El chavismo pasa su apisonadora sobre la sociedad civil en Venezuela con armas y leyes
El Gobierno de maduro ha aprobado la llamada ‘Ley anti sociedad civil’ que fiscaliza y controla las ONG
Agentes de la Guardia Nacional Bolivariana en Venezuela. | Maxwell Briceno (Reuters)
Defender ideas liberales o ser conservador podría ser una ofensa legal en Venezuela casi equivalente al fascismo nazi, y puede acarrear penas de hasta 12 años de cárcel. El castigo dependerá de lo que se le antoje a un funcionario del chavismo. Es lo que está en el escenario en Venezuela, después que este jueves la Asamblea Nacional (Congreso) acatara la orden del presidente Nicolás Maduro de acelerar un paquete de leyes que según activistas apunta al corazón de la sociedad civil organizada.
Mientras se mantiene la polémica en torno al resultado de la elección presidencial del 28 de julio y el chavista Consejo Nacional Electoral (CNE) no muestra las actas que permitirían una verificación de los resultados oficiales que dieron a Maduro como triunfador, el chavismo sigue atornillándose en el poder.
El régimen chavista de Nicolás Maduro avanza en la aprobación de un paquete de leyes calificadas como represivas por los juristas. Buscan sofocar la oposición, mientras por el lado militar y policial aumenta la vigilancia, las detenciones arbitrarias y las amenazas contra manifestantes que tachan de terroristas, fascistas y enemigos de la patria, señalan defensores de los Derechos Humanos.
La Asamblea Nacional (Congreso), brazo legislativo del chavismo, ha aprobado este jueves por unanimidad una ley especial que fiscaliza y controla las ONG. La ofensiva tendrá un impacto directo sobre unas 10.000 ONG de diverso tipo que operan en todo el país, incluyendo las que trabajan en coordinación con la ONU, la Unión Europea, USAIDS y otros donantes extranjeros.
También inició un trámite cosmético de «consulta pública» entre los propios chavistas para avanzar en otra ley, llamada «Contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares». En la práctica perseguirá a los disidentes y proscribirá partidos políticos como el María Corina Machado, una liberal con todas las letras.
«Vamos a dedicarnos a la tarea en este período de sesiones durante el receso parlamentario de aprobar un paquete de leyes que usted ha solicitado para poder cuidar y defender a nuestra población del odio, de la expresión del odio social, del terrorismo y de la difusión de ideas fascista y de ideas de odio en las redes sociales», dijo recientemente el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a Maduro durante un acto oficial.
El proyecto de ley antifascista equipara el fascismo «al racismo, chovinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y todo tipo de fobia contra el ser humano y su derecho a la no discriminación y a la diversidad». Pero tras enunciados aparentemente razonables y solidarios, se alberga el intento de asfixiar más a la disidencia, advierten analistas políticos.
Tras haber cerrado los espacios a los partidos políticos y sus dirigentes, ahora le toca el turno a las Organizaciones no Gubernamentales (ONG). «Están reguladas en todas partes del mundo, pero en Venezuela no. Hay muchas ONG que son la fachada para el financiamiento de acciones terroristas y de acciones como las de los llamados comanditos», había dicho Rodríguez dos días antes de la aprobación final este jueves 15 de agosto de esa ley.
Los comanditos son grupos de miles de electores, activistas, formados por instrucciones de la líder opositora María Corina Machado con el encargo de movilizar a sus seguidores, cuidar el voto, los escrutinios y las actas en cada mesa de votación en la elección del pasado 28 de julio. El chavismo tacha a los comanditos como grupos terroristas y fascistas y ha ordenado una persecución militar y policial contra sus integrantes, incluyendo María Corina Machado y su candidato Edmundo González Urrutia, que según la oposición sería el verdadero ganador.
En su enunciado el proyecto de Ley antifascista reza que se propone «garantizar el derecho humano del pueblo a la paz, la convivencia y la tranquilidad pública». También, «prevenir y erradicar toda forma de odio y discriminación basada en motivos raciales, de origen étnico, social o nacional». Pero deja muchos grises a la discrecionalidad de las autoridades, señalan activistas.
Califica como neofascismo y expresiones similares a «toda postura ideológica o expresión, que reproduzca los fundamentos, principios, propósitos, métodos y rasgos propios del fascismo». Como prohíbe «reuniones públicas y manifestaciones convocadas con el objeto de promover o hacer apología del fascismo, neofascismo y expresiones similares», el gobierno tendrá la potestad de decidir a qué partidos u organizaciones proscribe.
También se creará una Alta Comisión para asesorar y hacer recomendaciones de políticas públicas y medidas específicas y elaborará dictámenes e informes sobre el fascismo y los acusados de serlo. Más allá del término fascismo, establece penas de entre ocho y 12 años de cárcel a «toda persona que invoque, promueva o ejecute acciones violentas como medio o vía para los derechos políticos, y denigre de la democracia, sus instituciones y los valores republicanos».
Los medios de comunicación y redes sociales estarán obligados « garantizar espacios libres de todo mensaje de índole fascista, neofascista o de similar naturaleza» y en caso contario le aplicarán cierres o fin de las concesiones.
