del planeta a nivel de emisiones de dióxido de carbono. Y es que la mayoría conservadora recientemente ampliada del Supremo es profundamente escéptica sobre el poder de las agencias federales para abordar los principales problemas que enfrenta tanto EEUU como el planeta.
Una lucha climática a diferentes velocidades
La sentencia es un ejemplo más de que, en Estados Unidos, las grandes cuestiones van a ser tratadas de manera cada vez más diferente por los diferentes estados que componen el país. De hecho, aunque el caso lleva el nombre de Virginia Occidental, el recurso ante el Supremo fue apoyado por todas las regiones con gobernador republicano: Alabama, Alaska, Arkansas, Georgia, Indiana, Kansas, Luisiana, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Utah, Wyoming y Misisipi.
Actualmente, el sector energético de EEUU es la segunda fuente más grande de emisiones de gases de efecto invernadero del país, con más de 3.300 centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles, incluidas 284 instalaciones alimentadas con carbón, según la Agencia de Información Energética. La mayoría de ellas, están en estados controlados por los republicanos.
Ahora, todos estos estados podrán continuar apostando por materias primas contaminantes como el carbón, mientras otros, principalmente aquellos gobernados por legislaturas demócratas, avanzan en la llamada transición ecológica, creando de facto un Estados Unidos de dos velocidades a nivel de lucha contra el cambio climático. Algo que también parece que ocurrirá en temas claves como el aborto o el control de armas, que tendrán tratamientos muy diferentes según estés de un lado u otro de la frontera estatal.
De hecho, el escepticismo del Supremo en lo que se refiere a la capacidad federal para limitar la libertad legislativa de los estados se hace cada vez más evidente, como demuestran también algunas decisiones recientes derivadas de la pandemia del coronavirus. El tribunal dictaminó, por ejemplo, que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades no estaban autorizados a imponer una moratoria a los desalojos y que la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional no tenía poder para decirles a los grandes empleadores que vacunaran a sus trabajadores o que se sometieran a pruebas frecuentes.
