Indonesia aprueba un ley que penaliza con cárcel las relaciones fuera del matrimonio
Cientos de indonesios se manifestaron el lunes en varias ciudades exigiendo sin éxito al Parlamento que desechara el proyecto de ley
Un grupo de activistas de varias ONG se manifiestan frente a la Cámara de Representantes en Yakarta. | Europa Press
El Parlamento de Indonesia ha aprobado este martes una reforma del código penal que penaliza las relaciones sexuales fuera del matrimonio con hasta un año de prisión y que castiga con seis meses de cárcel a las parejas que viven juntas sin casarse.
Los miembros de la Cámara de Representantes han sacado adelante el proyecto de ley por aclamación en una sesión plenaria, a pesar de las fuertes manifestaciones que protestaban porque la medida amenazaría las libertades civiles en el país musulmán, según ha informado DPA.
La ley entrará en vigor en 2025, tres años después de su aprobación, una medida esperada para algunos sectores que calificaban el anterior código penal como herencia de la época colonial. «Han sido 59 años de espera», ha declarado el viceministro de Derecho y Derechos Humanos del país, declaró Edward Omar Sharief, añadiendo que el antiguo código penal era «un vestigio de la dominación colonial holandesa».
Se esperan más protestas
El lunes, cientos de indonesios se manifestaron en varias ciudades, exigiendo al Parlamento que desechara el proyecto de ley. Tras su aprobación, se esperan más protestas, según ha recogido la citada agencia. «Indonesia se propone avanzar por la senda del desastre que atenta contra los derechos al penalizar las relaciones sexuales fuera del matrimonio», ha escrito en Twitter el director adjunto para Asia de Human Rights Watch, Phil Robertson.
Las relaciones sexuales fuera del matrimonio, incluida la homosexualidad, no son delito en la actualidad, pero se consideran un tabú en la conservadora Indonesia. El proyecto de ley también prevé un máximo de tres años de cárcel para quien «atente contra la dignidad» del presidente o el vicepresidente.
Además, quienes insulten al gobierno podrían ser condenados a 18 meses de cárcel o a tres años si la ofensa provoca malestar social. Por su parte, la difusión de noticias falsas se castiga con hasta seis años de cárcel.
