Haití: crónica anunciada de un Estado fallido

Fenómenos naturales como devastadores terremotos, la pobreza extrema que sufre gran parte de la población y la violencia ejercida por las bandas criminales que asolan el país para tomar su control, aderezadas con la frágil situación política e institucional desde hace más de dos décadas, son las noticias que en este país caribeño son foco de atención en los medios de comunicación con carácter recurrente, y que son fiel reflejo de un país con un historial trágico, con frecuentes golpes de Estado, el terremoto más letal de los últimos siglos en enero 2010 en el que fallecieron más de 220.000 personas , y una pertinaz hambruna y escasez de alimentos.

Se trata del país más pobre del continente americano, financiado en un 60% a través de la ayuda externa, y donde la renta per cápita está apenas por encima de los dos dólares, cifra que señala la frontera de la pobreza extrema según el Banco Mundial, y donde los haitianos en la diáspora, principalmente en Estados Unidos con cerca de dos millones, contribuyen de forma decisiva con sus remesas a su débil Producto Interior Bruto.    

Con una población que no llega a los doce millones de habitantes, ha sufrido además un indiscriminado proceso de deforestación, y si en el pasado era un país muy rico en bosques madereros, en la actualidad presenta un panorama desolador y su masa forestal apenas alcanza el 2% de su territorio, agravando aún más la situación que sufre el país con el menoscabo de sus recursos naturales indispensables para su sostenimiento.

Se puede afirmar que la situación del país afronta una situación devastadora muy cercana al colapso total, como evidencia que el primer ministro Henry tras anunciar su dimisión el pasado mes de marzo cuando se encontraba fuera del país, ni siquiera pudo regresar por el bloqueo ejercido por las bandas criminales de los puntos de acceso, con el aeropuerto de la capital no operativo para el aterrizaje o despegue de aviones civiles, y donde los principales puertos también se encuentran cercados.

Es suficiente conocer unos datos para comprender el caótico estado en la que se encuentra el país, con una situación de seguridad que lleva degradándose varios años y que ahora está sumido en un desgobierno casi total, desde que su principal autoridad se desplazó a Kenia en viaje oficial para recabar ayuda internacional para luchar contra las bandas criminales, conocidas como gangs en Haití, y ya no pudo regresar por la presión y violencia ejercida por éstos para evitar su vuelta al país, provocando su dimisión.

Las pandillas criminales están fuertemente armadas y dominan gran parte de la capital, donde la presencia del Estado brilla por su ausencia. Las autoridades no pueden impedir que sitien el aeródromo de la capital y los puertos, que asalten las prisiones para liberar miles de presos, atacando también las comisarías e incendiando parte del Ministerio del Interior con cócteles molotov. La tasa de asesinatos es ocho veces superior a la de hace una década lo que provoca, además, que haya más de 360.000 desplazados internos y sumiendo a la población en un estado constante de miedo y vulnerabilidad. En la capital, Puerto Príncipe, las bandas controlan gran parte de su territorio exceptuando los barrios bajo control gubernamental que, a pesar de ello, también son hostigados por los grupos pandilleros.

También destacar las tensiones fronterizas con la República Dominicana por asuntos vinculados con el contrabando y la inmigración ilegal y que el año pasado provocó que más de 100.000 haitianos fueran deportados a su país. 

A este escenario general descrito hay que añadir la fragilidad institucional que padece este país caribeño desde hace años, y que está agravada, si cabe aún más, desde el asesinato del presidente del país en el Palacio Nacional por sicarios colombianos en julio de 2021, apenas dos días después de que hubiera nombrado al primer ministro Henry, convirtiéndose desde esa fecha en el líder de facto del país aunque nunca fue elegido por la población en las urnas, y resulta profundamente impopular al ser considerado por la mayoría de sus conciudadanos como un corrupto. 

Los intentos de acercar posturas para lograr un consenso entre los partidos y sectores de la sociedad que apoyan al primer ministro Henry, y las principales fuerzas de la oposición agrupadas en el denominado Acuerdo de Montana, que hiciera posible llegar a un entendimiento para articular un calendario creíble para la celebración de unas elecciones; han sido infructuosas, y desde el magnicidio del último presidente el país no cuenta con instituciones electas.

