Acuerdo en la UE para impulsar la producción de chips y hacerse con el 20% del mercado mundial

Se trata de una ley que prevé fomentar tanto la investigación como la construcción de fábricas capaces de producir chips, tanto los más avanzados como otros menos punteros

Los Estados de la Unión Europea (UE) llegaron este jueves a un acuerdo sobre la nueva Ley de Chips Europea, con la que pretenden doblar su producción de semiconductores hasta alcanzar un 20% del mercado mundial en 2023 y depender menos de proveedores extranjeros para un elemento clave en el desarrollo digital.

«Los chips están entre las tecnologías punteras más importantes hoy, pero la UE actualmente no tiene suficiente capacidad para diseñar y producir sus propios chips maduros y avanzados. La UE tiene que reducir su exceso de dependencia de los líderes globales de semiconductores en Asia y Estados Unidos», dijo el ministro de Industria checo, Josef Sikela.

El acuerdo, alcanzado por los ministros comunitarios de Industria, servirá de base para negociar con la Eurocámara el texto definitivo de una ley que prevé fomentar tanto la investigación como la construcción de fábricas capaces de producir chips, tanto los más avanzados como otros menos punteros pero en los que tiene experiencia, como los utilizados en el sector del automóvil.

La Ley se plantea en tres pilares: una empresa común, bautizada como Iniciativa de Chips para Europa, que se centrará en la construcción de capacidades tecnológicas y la investigación en semiconductores, un marco para atraer inversiones y mejorar la seguridad de suministro y un mecanismo para reaccionar ante crisis que permitiría echar mano de compras conjuntas u órdenes prioritarias para garantizar los suministros esenciales.

Los Estados miembros mantienen, como la propuesta de la Comisión Europea, que el presupuesto para la empresa conjunta debería ser de 3.300 millones de euros, procedentes del programa Horizonte Europa para la investigación (1.650 millones) y del programa Digital Europe, cuya dotación serviría para financiar el desarrollo de capacidad industrial.

Sin embargo, las capitales han rechazado la propuesta de que Horizonte Europa aporte otros 400 millones de euros para este último objetivo, puesto que está pensado para la investigación, por lo que tendrán que encontrar el modo de cubrir este agujero de financiación en su negociación con el Parlamento Europeo para que se mantenga el presupuesto global, tal y como han recogido en una declaración que acompaña al acuerdo.

El objetivo final es que la ley movilice un total de 43.000 millones de euros entre inversiones públicas y privadas.

Para España, que introdujo la demanda, era importante señalar esta diferencia entre la financiación para los distintos objetivos, de modo que no se restasen recursos a investigación, según explicó la ministra de Industria, Reyes Maroto.

«La autonomía industrial y el impulso a través de esta ley puede favorecer un clima de negocios que facilite que más empresas vengan a España, a Europa, a dotarnos de esas capacidades industriales que hoy son esenciales para nuestra industria», dijo a su llegada al encuentro, subrayando la importancia de reforzar la autonomía especialmente en este «contexto de guerra».

El acuerdo de los ministros enmienda la propuesta de la Comisión Europea para clarificar las reglas del futuro Consorcio Europeo de Infraestructuras de chips -destacando su apertura a diferentes operadores y formas de cooperación-, definir las «fábricas únicas en su género» de semiconductores y adaptar el alcance de las medidas de emergencia.

Este último punto preocupaba a algunos Estados, por lo que el texto prevé más implicación de los mismos a la hora de tomar decisiones sobre las medidas, al tiempo que clarifica los sectores que serían prioritarios para recibir chips en ese escenario y la penalización si las empresas incumplen.

«Los instrumentos de crisis deberían aplicarse con tanta precaución como sea posible», dijo el titular alemán de Industria, Sven Giegold, quien advirtió de que estas medidas de emergencia no deben ser «desproporcionadas», puesto que podrían minar el atractivo de la UE para los inversores.

Fuente: EFE