Violación masiva de los derechos humanos tras un mes de las elecciones en Venezuela
El país está sumergido en una era de incertidumbre política y económica que ha dejado miles de víctimas anónimas
Corina Machado y Edmundo González. | Archivo
Desde la noche del 28 de julio pasado, Venezuela está sumergida en una nueva era de incertidumbre política y económica que también ha dejado miles de víctimas anónimas. La cuestionada reelección de Nicolás Maduro para el período 2025 – 2030 no ha sido reconocida por varios gobiernos, incluyendo la mayoría de los países de la Unión Europea (menos Turquía), Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, República Dominicana, Uruguay, Ecuador, Panamá, Costa Rica y hasta sus aliados Brasil y Colombia.
Pero más allá de lo las consecuencias futuras en el plano internacional de esta situación, ya está claro que el chavismo ha escalado hacia un modelo de gobierno francamente autoritario y sin espacio alguno para el diálogo o la negociación con los rivales políticos, coinciden analistas. Una de las confirmaciones de este encierro, es la designación del capitán y diputado Diosdado Cabello (número dos del chavismo) como nuevo ministro del Interior. Máximo exponente del chavismo radical, ahora tiene a su cargo formal todos los cuerpos policiales, incluyendo la policía política Sebin, los servicios de espionaje, de identificación y hasta las notarías.
«Andan como unas ratas escondiéndose los que están aquí en Venezuela. Pero los vamos a agarrar y aquí no habrá perdón…serán acusados de los más altos delitos y no habrá beneficios para ninguno de ellos, ni ninguna de ellas…¡Los vamos a joder!, ¡Los vamos a joder!», había dicho Cabello el 30 de julio durante una sesión de la Asamblea Nacional.
La amenaza cobra nueva vigencia con su designación esta semana como nuevo ministro del Interior, en un claro mensaje de Maduro a los adversarios del chavismo dentro y fuera del país. Esos días han recrudecido las detenciones arbitrarias, secuestros y desapariciones temporales de líderes de la oposición, especialmente los más cercanos a Machado. Sobre a cada hora también se estrecha más el círculo. También se cierra el plazo sobre su candidato Edmundo González, tenido como «presidente electo» por la oposición y por varios de sus gobiernos aliados.
Machado y González encabezaron un movimiento civil que logró despertar el dormido activismo políticos de millones de venezolanos comunes en torno al ejercicio democrático del voto como salida pacífica y constitucional a la larga crisis de Venezuela. Desde el anuncio de resultados oficiales ellos denuncian un «fraude masivo» y dicen tener las pruebas en las actas oficiales que sus activistas lograron recopilar el día de las elecciones gracias a los llamados «Comanditos», grupos de voluntarios que se dedicaron a defender el voto.
El gobierno dice que esos Comanditos, y el partido Vente –de Machado- son en realidad agrupaciones terroristas, fascistas que quieren destruir a Venezuela. Miles de activistas han pasado a la clandestinidad o han escapado el país.
Jornadas de miedo y lucha
Entre los presos notables de esta semana se cuentan el abogado Perkins Rocha, vocero oficial del Comando Con Venezuela, de María Corina Machado, y Biagio Pilieri, exdiputado de la Asamblea Nacional, además de varios jóvenes dirigentes regionales del partido Vente. Pilieri fue capturado, junto con su hijo, por agentes no identificados cuando regresaban de acompañar a Machado en una concentración de opositores en la céntrica avenida Francisco de Miranda Caracas, a un mes de la elección del 28 de julio.
En los rostros de opositores asistentes a esta manifestación se leía el miedo, pero también expresaban verbalmente la disposición de acompañar a Machado y tratar de mantener en la calle la presión de este movimiento que dio a Edmundo González entre cuatro y siete millones de votos (depende de quien haga la cuenta). «Estos casos presentan un patrón común de detenciones arbitrarias y represalias contra quienes son percibidos como opositores al gobierno», señala la ONG Defiende Venezuela.
Bajo la Operación tun tun, promovida por Cabello desde hace tiempo, vecinos afines al oficialismo delatan a los habitantes de la zona por ser opositores, facilitando su detención y persecución en allanamientos inconstitucionales e ilegales a las residencias. «Este patrón de represión y control social agrava la crisis de derechos humanos en Venezuela, violando sistemáticamente los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos», señalan los activistas. «Las condiciones de detención inhumanas, que incluyen hacinamiento y falta de acceso a servicios básicos, junto con el uso desproporcionado de la fuerza, constituyen tortura y tratos crueles. Los detenidos sufren abusos físicos y psicológicos que atentan contra su dignidad y bienestar», denuncian.