El primer ministro Henry en febrero de 2023 creó un Alto Consejo de la Transición formado por sectores políticos, económicos y de la sociedad civil con el objetivo de llegar a un acuerdo para la celebración de elecciones, después de postergar en varias ocasiones la convocatoria de las mismas, justificando su decisión en la grave crisis de inseguridad que atraviesa el país y retrasándolas hasta noviembre de 2025.  

En este contexto se abre paso el avance de los grupos criminales para tomar el control de la capital, y las dos principales coaliciones de bandas criminales haitianas, el G-9, que es la unión de los nueve grupos pandilleros más poderosos de Puerto Príncipe, y el G-Pep se han asociado con el objetivo común de impedir el regreso del ya dimitido Henry. 

Además, las bandas criminales se han beneficiado de contar siempre con estrechos vínculos con el poder económico y político y que se veían acentuados durante los períodos electorales, cuando no dudaban estos poderes en utilizar métodos mafiosos para acosar a opositores políticos, activar o frenar el voto en determinadas áreas y mantener su control social, empleando para ello a las bandas que en contrapartida recibían amparo, medios e incluso también ámbitos donde ejercer su dominio.

También los grupos pandilleros han conseguido una evidente autonomía por sus actividades criminales de tráfico de drogas, secuestros y extorsiones principalmente, y la vinculación que han venido manteniendo tradicionalmente con el poder político y económico sigue vigente también en la actualidad.

En el incierto futuro que está por suceder en Haití es indudable el protagonismo que van a tener algunos personajes que forman parte del ecosistema instalado en el país. Así, el líder pandillero del G-9  el expolicía Jimmy Cherizier Barbecue, que es la cabeza más visible de las organizaciones criminales y que se ha convertido en el rostro público de los ataques contra el Gobierno, ya ha manifestado que no reconocerá ningún gobierno establecido en Haití por el Consejo de Transición o por la CARICOM, que es la organización internacional que agrupa a los países de la región, instando además a las fuerzas de seguridad y al Ejército a arrestar al primer ministro Henry para la liberación del país. Este líder pandillero se enfrenta a sanciones de la ONU y Estados Unidos por cometer abusos contra los derechos humanos perpetrando ataques mortales contra civiles.

Otro actor relevante es el antiguo paramilitar Guy Philippe que a principios de año retornó a la vida pública del país, después de cumplir una condena de ocho años impuesta por un tribunal de Miami por un delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. Su trayectoria está trufada de varios sucesos desde finales de los años 90. Fue jefe de policía en una de las comisarías de las comunas más pobladas de Haití, se convirtió en un líder paramilitar cuando se exilió a República Dominicana a principios del 2000 acusado de planear un golpe de Estado. Desde allí dirigió incursiones en Haití ordenando atentados contra la Policía y el gobierno, convirtiéndose en el líder guerrillero más importante. Posteriormente, convirtió su organización en un partido político a la vez que estrechaba vínculos con el crimen organizado. En 2017 consiguió ser elegido senador siendo arrestado antes de tomar posesión y extraditado a Estados Unidos, que le perseguía desde más de 10 años antes para juzgar sus vínculos con el narcotráfico.  Como Barbecue, rechaza la intervención multilateral en Haití y se muestra muy crítico con el gobierno provisional y la élite política del país.

Para intentar revertir esta situación, desde principios de marzo se está librando una auténtica batalla urbana en las calles de Puerto Príncipe para intentar desalojar a las bandas criminales que dominan los lugares estratégicos de la capital en un asedio constante. La Policía Nacional haitiana (PNH), que es la única institución que está enfrentándose a la situación de degradación que se vive en la capital del país, se encuentra al límite de sus fuerzas por su endémica falta de efectivos y de material. Carece de vehículos blindados operativos y además tiene gravísimos problemas de munición, hasta el extremo que los policías han recibido instrucciones de conservar al máximo la dotación de cartuchos que se les entrega, provocando estas insuficiencias la incapacidad de poder desarrollar operaciones de magnitud que permitan luchar con mayor eficacia frente a las bandas criminales diseminadas por toda la capital. Para su imprescindible reforzamiento a principios del mes de mayo, y financiado por el gobierno haitiano, ha recibido equipos de protección, drones y munición. A la vez, EEUU, vía Departamento de Estado, ha donado varios vehículos blindados, raciones de emergencia y equipamiento policial  para contribuir a la lucha de la PNH contra las bandas.

