Crisis postelectoral en Venezuela: ¿cómo crece un país aislado internacionalmente?
Ni si quiera existe una verificación independiente de los votos, o de las actas, al contrario de lo que piden países amigos
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María Corina Machado en las protestas de Caracas. | Agencias
La victoria impuesta de Nicolás Maduro para un nuevo período de seis años en el poder absoluto en Venezuela (del 2025 al 2031) tendrá un alto costo para la economía del país, que deberá arreglárselas para funcionar con buena parte de la comunidad internacional en contra, o mirando para otro lado.
El triunfo de Nicolás Maduro, anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y su posterior y descontada ratificación por parte del también chavista Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sin mostrar ninguna clase de actas ni resultados desglosados por mesas de votación, ha puesto al régimen chavista en confrontación directa con las principales democracias de corte occidental.
La oposición, encabezada por María Corina Machado y su candidato Edmundo González Urrutia, reclaman el triunfo y dicen tener las actas que lo prueban.
Pero en Venezuela no existe la posibilidad de que un diferendo de este tipo sea dirimido en un juicio imparcial, ante un tribunal independiente, en el que ambas partes muestren sus alegatos, sus pruebas y sus argumentos.
Ni si quiera existe una verificación independiente de los votos, o de las actas, al contrario de lo que piden países amigos de Venezuela. Todo esto alimenta una nueva fase de una crisis política que se arrastra desde hace lustros, y que se agravó también desde 2018, cuando en otras elecciones también cuestionadas, Maduro consiguió este segundo período que ahora termina.
Las elecciones de 2018 fueron convocadas por orden de Maduro de manera anticipada, por una Asamblea Constituyente creada por el chavismo para terminar de pulverizar la Asamblea Nacional (Congreso) donde la oposición había sacado en 2015 una mayoría absoluta que se hubiera bastado para reescribir la historia.
Unos 60 países, incluyendo los de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y las demás principales democracias americanas no reconocieron entonces a Maduro como presidente, entre otras razones porque aquellas elecciones no fueron competitivas, ni libres y los principales opositores estaban proscritos.
Ahora acusan a Maduro abiertamente de haber cometido fraude.
Desde aquél 2018 Estados Unidos arreció sus sanciones contra la élite chavista, por sus atentados a la democracia y a los Derechos Humanos, por escándalos de corrupción y hasta por acusaciones puntuales de narcotráfico contra algunas figuras. Algunos países de la Unión Europea, Canadá, Suiza y Panamá sumaron sus propias sanciones.
Pero con el tiempo se impusieron los hechos y varios países (inclusive España) terminarían acreditando embajadores en Caracas, en un esfuerzo por normalizar las cosas y darle incentivos a Maduro en busca de una transición hacia una democracia.
Tras los eventos de 2018 las sanciones de Estados Unidos también alcanzaron a la República y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), lo que significa que el país no puede renegociar una deuda por unos $165.000 millones declarada por Maduro en default (impagos) en 2017, antes de las sanciones.
Esa deuda incluye unos $95.000 millones en bonos que circulaban en los mercados financieros y que hoy son «bonos basura», sin ningún valor real, pero con un potencial especulativo alto en caso de que se superara la eterna crisis política, con un gobierno reconocido, y que haya un rebote sostenido de la economía.
Inversionistas de América y Europa son también los primeros interesados en que haya una negociación de esa deuda, con un gobierno legítimo, o al menos aceptado en los mercados financieros.
La nueva temporada
Todo este contexto viene a cuento porque en las condiciones actuales y tal como han salido las cosas con las elecciones del 28 de julio, los académicos, diplomáticos, economistas y políticos coinciden en ver cuesta arriba que haya cambios en este escenario.
El régimen chavista se ha movido desde lo que los académicos definen como una autocracia electoral hacia una autocracia cerrada, mientras crecen las denuncias de violaciones en masa de los derechos humanos.
«Hemos pasado de un período de persecución selectiva a uno de persecución masiva y del uso de mecanismos blandos de represión, como describió la Misión de Determinación de los Hechos de ONU, al empleo de los más duros mecanismos para castigar a las personas«, ha recogido un informe de la ONG defensora de los Derechos Humanos Provea.
«En el ciclo de conflictividad post-electoral Venezuela de 2024 la cifra promedio de detenidos, día tras día, durante 16 días, se elevó a 150 personas. El doble de detenidos diariamente entre todos los ciclos de conflictos descritos (en Venezuela) y el doble de detenidos-desaparecidos diariamente en Chile durante los meses de septiembre y diciembre de 1973, tras el golpe de estado de Augusto Pinochet», remata Provea.
«Maduro pretendía hacer estas elecciones para legitimarse y ha quedado menos legitimado», dice el economista Gustavo García, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y especialista en temas fiscales.
Ya varios países han condenado abiertamente lo que consideran un claro fraude y Venezuela va a estar aún más aislada del mundo, señala.
