La arriesgada apuesta del chavismo en sus relaciones con España

Como en un crucial juego de cartas, el régimen chavista de Nicolás Maduro pone sobre la mesa el resto del pote en sus apuestas y ofrece romper «todo tipo» de relaciones entre Venezuela y España. Pero una medida como esa acabaría perjudicando al cada vez más aislado país caribeño.

Esta semana el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, una de las cinco figuras más poderosas en la nomeclatura chavista, lanzó en medio de un discurso enardecido su decisión de pedir al Gobierno que le dé un portazo a España. 

«Que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, consulares, con el Reino de España y que cesen los vuelos en líneas aéreas españolas desde y hacia España y todas las actividades de índole comercial de empresas españolas de inmediato», dijo Rodríguez en una visceral reacción al exilio de Edmundo González Urrutia en España y al reconocimiento que le dio el Congreso de los Diputados al candidato que según la oposición derrotó a Nicolás Maduro el 28 de julio con 7,3 millones de votos (más del 60%).

«Que cesen todos los vuelos desde España a Venezuela y que todas las actividades de  índole comercial de empresas españolas sean cesadas de manera inmediata», proclamó Rodríguez en su intervención.

El diputado Timoteo Zambrano, un exopositor que fue reclutado hace un tiempo por el chavismo, y hoy preside la Comisión de Política Exterior, dijo que trabaja ya en un proyecto de resolución ajustado a estas instrucciones, para debatirlo en los próximos días, e instar al Ejecutivo a tomar ese paso.

«Se busca defender la soberanía nacional y responder las directrices del parlamento», según Zambrano.

La Asamblea Nacional en un comunicado dijo que exige pleno respeto a la institucionalidad del país y reitera ante el mundo «que hace más de 200 años dejamos de ser colonia… y por ello no aceptamos ni aceptaremos la intromisión de potencias extranjeras en nuestros asuntos internos, ni subordinación neocolonial alguna».

Todavía no está claro si la propuesta lanzada por Jorge Rodríguez en el fragor de la rabia es plenamente secundada por todas las corrientes de intereses de la cúpula del chavismo. Según analistas políticos, el régimen no es un bloque homogéneo, pese a la imagen en sentido contrario que se empeñan en transmitir y pese a que en efecto tras la elección del 28 de julio y los eventos posteriores estas corrientes tienden a cohesionarse aún más frente a los enemigos comunes.

Pero España nunca ha sido uno de los enemigos del chavismo, especialmente bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, y con los buenos oficios soterrados de Rodríguez Zapatero, principal defensor el chavismo en toda Europa y conocido operador político y de negocios. Más bien España ha servido de aliviadero para capitales e inversionistas de chavistas de dudoso origen, inclusive de muchas personas chavistas sancionadas por el Gobierno de Estados Unido y de la Unión Europea, y sus familiares.

Por ejemplo, España ha acogido sin preguntar demasiado a personas denunciadas por haber participado en el robo masivo de recursos del Estado en un plan eléctrico de decenas de miles de millones de dólares que nunca se concretó. Hoy Venezuela paga las consecuencias de esa estafa con los frecuentes cortes y racionamientos de electricidad que el chavismo atribuye «a terrorismo opositor».

La proverbial cultura común, los lazos históricos, el idioma y las facilidades para inversiones también han servido de atractivo para que las nuevas castas económicas forjadas en los últimos 25 años a la sombra de la llamada revolución bolivariana encuentren en España un terreno propicio para multiplicar sus capitales.

Pero claro que en España también hay capitales venezolanos de origen legítimo, incluyendo el de pequeña y mediana escala de familias que decidieron emprender de regreso el camino de los abuelos migrantes y se llevaron sus recursos para comenzar de  nuevo en la «madre patria», tras el fracaso histórico del proyecto chavista que hundió a Venezuela en la pobreza y la crisis humanitaria compleja.

Muchos inversionistas y emprendedores con capitales de origen legítimo o no tanto destacan hoy en negocios inmobiliarios, de restauración, emprendimientos tecnológicos, comerciales y turísticos. España es la puerta más franca de Venezuela a Europa y para muchas familias e individuos se ha convertido en una alternativa migratoria ante las mayores dificultades impuestas por Estados Unidos a los desterrados.

En junio de 2022, había en España 477.000 venezolanos en calidad de migrantes y refugiados, según la plataforma R4V, creada por de Acnur para ayudar a coordinar la ayuda humanitaria a los venezolanos. De entre los 111.463 extranjeros que han solicitado asilo entre enero y agosto, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, el 40% son venezolanos.  