A esta situación de crisis en la capital hay que destacar la situación de bloqueo operativo que sufre el aeropuerto, y que supone una asfixia cada vez mayor de una ciudad asediada. Para su reapertura total será necesario conseguir establecer unas medidas mínimas de seguridad que llevará semanas lograrlo, siendo imprescindible: primero, erradicar los más de 150 refugios colindantes con el aeropuerto que son utilizados como base por las bandas pandilleras, y construir sistemas de protección con defensas estáticas en el área perimetral de las instalaciones aeroportuarias. Para la PNH es una prioridad absoluta en sus planes lograr la plena operatividad del aeropuerto que redundaría progresivamente en recuperar la normalidad en la capital.

Visto el contexto general que atraviesa el país, es imprescindible el papel que tiene que desempeñar la comunidad internacional para apoyar al país caribeño en su salida de la grave crisis institucional y securitaria que padece.

Así, la organización internacional, que agrupa a quince países de la región caribeña, la Comunidad del Caribe -CARICOM-, ha propuesto la formación de un Consejo Presidencial de Transición que estaría integrado por nueve miembros que personificarían a los diversos sectores de la sociedad haitiana, y tendría ciertas atribuciones para nombrar con carácter interino y por mayoría de sus miembros, a un primer ministro y un gabinete, y establecer un calendario que desembocaría en unas elecciones que serían las primeras desde 2016. En este marco sería imperioso recuperar la seguridad para poder celebrar la cita electoral, en un país por otro lado que está devorado por la violencia.

Más allá de los buenos propósitos de la CARICOM para contribuir en la resolución de la grave crisis haitiana, es imprescindible una decidida intervención internacional con el apoyo de Naciones Unidas que, en octubre de 2023, y tras solicitárselo el gobierno haitiano un año antes; aprobó en su Consejo de Seguridad la Resolución 2699 que respalda una Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití -MMS- que estará liderada por Kenia, y que se trata de un mecanismo novedoso que no responde al típico formato de operaciones de mantenimiento de la paz que implementó la ONU en Haití durante trece años hasta 2017 y en las que participaron más de 250 miembros de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la capacitación de las fuerzas policiales haitianas y que no obtuvo los resultados esperados por la crónica y persistente debilidad institucional del país, y será sufragado con contribuciones voluntarias de los Estados y organizaciones regionales. Se calcula en 700 millones de dólares su coste anual, por el momento están garantizados 300 millones que aportará Estados Unidos y 80 millones también comprometidos por Canadá. Otros países que han anunciado aportaciones son Reino Unido, Francia, Alemania y España. La duración de la Misión es inicialmente de 12 meses y tiene el objetivo de proporcionar apoyo operativo a la PNH y ayudar a garantizar la seguridad de infraestructuras críticas (aeropuertos, vías de comunicación principales, hospitales) para restituir la seguridad en el país, y posteriormente poder celebrar elecciones generales. Su despliegue total liberará a la PNH de tareas de seguridad en zonas sensibles como el aeropuerto o las terminales portuarias, para centrarse en combatir de manera directa a las bandas. 

España también participará en la MMS. Por un lado, aportará tres millones de euros al fondo fiduciario establecido por Naciones Unidas, y miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil se integrarán en la Oficina de Apoyo a la Misión en Fort Lauderdale -Estados Unidos- para cubrir puestos en su Gabinete, así como la disponibilidad de instructores para integrarse en los planes de capacitación que se consideren en función del desarrollo de la Misión.

Para implementar la MMS está previsto que se desplieguen 2.500 efectivos de manera escalonada, con una cadencia de 50-100 efectivos semanales hasta cumplir el número inicialmente dispuesto. En la primera fase de la actividad, Estados Unidos está capacitando en Kenia a los primeros 400 agentes. Por su parte, Canadá e Italia también están formando a efectivos de otros países africanos para integrase en la misión. Por otro lado, ya han llegado 120 hombres armados, antiguos militares de varias nacionalidades integrados en una compañía de seguridad privada, con la tarea fundamental de proporcionar seguridad a la base de la MMS que estará dentro del recinto del aeropuerto. Se espera que a mediados de junio el acantonamiento que se está construyendo pueda albergar a doscientas personas.

