Bruselas plantea un mecanismo temporal para limitar el precio del gas de hasta el 15%
Se busca abaratar la factura eléctrica de hogares y empresas, a la par que tener poderes en caso de «emergencia de suministro»
Se busca abaratar la factura eléctrica de hogares y empresas, a la par que tener poderes en caso de «emergencia de suministro»
La Comisión Europea propuso este martes crear un mecanismo temporal para limitar el precio del gas natural en los mercados en los que se negocian los contratos del hidrocarburo, con el objetivo de conseguir rebajar su cotización durante los próximos meses y abaratar así la factura eléctrica de hogares y empresas. «Teniendo en cuenta la naturaleza de la crisis energética, y sobre la base del marco de las medidas actuales de reducción de la demanda, ha llegado el momento de poner en marcha un mecanismo así», justifica la Comisión Europea.
Bruselas quiere obtener el visto bueno de los Estados miembros en las próximas semanas (en la cumbre de líderes de esta semana y las posteriores reuniones de ministros de Energía), de forma que los servicios comunitarios puedan trabajar inmediatamente en los detalles de este mecanismo «corrector» que se activaría «cuando fuese necesario».
«Tendría que ser lo suficientemente flexible para asegurar el suministro, para garantizar que el mercado funciona y el gas fluye, y lo suficientemente amplio para que cubra los índices que tenemos en la UE», resumió en rueda de prensa la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.
En particular, la medida establecería, con carácter temporal, un «límite dinámico del precio» para las transacciones en el mercado TTF Dutch, de forma que las transacciones que superen el techo fijado «no estarían permitidas», lo que «ayudaría a evitar una volatilidad extrema y precios excesivos».
Las autoridades comunitarias reconocen que esta idea se «inspira» en la carta en la que una quincena de Estados miembros, entre ellos España, reclamaban un tope al precio de todas las importaciones de gas, ya fueran desde Rusia o desde otros proveedores como Noruega, Estados Unidos o Argelia.
Este mecanismo estaría en vigor hasta que la Comisión Europea desarrolle un índice de referencia alternativo al TTF Dutch, vinculado estrechamente a la cotización del gas que llega por gasoducto que no recoge adecuadamente el precio de los envíos de gas natural licuado (GNL).
El precio del megavatio/hora (MWh) en el índice neerlandés se desbocó a finales de agosto hasta rozar los 350 euros y después se moderó hasta los 120 euros con las reservas de la UE por encima del 90 % y las medidas decretadas para reducir la demanda de gas.
Así, una vez aprobado el reglamento, el «precio máximo dinámico» afectaría a todas las transacciones al contado de gas natural que tengan lugar en el índice TTF, aunque también se aplicaría a otros centros de negociación de gas.
Por otro lado, la Comisión Europea propone complementar este mecanismo con una intervención en los mercados de derivados diarios que mitigue la «extrema volatilidad» de las operaciones y «proteja a los operadores energéticos de grandes movimientos de precios en un mismo día».
Al igual que en el caso anterior, Bruselas pide luz verde de parte de las capitales para poder trabajar en los «elementos técnicos específicos» de esta medida, que estaría coordinada por la Autoridad Europea de Mercados y Valores (ESMA) y cuya supervisión recaería sobre las autoridades nacionales competentes.
Compras obligatorias conjuntas de hasta el 15% de gas
La Comisión Europea también propuso que al menos el 15 % de las compras de gas natural del bloque para llenar las reservas de cara al invierno 2023-2024 se hagan a través de una plataforma conjunta en la que los Veintisiete usen su poder de mercado para abaratar el precio del hidrocarburo.
Bruselas sospecha que el próximo invierno sea incluso más duro que el de esta temporada y quiere tener preparado un marco legal que permita iniciar ya en abril las compras conjuntas, una idea que España y otros países reclaman desde finales de 2021.
«Las compras de gas conjuntas tienen el potencial de reducir las ofertas descoordinadas para el suministro de gas entre Estados miembros, lo que resultaría en un acceso más justo a gas y potencialmente en menores precios«, argumentan las autoridades comunitarias, que ven esta estrategia «especialmente relevante» de cara al llenado de los depósitos a partir de la primavera de 2023.
La propuesta se basa en la participación obligatoria de todos los Estados miembros en un mecanismo de compras centralizadas en el que se agregaría la demanda del hidrocarburo en cada país y a través de la que se compraría «al menos el 15 % de sus objetivos de almacenamiento».
Además, la Comisión Europea anima a las compañías energéticas a poner en marcha un «sistema voluntario de compras» o consorcio en el que aprovechen también su poder conjunto de negociación, aunque siempre que respete las reglas comunitarias de competencia.
Por otro lado, la propuesta de reglamento de Bruselas plantea un modelo obligatorio de solidaridad entre Estados miembros que se utilizaría en casos de emergencia cuando no existan acuerdos bilaterales de colaboración entre países. «Deberíamos tener cuarenta acuerdos de solidaridad de este tipo, pero solo tenemos seis. No es suficiente en una crisis de este calibre», justificó en una rueda de prensa Ursula von der Leyen.
Bruselas quiere cerrar esta laguna con normas estandarizadas para todos (que se aplicarían en ausencia de pactos bilaterales) y también dotarse de poderes para repartir gas por toda la UE en caso de «emergencia de suministro». En esos casos, Bruselas también establecería el precio al que se fijarían los intercambios y la propuesta sugiere utilizar el precio medio del mes anterior a la solicitud de asistencia por parte de los Estados miembros que reclamen la solidaridad del resto del club.
Además, el Ejecutivo comunitario sugiere nuevas ideas para reducir de manera «proactiva» el consumo «no esencial» de gas, por ejemplo limitando el uso de calefacción en exteriores o en piscinas privadas, siempre teniendo en cuenta que las medidas no deben afectar a consumidores vulnerables que no disponen de margen para recortar más su demanda.
Fuente: EFE