Daniel Ortega incauta una universidad jesuita en Nicaragua por oponerse al régimen
El Gobierno toma el control del centro y el presidente da un nuevo paso en su batalla contra la Iglesia
Daniel Ortega y Rosario Murillo. | Zuma Press
La Universidad Centroamericana de Nicaragua, regida por los jesuitas, ha anunciado la suspensión de todas sus actividades tras la decisión de un tribunal nacional de confiscar todos sus bienes y fondos. La decisión viene empujada por las acusaciones del Gobierno de Ortega de ser un «centro de terrorismo» que organiza «a grupos delincuentes» en referencia a las asociaciones estudiantiles y juveniles, pequeña oposición a las políticas del régimen.
«Las medidas se toman en correspondencia a señalamientos infundados de que la Universidad Centroamericana funcionó como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales», ha lamentado la UCA en un comunicado, en alusión a las protestas antigubernamentales de 2018 que dejaron más de 300 muertos.
La universidad explicó que la tarde del martes recibió un oficio que notificaba la medida: «Se ordena que la incautación de todos los bienes descritos […] sea a favor del Estado de Nicaragua que garantizará la continuidad de todos los programas educativos».
El Consejo Nacional de Universidades aseguró en un comunicado que «trabaja para garantizar la continuidad educativa de los estudiantes de grado y posgrado de la extinta Universidad Centroamericana (UCA)» y llamó a «estar pendiente del llamado» para la reanudación de actividades.
Conflicto entre el Régimen y la Iglesia
El gobierno del presidente Daniel Ortega mantiene una conflictiva relación con la Iglesia Católica. El obispo Rolando Álvarez está preso desde agosto de 2022 condenado en febrero a 26 años de cárcel por menoscabar la integridad nacional, entre otros cargos. Al menos otros dos sacerdotes están encarcelados acusados de delitos comunes.
Las autoridades nicaragüenses habían dispuesto el congelamiento de las cuentas bancarias de la UCA la semana pasada, aunque no hubo un pronunciamiento de las autoridades. El Gobierno no ha emitido un comunicado sobre la denuncia del centro sobre la confiscación de bienes.
«La Universidad Centroamericana suspende a partir de hoy todas las actividades académicas y administrativas, hasta que sea posible retomarlas de manera ordinaria, lo cual será informado a través de los canales de comunicación oficiales de la Universidad», ha agregado el centro académico.
La jefatura provincial centroamericana de la Compañía de Jesús ha considerado «totalmente falsas e infundadas» las acusaciones contra la UCA y solicitó a Managua revertir «la drástica, inesperada e injusta medida». «Se trata de una política gubernamental que está violando sistemáticamente los derechos humanos y parece estar orientada a consolidar un Estado totalitario», ha asegurado la organización jesuita con sede en San Salvador en un comunicado.
El inicio de clases del segundo semestre del año estaba previsto en la UCA para el 21 de agosto. La UCA, fundada en julio de 1960 por sacerdotes de la Compañía de Jesús, cuenta con unos 5.000 estudiantes y se define como «institución educativa sin fines de lucro, autónoma, de servicio público e inspiración cristiana».
Un centro frente a Ortega
Durante las protestas de 2018, el entonces rector de la UCA, José Idiáquez, participó como directivo de la alianza opositora en encuentros de diálogo con el gobierno. Ortega consideró las protestas como un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos, mientras organismos internacionales acusaron al ejecutivo de impulsar una represión contra la oposición.
Las autoridades de Nicaragua también han cerrado recientemente dos universidades del arzobispado de Managua, así como unas 3.000 organizaciones no gubernamentales en el marco del endurecimiento de las leyes tras las protestas. Además, centenares de opositores han sido enviados al exilio y despojados de sus bienes y de su nacionalidad. Varias de estas medidas han sido ordenadas por tribunales, por lo que la comunidad internacional denuncia que la justicia de Nicaragua está al servicio del régimen de Ortega.
En marzo, el Papa Francisco se mostró «preocupado» y «entristecido» por la situación en Nicaragua, especialmente por el obispo Álvarez y por la deportación de 222 opositores a Estados Unidos. Además, el pontífice argentino consideró que Nicaragua tenía una «dictadura guaranga» (grosera).
Ortega replicó poco después asegurando que una «mafia» era la encargada de escoger a los papas y otros jerarcas católicos, y propuso que éstos fueran elegidos por voto popular.
