El chavismo impone el miedo en Venezuela, desde WhatsApp a las calles
La represión aumenta por todo el país a medida que la comunidad internacional da la espalda a Nicolás Maduro
Cientos de personas en una concentración de apoyo a María Corina Machado y Edmundo González, líderes de la oposición venezolana, celebrada en la ciudad de Maracaibo. | Rafael Angel Araujo (Zuma Press)
Desde dentro y fuera de Venezuela piden al régimen chavista que muestre las pruebas de la elección de Nicolás Maduro para un nuevo período que va hasta enero de 2031. Pero la respuesta ha sido solo más represión y amenazas contra quien se atreva a cuestionar la verdad oficial. «El fascismo no asaltará el poder, estoy dispuesto a todo», advierte Maduro, para quien todo opositor es «fascista», acusación con implicaciones legales en Venezuela.
Los cargos más socorridos por el sistema judicial son «odio, terrorismo, traición a la patria y fascismo», sobre la base de leyes aprobadas hace algunos meses o pocos años, cuando el chavismo preparaba la cama legalista para acusaciones particularmente graves. La elección de Maduro es considerada fraudulenta por la oposición, que exhibe las copias de las actas de la votación del 28 de julio como supuesta prueba de que el verdadero ganador sería Edmundo González, el candidato al que la proscrita líder María Corina Machado logró transferirle sus votos.
Pero para el chavismo no hay nada que discutir, y afirma que quien proclama es el Consejo Nacional Electoral (CNE) que es el brazo del chavismo para asuntos del sufragio. El CNE dijo el viernes que con el 96,87 % de las actas escrutadas, Maduro fue reelegido con el 51,95 % de los votos, contra 43,18 del opositor González Urrutia. «Serán acusados ante las autoridades competentes por los más altos delitos, y no habrá beneficios para ninguno», ha sentenciado por su parte Diosdado Cabello, el poderoso número dos del chavismo.
«No nos vamos a detener, y si quieren provocarnos, les voy a decir algo, vamos a caer en la provocación, pero los vamos a joder, los vamos a joder», ha recalcado Cabello hablando recientemente en una sesión de la Asamblea Nacional (Congreso). Cabello es el principal promotor de la llamada «Operación Tun Tun», una campaña de allanamientos extrajudiciales a residencias de disidentes, para llevarlos presos, casi siempre sin fórmula de juicio ni órdenes judiciales.
«Operación Tun Tun apenas comienza», advierte hoy en sus redes sociales Douglas Rico, el director general del CICPC, la policía científica que antes se dedicaba a labores de investigación criminal. El mensaje va dirigido a quien ha sido víctima de «campaña de odio física o virtual a través de las redes». Pero en la lista de comentarios en las redes señalan que por aquí los principales odiadores son los propios chavistas.
Escalada contra opositores
El punto es que mientras la diatriba en torno al resultado de las elecciones se roba el interés de todo el que tenga algo que ver con Venezuela, el régimen chavista de Nicolás Maduro se atornilla en el poder. Así, escala una ola represiva que no era vista desde 2017, cuando a sangre y fuego logró sofocar manifestaciones callejeras que durante cinco meses en línea presionaron sin éxito por la salida del régimen.
La represión contra aquellas manifestaciones dejaron al menos 149 muertes. La mayoría de las víctimas eran jóvenes estudiantes, ejecutados con disparos certeros a la cabeza y al torso durante las manifestaciones, según denuncias de defensores de los Derechos Humanos, gremios profesionales y estudiantiles y hasta la Fiscalía de entonces.
Entre abril y julio de 2017, la violencia vinculada a la protesta social y política y la represión ejercida por cuerpos policiales y militares dejaron 163 fallecidos, según organizaciones de la sociedad civil. El informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU cifra en 124 el número de muertos, reseña por su parte el Observatorio Venezolano de Violencia.
Pero esta vez la violencia política escaló: en solo dos días de protestas «la cifra de asesinatos de manifestantes se eleva a 22 personas», según un informe de Provea, una de las ONG de defensa de los Derechos Humanos más reconocida nacional e internacionalmente. Y también de las más atacadas por el chavismo.
Según testigos, la mayor parte de los victimarios son agentes de los «colectivos», como en Venezuela se conoce a los escuadrones parapoliciales de civiles armados —o policías de civil—, que son la primera línea de ataque de la llamada «revolución bolivariana» contra sus adversarios.
También son señalados como presuntos culpables —los casos no suelen ser investigados de manera concluyente por el sistema de justicia, también controlado por el chavismo— a la dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional (DAET) y a la Guardia Nacional.
El gobierno, por su parte, dice que en las protestas fueron «asesinados brutalmente» dos militares y 141 resultaron heridos. El DAET, por cierto, es el nuevo nombre de FAES (Fuerza de Acciones Especiales), el comando de la Policía Nacional que, según la entonces Alta Comisionada de los DDHH de la ONU, la chilena Michel Bachelet, era la principal responsable de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Solamente en 2018 en total 5.300 personas fueron abatidas en Venezuela por «resistencia a la autoridad», recoge el informe de la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU para Venezuela emitido en julio de 2019.
Historia en desarrollo
Así, lo que ocurre hoy en Venezuela no es exactamente una sorpresa, sino la continuidad de una política de Estado que lleva años. «Especialmente desde 2016, el Gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno», recogía ese informe de la ONU.
También atribuía ejecuciones extrajudiciales a los agentes de la policía científica, el Cuerpo Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). «La Faes podría estar siendo utilizada como una política de control social», expresaba la preocupación de Bachelet en ese informe de 2019.
Vista en perspectiva, la deriva autoritaria por la que discurre el régimen chavista ha venido en escalada, junto con ese control social. «Desde 2019, la cifra de personas asesinadas en un ciclo de protestas tan breve como el actual no había sido tan elevada», dice Provea sobre las víctimas de esta jornada postelectoral.
Entre el 21 y el 24 de febrero de 2019, Provea registró el asesinato de 31 manifestantes. En esos dos días más encendidos tras el 28 de julio, la mayoría de estos otros manifestantes provinieron de barriadas pobres de Caracas y otras ciudades. Protestaban contra la reelección y proclamación de Maduro, un hombre que, según todos los estudios de opinión, tiene un rechazo de 80% en la población.
En su discurso, el gobierno afirma, palabras más palabras menos, que en realidad todos los detenidos son vándalos «fascistas», parte de lo que califica como un plan de la oposición para incendiar la calle y provocar un golpe de Estado con apoyo del imperio (como llama a Estados Unidos).
Una semana después de las elecciones, el chavista Ministerio Público (Fiscalía) dice que había 1.062 detenidos hasta el 31 de julio. Maduro dicen que son 2.000 y que todos son terroristas que están siendo recluidos en cárceles de máxima seguridad. Foro Penal, otra de las reconocidas ONG, ha documentado datos precisos con identidades y centros de reclusión para reportar que van 1.102 detenciones hasta la mañana del martes 6 de agosto.