«Las perspectivas con malas», apuntaba García en un reciente foro en línea organizado por la firma venezolana Analitica.com.
Por su parte, el también economista Ricardo Hausmann, director del Centro para el Desarrollo Internacional y profesor de la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard, señala que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (controlado por el chavismo), muestra muy claramente que los tribunales en Venezuela no están ahí para defender los derechos de los ciudadanos y defender la Constitución y las leyes, «sino que la Ley es una forma de controlar la decisión de los ciudadanos».
«La causa del colapso de Venezuela, la base, es la eliminación de los derechos de los ciudadanos. Hay razones por las cuales gobiernos así no duran» dice este exministro de Planificación de Venezuela en la era previa a Hugo Chávez. «Me parece muy difícil imaginar cómo Maduro se va a quedar en el poder», remata.
«Este gobierno no es reconocido y no va a ser reconocido», dijo al explicar cómo esto tiene implicaciones en las reservas internacionales porque por ejemplo el FMI no puede darle al país los Derechos Especiales de Giro que le corresponden, ni el Banco Mundial o el Interamericano de Desarrollo pueden financiar proyectos. «En este contexto Venezuela no va a para ningún lado».
No solo a los grandes especuladores financieros les convendría una renegociación de la deuda de Venezuela a través de un gobierno relegitimado en Venezuela.
El negocio del petróleo
El asunto también le conviene a un europeo o español común que tenga que pagar en el próximo invierno su factura de la calefacción, o ya esté pagando la del acondicionador de aire este verano.
Grandes firmas de petróleo y gas natural también están interesadas en hacer negocios con Venezuela, ya sea para cobrarse viejas deudas o para aumentar la cantidad de petróleo y gas natural que llevan a los mercados.
En el mundo hay conflictos mucho más severos que el de Venezuela. Pongamos la Ucrania devastada por la invasión desde Rusia; o el del Oriente Medio, por el conflicto sordo entre Israel e Irán y sus frentes subsidiarios. Solamente en Gaza hay 40.000 muertos (la mayoría mujeres y niños).
Venezuela, con sus marchitos campos petroleros ansiosos de inversiones, luce como una opción para mejorar la seguridad energética de Occidente.
Pero, cálculos de economistas como Francisco Monaldi, un experto petrolero y académico de la Universidad Rice, revelan que aquí se requieren inversiones sostenidas durante ocho a 10 años por unos 10.000 millones de dólares. Eso es solo para recuperar niveles de producción cercanos a los tres millones de barriles por día que tenía el país antes que el chavismo implosionara la industria, lo que ocurrió antes de las sanciones de Estados Unidos.
«Venezuela requiere mucho más que la flexibilización de sanciones. Requiere realmente un cambio político, un cambio institucional, el levantamiento completo de las sanciones (de EEUU) y un marco institucional creíble para atraer esas masivas inversiones», ha señalado Monaldi también en el foro de Analitica.com.
«Ciertamente después del fraude descarado en las elecciones se cierra cualquier posibilidad de atracción de inversiones significativas en el sector petrolero», ha afirmado.
La producción de la precaria industria petrolera venezolana ya desde hace tiempo depende de empresas privadas trasnacionales, pese a la retórica nacionalista del chavismo.
Prácticamente todo el aumento de la producción (85%) que hemos visto desde finales de 2022 hasta hoy ha dependido de la trasnacional Chevron, de Estados Unidos, señala Monaldi.
Venezuela produce unos 864.000 barriles por día (BPD) según fuentes secundarias recabadas por la OPEP.
De ese total, el 47% lo produce PDVSA y el 53% empresas privadas que mantienen asociaciones estratégicas con la petrolera nacional.
Chevron responde por uno de cada cuatro barriles (190.000 bpd o 22% del total); la rusa NOC produce 103.000 bpd (12%) y la china CNPC 95.000 bpd, según los números de Monaldi.
Las firmas europeas aportan otros 60.000 bpd, básicamente la española Repsol, la francesa M&P, la italiana ENI, y la anglo francesa Parenco.
China y Rusia ha reconocido apresuradamente a Maduro y por carambola con toda seguridad seguirían sus inversiones en la industria, con una producción sumada equivalente hoy a la de Chevron.
Pero está por verse si las firmas occidentales estarán dispuesta a asumir los riesgos financieros, operacionales y reputacionales que implicarían emprender masivas inversiones en la Venezuela nacida el 28 de julio.
En el escenario en el que se mantengan las licencias el crecimiento de la producción sería modesto y con un techo muy bajo. Si no se mantienen las licencias, habría una caída gradual de la producción, lo que arrastraría la economía llevándola a una contracción, ha señalado por su parte Monaldi.
Y es aquí donde se cruzan la política y la economía a muy largo plazo. Venezuela ya está entre los tres países americanos más pobres, junto a Haití y Nicaragua. Para algunos analistas, ya estaba al borde del abismo, y ahora ha dado un paso al frente.