La ley contra la sociedad civil
«Hay que entender que esta ley contra el fascismo y la Ley contra las ONG o la sociedad civil son hermanas gemelas, las dos caras de la misma moneda», ha observado el abogado Alía Daniels, de la reconocida ONG Acceso a la Justicia. El proyecto de ley contra el fascismo considera fascismo «el conservadurismo moral y las ideas neoliberales en Venezuela», por lo que varias ONG educativas que se dedican al estudio de ideas liberales «podrían ser ilegalizadas por considerarse fascistas», puso como ejemplo.
Esta otra ley ya aprobada también supervisará al extremo las fuentes de financiamiento de partidos políticos, asociaciones civiles y medios de comunicación que reciben asistencia desde el extranjero, incluyendo las defensoras de los Derechos Humanos apoyadas por países de la Unión Europea.
El discurso oficial culpa al «odio de la oposición» de los asesinatos de 24 manifestantes que salieron a las calles después del 28 de julio a protestar contra el anuncio oficial de que Maduro había sido electo con 52% de los votos.
Hay más de 2.000 «vándalos terroristas» prisioneros según el Gobierno. Varias ONG como Foro Penal denuncian que a los presos no se les han respetado sus derechos ni se les ha permitido asistencia de defensores privados.
ONG defensoras de los derechos Humanos han denunciado que la mayoría de las víctimas fatales cayeron bajo las balas de uniformados o de bandas chavistas vestidas de civil. En Venezuela son recurrentes las violaciones públicas, notorias y comunicacionales a los Derechos Humanos; el país tiene el peor índice de seguridad jurídica del mundo y la peor crisis humanitaria en América.
Por eso para los activistas de la sociedad civil, políticos o no, la nueva ley es preocupante: las ONG además de denunciar esas violaciones tienen un papel activo al aliviar las penurias de millones de venezolanos necesitados de alimentos, agua y medicinas, así como de asistencia legal ante los abusos del poder.
La ‘Ley de Fiscalización, Regularización, actuación y financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y las organizaciones sociales sin fines de lucro’ es llamada ‘Ley anti sociedad civil’ por esos defensores de los Derechos Humanos debido a su previsible impacto no solo sobre las propias entidades, sino además sobre los millones de beneficiarios de ese trabajo.
Según la versión oficial del chavismo, la Ley es necesaria y busca contrarrestar la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo y al fascismo. Pero Venezuela está sometida a un régimen autoritario donde no hay separación de poderes ni respeto al debido proceso, ni presunción de inocencia; privan las detenciones arbitrarias; hay frecuentes asesinatos extrajudiciales y los derechos políticos de la disidencia están cercenados, coinciden activistas en sus denuncias.
La nueva Ley prohíbe el registro de ONG en cuyo objeto y fines: «Promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio por motivos raciales, étnico, religioso, político, sociales, ideológico, de género, por orientación sexual, identidad de género, expresión de género o de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y la violencia».
Esas prohibiciones, según expertos juristas, tendrían toda la lógica. Pero en un país donde los jerarcas chavistas equiparan por ejemplo el neoliberalismo con el fascismo, una ONG que defienda las ideas del economista Milton Friedman simplemente podría ser cerrada.
Sociedad civil firme y a discreción
«Por supuesto que estamos en contra del terrorismo. El problema es que en Venezuela el concepto de terrorismo en muy amplio», ha observado Daniels. Recientemente una mujer humilde protestó contra el gobierno escribiendo en el suelo con harina de maíz la palabra «Libertad», y ha sido imputada por «incitación al odio», ha observado Daniels.
La ley también entorpece el funcionamiento de las ONG porque no solo se debe noticiar al órgano competente el trazado de los fondos recibidos, sino que hay que esperar que el gobierno diga que en efecto los fondos son lícitos. En ese lento y burocrático proceso de aprobación las ONG, incluidas las que atienden necesidades apremiantes de la población más necesitada, no podrán disponer de esos fondos para hacer su trabajo.
«Eso puede tener repercusiones terribles para la ayuda humanitaria porque en ese proceso pueden perderse vidas», ha observado Daniels al recordar que cientos de ONG llevan alivio en alimentos y salud a miles de personas víctimas de la emergencia humanitaria que sufre el país.
La ley incluye una medida de cierre encubierto por la vía sumaria hasta que un tribunal decida el caso. También contempla multas confiscatorias y es punitiva contra la libertad de asociación, sostiene el abogado. Las ONG ya son reguladas por el Código Civil, por lo que esta nueva Ley solo persigue extender el control político, han argumentado también otros juristas.
Así como el gobierno intervino a los partidos políticos para hacerlos a su medida ahora persigue tener una sociedad civil a su medida, «callada, sumisa y domesticada….este es el verdadero fin de esta Ley», ha señalado Daniels.
«Nos están poniendo en el mismo camino de Nicaragua, donde en el primer año una ley similar permitió la ilegalización de 3.000 ONG. Lamentablemente con esta ley ya sancionada se está abriendo el camino para que vayamos por esa misma vía», ha señalado.
El artículo 30 de la ley contra las ONG establece que el ministerio de Justicia podrá acordar preventivamente la suspensión del funcionamiento de la ONG cuando considere que ésta ha incurrido en alguna de las prohibiciones. Esto será notificado al «órgano jurisdiccional competente» para que se pronuncie sobre la procedencia y en ese caso la ONG deberá ser disuelta.
La ley también contempla la expulsión del país de extranjeros que integren las ONG sancionadas cuando estas estén domiciliadas en el extranjero.
