El caso de la explosión de Beirut se enreda entre acusaciones de corrupción judicial
El juez Tarek Bitar decidió este lunes reanudar su investigación sobre el trágico suceso con una decisión sin precedentes: inculpar a un fiscal general de homicidio
Vista del puerto de Beirut tras la explosión. | Wikimedia Commons
El 4 de agosto de 2020, una gigantesca explosión en el puerto de Beirut dejó 207 muertos, 7500 heridos y nueve desaparecidos, además de causar una destrucción material sin precedentes en la historia de este país de Oriente Próximo. Dos años y medio después, se siguen sin saber las causas exactas de la deflagración, más allá de su relación con 2.750 toneladas de nitrato de amonio, que habían sido confiscadas por orden judicial a una embarcación en 2014 y que habían estado almacenadas en un almacén del puerto sin las medidas de seguridad adecuadas. Y es que el sistema judicial y político libanés parece empeñado en que no se sepa nunca qué ocurrió exactamente aquel día de agosto.
Tras una pausa de más de un año, y pese a las presiones políticas, el juez Tarek Bitar decidió este lunes reanudar su investigación sobre la explosión con una decisión sin precedentes: inculpar a un fiscal general y a otros tres jueces por «homicidio». En concreto, el magistrado decidió inculpar a ocho nuevas personas, entre ellas el fiscal general ante la Corte de Casación, Ghassan Oueidate, y tres jueces, acusados de «homicidio, incendio criminal y sabotaje».
Un movimiento que ha sido rápidamente contrarrestado por el principal acusado, procesándolo por «rebelión contra la justicia» y «usurpación de poder», además de prohibirle la salida del país. El fiscal general de la Corte de Casación ordenó además liberar a las 17 personas detenidas sin juicio desde el trágico suceso, entre las que figuran un ciudadano estadounidense y los directores de las aduanas y del puerto de Beirut.
Tarek Bitar deberá comparecer este jueves por la mañana, según asegura a AFP un responsable judicial que pidió el anonimato. Una situación que amenaza con complicar aún más las protestas sociales en Beirut: buena parte de la población libanesa atribuye la explosión a la negligencia y la corrupción de la clase política, acusada también por las familias de las víctimas de torpedear la investigación para evitar inculpaciones ante la justicia.
En los últimos meses, las autoridades libanesas quisieron cortocircuitar al juez Bitar, tratando de nombrar en su lugar a otro juez afín. Al mismo tiempo, varios responsables políticos que debían ser interrogados en el marco de la instrucción se querellaron contra él. Por otro lado, el magistrado también se vio amenazado a una campaña en su contra del movimiento Hezbolá, que domina la vida política libanesa.
El diario Al Akhbar, cercano a Hezbolá, tituló este martes que el juez «se ha vuelto loco», y acusó a Bitar de actuar «en base a órdenes de Estados Unidos y con apoyo judicial europeo». A pesar de todo, Bitar ha continuado con esta línea de investigación que tantos problemas le ha traído e incluso se reunió la semana pasada con dos jueces franceses, que viajaron a Beirut en el marco de una investigación abierta en Francia, ya que entre las víctimas había ciudadanos de este país.