Esta semana, inclusive el viernes, en medio de un apagón nacional de electricidad, continuaron los traslados masivos de los presos políticos, la mayoría manifestantes provenientes de barriadas pobres o estudiantes. Muchas personas simplemente fueron agarradas cuando estaban cerca de una protesta, denuncian familiares y activistas de ONG. «Hasta la fecha, a ninguna de las personas trasladadas se les ha permitido el contacto con sus familiares ni la designación de sus abogados de confianza», denuncia la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Solamente el viernes trasladaron a 700, con las cabezas rapadas, y uniformados, para llevarlos a las cárceles de máxima seguridad Yare III y la reformada Tocorón, que hasta el año pasado era el bien conocido centro de operaciones de la red trasnacional de criminales comunes Tren de Aragua. Estos prisioneros políticos no han sido sometidos a chequeos físicos ni psicológicos, y ni siquiera se han preocupado por la atención integral los que sufren enfermedades preexistentes y discapacidad, agrega esta ONG.
«Hasta el momento, la ONG Foro Penal ha registrado 1.728 detenciones desde el inicio de las protestas. Estas cifras reflejan la grave situación de derechos humanos que se vive en Venezuela, donde la disidencia política es reprimida y los derechos civiles y políticos son sistemáticamente violados», recoge un balance de la también Organización no Gubernamental Defiende Venezuela a un mes de la elección.
«Las acciones del gobierno venezolano en respuesta a las recientes protestas han constituido graves violaciones a los derechos humanos. Estas medidas represivas buscan silenciar la disidencia, infundir miedo entre la población, restringiendo sus libertades fundamentales y derechos civiles», recalcan los activistas.
Desde que el chavista Consejo Nacional Electoral (CNE) dio el triunfo de Nicolás Maduro como irreversible, al filo de la medianoche del 28 de julio, se desataron olas de protestas en todo el país, que fueron reprimidas por agentes uniformados y por fuerzas paramilitares de civil, del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), los llamados «Colectivos».
El gobierno dice que todos los manifestantes forman parte de un plan golpista fascista apoyado por Estados Unidos y encabezado por Machado y Edmundo González, el sorprendente candidato que según las actas en poder de la oposición ganó la elección por abrumadora mayoría. También los culpan de los 24 asesinatos ocurridos en el contexto de esas protestas (22 opositores y dos militares). Pero, según testigos y familiares de las víctimas, en realidad cayeron abatidos con las balas de uniformados y «Colectivos».
Los prisioneros han sido procesados sin derecho a la defensa, ni acceso a abogados privados. Casi todos han sido condenados de manera sumaria bajo cargos de terrorismo, asociación para delinquir, odio y traición a la patria. Las penas van de 10 a 30 años de cárcel. Muchos han sido hechos prisioneros y procesados debido a sus mensajes en redes sociales, o por un simple «estado» en WhatsApp. Policías y militares confiscan ilegalmente en la calle teléfonos de personas comunes en busca de mensajes privados para detenerlos, usando justamente esas «pruebas» en contra de los reos. Hay al menos un centenar de adolescentes presos, unos cuantos por simples comentarios calificados como odio por el sistema chavista.
La ola de represión en Venezuela ha sido tan intensa que –según cálculos de la ONG Provea- supera al número de detenciones ocurridas en Chile en las semanas posteriores al golpe de Estado de Augusto Pinochet contra Salvador Allende, y que dio inicio a una de las más sangrientas dictaduras de derecha en América latina. Hasta ahora esta campaña ha contribuido a desmovilizar a los opositores resguardados y a frustrar las concentraciones masivas, porque la gente teme arriesgarse hasta a enviar una convocatoria o replicar una protesta.
Por lo pronto, la estrategia de la oposición apunta a seguir denunciando estas violaciones para que tengan mayor resonancia internacional, y hacer que cada vez sea más costoso para Maduro mantener su política del miedo y represión, confía una fuente política. También intentan que gobiernos y entidades internacionales como la ONU, la OEA o el Consejo Europeo, hagan más que emitir comunicados en los que expresan «su profunda preocupación» por lo que hoy ocurre hoy en Venezuela.