Conclusiones

La grave inestabilidad política e institucional que viene soportando Haití desde hace años, la paralización del país por las multitudinarias protestas ciudadanas contra el gobierno que vienen realizándose con cierta frecuencia por el hartazgo que sufren, y el notable incremento de la inseguridad y la violencia provocada por las bandas criminales con el objetivo de controlar la capital, incluyendo los principales barrios populares, y también las principales rutas de comunicación y el acceso a los puertos, han profundizado la ya de por sí deteriorada situación que atraviesa el país, constituyendo además una seria amenaza para la seguridad en la región.

Para la necesaria paz y estabilidad que necesita Haití, y de las que quedan varios meses para intentar recuperar la solidez quebrada dentro de una perspectiva realista, es trascendental para el inmediato devenir del país que la MMS, que en fechas muy próximas tendrá el impulso definitivo para iniciar sus actividades, se materialice de manera efectiva y pueda contribuir de forma decisiva al fortalecimiento de las capacidades de la PNH en su lucha contra las redes criminales que asolan el país, apoyando también al robustecimiento de un Estado de derecho, para que la fragmentación y los enfrentamientos entre los diferentes grupos políticos no sean un impedimento para la recuperación de la imprescindible normalidad institucional que permita la celebración de unos comicios por primera vez desde 2016. Para ello la Misión deberá contar con la financiación suficiente, aportada por los países que participen en la misma para cumplir sus objetivos eficazmente, y hasta la fecha actual su coste anual todavía no está cubierto. Además, falta por determinar todavía el plan de operaciones definitivo y lo que es trascendental, las reglas de enfrentamiento de sus efectivos sobre el terreno y que cobra vital importancia por la fuerte oposición que se van a encontrar en las bandas criminales.

Otros protagonistas clave que también jugarán un papel en esta transición que se abre en el país son los principales líderes de las bandas criminales, que ya han manifestado públicamente su oposición a la intervención multilateral en el país, y que seguirán ejerciendo la violencia en su lucha contra la PNH y otras bandas pandilleras para conseguir más zonas de control tanto en la capital como en otras poblaciones, y desde esa posición de fuerza adquirida intentar ser un factor decisivo en la recomposición del país. En este contexto de presión hay que señalar también al antiguo líder paramilitar Guy Philippe, citado anteriormente, y que tras su retorno al país augura más inestabilidad. Éste se ha manifestado también muy crítico con el gobierno provisional actual, acusándoles de ser títeres de la comunidad internacional en unos mensajes que calan entre amplios sectores de una población ya de por sí muy descontenta y que es donde los mensajes populistas encuentran mayor aceptación, instándoles a manifestarse contra el inminente despliegue de las fuerzas policiales keniatas. Además no se puede descartar que Philippe consolide su control sobre los feudos que domina en el norte y el oeste del país, convirtiéndose en el poder de facto e incrementando la desintegración territorial que Haití padece. Philippe también es experto en utilizar la violencia para fines políticos con éxito, como lo acredita con su pasado. También es muy factible que intente ganar para su causa a parte de las bandas criminales implicadas en la lucha por el control de la capital para utilizarlos como resorte para alcanzar el poder después de hacerse con el dominio de buena parte de la capital.

Para finalizar, es evidente que Haití se encuentra en una encrucijada y es una incógnita todavía a despejar si la nueva Misión podrá contribuir de manera decisiva al necesario fortalecimiento de la PNH, que es la única institución que a pesar de su escasez de medios y recursos está combatiendo a las bandas criminales para que no se apoderen definitivamente del país. Del éxito de la Misión, y por ende de la PNH, depende la supervivencia de Haití como Estado para que pueda retomar la senda de la ansiada normalidad, que necesitará también del sostenido apoyo de la comunidad internacional para el desarrollo económico, social e institucional a largo plazo en Haití, incluso después de haber recuperado su seguridad. El Consejo Presidencial de Transición se encuentra en fase de proclamación y avanza lentamente, y la estabilidad política y social que persigue todavía no deja de ser un mero deseo más allá de haber alcanzado un acuerdo para una presidencia rotatoria y una mayoría reforzada en su seno.  El tiempo apremia y los antecedentes no invitan precisamente al optimismo.