Los jueces detallan la condena a los Kirchner: una corrupción «inédita» y «sin precedentes»
La vicepresidenta Cristina Fernández fue condenada el pasado diciembre a seis años de cárcel por participar en una trama corrupta por la que recibía mordidas
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. | Europa Press
Los líderes más poderosos de Argentina desde el matrimonio Perón observan como se enturbia su paso a la historia. Este jueves el tribunal que juzgó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha publicado los argumentos por los que condenan a la actual vicepresidenta a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer un cargo público en relación con la conocida Causa Vialidad, en la que el matrimonio -Néstor Kirchner participó en los inicios de la trama- otorgó durante años concesiones públicas a dedo a un constructor, Lázaro Báez, a cambio de mordidas, algo que los jueces han señalado como «un hecho inédito en la historia del país».
La condena de los magistrados es clara y contundente ya que deducen que la causa «socava las legitimidades de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia». El argumento lo aducen después de demostrar que la trama de corrupción que unía al matrimonio y al empresario se iniciaba en la Casa Rosada -La Moncloa argentina- e iba contaminando todos los niveles de la administración pública argentina, por ello señalan que contaba con «una planificación y sofisticación magnífica, en la que actuaron diferentes niveles administrativos encolumnados bajo una misma finalidad».
«Un empresario de la construcción dedicado a la obra pública, con el propósito de asegurarle un beneficio económico tanto a éste como a la sociedad conyugal integrada por los expresidentes Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner», resaltan los magistrados en el auto que recoge el diario argentino La Nación.
Los jueces continúan explicando a lo largo de los más de 1600 folios de condena como la actual vicepresidenta se lucró usando el poder del Estado coligándose con el empresario afín. «Podemos afirmar que mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta».
«Se evidencia la existencia de vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado pertenecientes al mencionado grupo empresarial», afirman en el auto en el que los magistrados no se ahorran calificativos para lo que para ellos va mucho más allá de una mera trama de corrupción económica. «Este esquema de corrupción en la primera línea del Estado, producto de la codicia por el beneficio personal, proyectó sus aciagos efectos sobre las contrataciones públicas realizadas en materia vial en la provincia de Santa Cruz, sobrepasando todo límite ético para constituir, lisa y llanamente, una infracción penal».
Por ello, resaltan que «nos hemos encontrado ante un hecho inédito en la historia del país, pues se ha acreditado que ciertas decisiones trascendentales respecto de la marcha empresarial del grupo fueron adoptadas siguiendo órdenes expresas de los más altos integrantes del Poder Ejecutivo Nacional» y rematan denunciando que «se concretó un perjuicio descomunal y sin precedentes para las arcas públicas durante el período analizado».
