La líder civil birmana Aung San Suu Kyi, condenada a tres años más de cárcel
Con esta nueva sentencia, Suu Kyi, de 77 años y detenida en una prisión de Naipyidó, acumula condenas por 23 años de cárcel
Un tribunal militar de Birmania ha condenado este jueves a tres años de prisión a la depuesta líder birmana y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, y a su asesor económico, el australiano Sean Turnell, por vulnerar la ley de Secretos Oficiales, han confirmado a Efe fuentes relacionadas con el proceso.
Con esta nueva sentencia, Suu Kyi, de 77 años y detenida en una prisión de Naipyidó, acumula condenas por 23 años de cárcel tras ser hallada culpable de diversos cargos presentados tras el golpe, mientras que aún está siendo juzgada a puerta cerrada por varios casos por supuesta corrupción.
Turnell, profesor asociado de economía en la Universidad Macquarie de Sídney, trabajaba como asesor de Suu Kyi cuando esta fue derrocada y detenida durante las primeras horas del golpe de Estado militar del 1 de febrero de 2021. El experto, director desde 2017 del Instituto para el Desarrollo de Birmania, con sede en la capital, Naipyidó, fue arrestado cinco días después de la sublevación castrense que puso fin a una década de incipiente democracia en el país asiático.
Los detalles del delito cometido por Suu Kyi y Turnell no han sido especificados por la junta militar, aunque la televisión estatal -bajo el control de los uniformados- indicó el año pasado que el economista oceánico tenía acceso a «información financiera secreta del Estado» y había intentado huir del país.
El gobierno de Australia, por su parte, urge desde hace meses a la liberación inmediata del economista, al calificar de injusto el proceso judicial y rechazar todas las acusaciones en su contra.
El golpe de Estado militar de febrero de 2021 ha sumido al país en una profunda crisis política, social y económica, y abrió una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive Birmania desde hace décadas.
El Ejército justifica el golpe por un presunto fraude masivo durante las elecciones de noviembre de 2020, cuyo resultado ha sido anulado y en las que el partido de Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015, con el aval de observadores internacionales.
Más de 2.300 personas han muerto desde el golpe de Estado por la brutal represión ejercida de parte de las fuerzas de seguridad, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos y desarmados, según datos de la oenegé birmana Asociación para la Asistencia de Presos Políticos.