Ricardo Sheffield, responsable de la Procuraduría Federal del Consumidor de México, acusado de varios casos de corrupción

Ricardo Sheffield, responsable de la Procuraduría Federal del Consumidor de México (Profeco), está acusado de varios casos de corrupción. Este político del estado de Guanajuato, militó buena parte de su vida política en el Partido Acción Nacional (centro-derecha), pero en 2018, al no conseguir la candidatura a gobernador de su partido en su estado, rompió con el mismo y decidió incorporarse al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido gobernante, según recoge Servimedia.

Colaboró con López Obrador en su campaña y como recompensa se le ofreció la conducción de Profeco. Desde el inicio de su gestión ha quedado involucrado en diferentes casos de corrupción. El 1 de junio del 2022 la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (creada desde el corazón del empresariado mexicano y respaldada por Estados Unidos) reveló que en el último año Sheffield creó una constructora y una operadora turística, además de que transformó un despacho jurídico en una inmobiliaria.

Entre sus socios en esos negocios se encuentran delegados y directores de Profeco en Veracruz y en Guanajuato, así como un contratista del Gobierno de León, municipio del que Sheffield fue alcalde. López Obrador evitó pronunciarse sobre estos asuntos y solo dijo que se investigará a Sheffield.

El 9 de mayo del 2022 el periódico ‘Reforma’ informó que gasolineros del oriente del Estado de México denunciaron que habían sido extorsionados por inspectores de Profeco de manera sistemática y periódica, al ser acusados de alterar los dispensadores de combustibles.

En enero del 2021, el gobernador del estado de Puebla, Miguel Ángel Barbosa (del partido Morena), acusó a Sheffield de no hacer nada para evitar el robo y falsificación de tanques de oxígeno en Puebla. El gobernador dio a entender que Sheffield tendría algún tipo de nexo con esa operación delictiva, cuando todavía México no salía de la pandemia. El procurador respondió que Barbosa “está demente”.

En diciembre del 2020 el periódico ‘AM’ de Guanajuato reveló que Sheffield habría incurrido en un daño al erario cuando fue alcalde de León, Guanajuato (2009-2012), al ordenar, cuando finalizó su gestión, liquidaciones para sus empleados más cercanos. Estas indemnizaciones no existen en el sector estatal mexicano y Sheffield pagó más de 7 millones de pesos mexicanos (unos 340.000 euros) a un grupo de diez excolaboradores.

Víctor Hugo López Aranda es el subprocurador de combustibles de Profeco, la oficina más importante del organismo. Cuenta con más de cien inspectores a su disposición para auditar a las empresas gasolineras para que no tengan alterados sus medidores y que den gasolina de calidad. Actualmente tiene más de 500 procedimientos en curso contra propietarios de gasolineras.

Es un hombre de extrema confianza del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. López Aranda tiene una fuerte rivalidad con su jefe Sheffield y, en privado, ambos se acusan mutuamente de maniobras supuestamente irregulares. El primero asegura a personas de su entorno que debió suspender las inspecciones por el nivel de corrupción de los verificadores de gasolineras. Sheffield, mientras tanto, dice que López Aranda está allí justamente para extorsionar a gasolineros y así reunir recursos para las ambiciones presidenciales del secretario de Gobernación.

López Aranda intentó, con apoyo de Adán Augusto, introducir un nuevo subprocurador jurídico, Miguel Ángel Chicó, un rival de Sheffield en la política estatal de Guanajuato, pero Sheffield se quejó directamente con el presidente y ganó la partida evitando el cambio.

Sheffield tiene una herramienta de poder que lo blinda en el cargo que es su nivel de conocimiento sobre los movimientos de las petroleras privadas en México, que se las vincula a la familia de López Obrador y al director de Pemex, que es uno de los mejores amigos del presidente. Sheffield asegura tener cierta información que lo sostiene en el cargo y que involucra al hijo mayor del presidente, José Ramón López Beltrán.

Profeco depende de la Secretaría de Economía, a cargo de Tatiana Clouthier, funcionaria que ha dedicado buena parte de su trayectoria a temas educativos o de relaciones institucionales en Monterrey. En la campaña presidencial del 2018 fue la portavoz de López Obrador.

El referente político de Clouthier es Alfonso Romo, un empresario de Monterrey que es quien la acerca al entorno de López Obrador (ella proviene de una familia ligada al PAN). Romo fue jefe de la Oficina de López Obrador los primeros dos años y medio del sexenio presidencial. Luego se separó del cargo aunque todavía es cercano al presidente y suele acompañarlo en reuniones con empresarios mexicanos o del exterior. Romo tiene una gran influencia sobre Clouthier.

En febrero del 2018, al inicio de la campaña presidencial Romo apareció mencionado en ‘The Wall Street Journal’ por la editorialista para América Latina, María Anastasia O Grady, quien lo acusó de acciones irregulares en su empresa del sector de agro-negocios, Seminis, y de una supuesta estafa a sus accionistas.

En marzo del 2020, el entonces secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, acusó a Romo de que una empresa de biotecnología de su propiedad, Enerall, había cometido daño ambiental en el estado de Yucatán. A los pocos meses Toledo dejó el Gobierno. López Obrador prometió investigar, pero Romo nunca aclaró nada al respecto.

Otro negocio de Romo, donde Clouthier trabajó durante unos meses antes del 2018, es la Casa de Bolsa Vector que en el pasado ha recibido observaciones del regulador mexicano aunque nunca llegó a recibir una sanción.

En noviembre del 2019 el periódico ‘El Universal’reveló que una constructora de la cual Romo fue accionista (PDI) estuvo involucrada en la construcción de un monumento en el sexenio presidencial de Felipe Calderón llamado Estela de Luz y ubicado en la Avenida Paseo de la Reforma de Ciudad de México. López Obrador definió en campaña a esa obra como “monumento a la corrupción” por supuestos sobreprecios en su construcción.

En octubre del 2020, Romo apareció en medio de otra polémica porque unos empresarios revelaron que desde su móvil se pidieron fondos para campañas del partido Morena. El asunto nunca se aclaró y Romo declaró que le habían hackeado el celular.