De este modo España es el quinto o sexto destino (depende de la fecha) para la densa migración venezolana, una diáspora que ya llega a casi ocho millones de personas (una cuarta parte de la población de venezolanos) repartidos por el mundo. Y siguen llegando, ahora hay en curso una nueva ola que incluye venezolanos con menos capital y menos preparación en comparación con los que lo hicieron en los primeros tiempos de esta trashumancia. 

Esta tendencia tiende a acelerarse después del 28 de julio, según algunos testimonios familiares que parecen confirmar un dato detectado por encuestadoras antes de la elección: entre el 12 y 18 por ciento de los venezolanos estaba dispuesto a irse del país si Maduro seguía en el poder. Esto supone un flujo potencial de entre dos y tres millones de personas que tienen como principales destinos a EEUU, Colombia, la América del Sur …y España. En Venezuela quedan todavía unos 180.000 españoles residentes, según fuentes consulares. 

En fin, es toda esa gente común y no tan común, a ambos lados del Atlántico, la que estará más perjudicada si se suspenden los vuelos entre los destinos, que son explotados por las aerolíneas Estelar, Plus Ultra, Iberia, TAP, Air Europa y Conviasa. Esas rutas son la principal conexión internacional de Venezuela, después de Colombia. En agosto el chavismo ordenó cancelar los vuelos con Panamá y República Dominicana, que eran las principales conexiones con el resto de América.

De la retórica nacionalista a los negocios

Por estas horas en los círculos políticos, económicos y diplomáticos de los dos países se  tejen esfuerzos para que la sangre no llegue al río y no haya una ruptura total que terminaría perjudicando a personas comunes y a empresas, más que a políticos en el poder real en ambos países.

El propio Gobierno chavista parece querer atenuar por un lado las llamas que aviva por el otro. Este mismo jueves la poderosa vicepresidenta y a la postre nueva ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, llamó a los ejecutivos de Repsol en Venezuela, no a consultas, como hizo la cancillería con el embajador de España Ramón Santos, sino para abordar «una sinergia que refuerza el compromiso del país en consolidar su posición como líder en el mercado energético global, para promover el desarrollo y la estabilidad económica a través de alianzas estratégicas y cooperación internacional».

«Nuestro país sigue avanzando en sus planes de cooperación energética y en las alianzas con empresas que, como Repsol, confían e invierten en la primera reserva petrolera del mundo», dijo Delcy, que a la postre es hermana de Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea (Congreso). «Esta colaboración ha permitido ampliar la producción de crudo mediano y liviano en diversos proyectos petroleros», ha agregado en declaraciones oficiales.

Al chavismo también le interesa diversificar sus inversiones petroleras en omentos en que PDVSA no tiene recursos propios para hacerlo. Repsol es el buque insignia de las relaciones estratégicas entre España y Venezuela, aunque todavía estos negocios tienen mucho más potencial de lo que se ha logrado concretar.

Está entre las cinco empresas extranjeras más importantes de las aliadas de la estatal PDVSA, junto con Chevron, la italiana ENI y las francesas Total y Maurel & Prom. En mayo pasado Repsol y el Gobierno de Maduro, a través de PDVSA, firmaron un nuevo acuerdo para extender el área geográfica en la que opera la empresa mixta Petroquiriquire. 

Pero además Repsol maneja en Venezuela junto a ENI un campo de gas natural de estratégica importancia no solo para España sino para toda Europa Occidental, que está cada vez más obligada a buscar reducir su dependencia del gas ruso. 

Ya en 2015, apoyándose en datos de publicaciones especializadas, Pdvsa decía que el campo Perla era uno de los cinco mayores proyectos costa afuera (en alta mar) en el mundo, con reservas por 17 billones de pies cúbicos de gas natural libre (no asociado a yacimientos de petróleo), a profundidades de 60 metros.

Ese solo campo alberga cerca del 10% de las reservas totales de gas natural hasta ahora identificadas en Venezuela que a su vez tiene las octavas mayores reservas mundiales del hidrocarburo de moda.

El especialista petrolero Juan Szabo ha señalado cree que Perla tiene suficientes reservas como para permitir construir e instalar una planta de gas licuado para transportarlo a Europa. El problema, afirmaba en una entrevista con THE OBJECTIVE, es que a las empresas les da miedo emprender ese tipo de enormes inversiones y correr el riesgo de que se las expropien, como ocurrió en el pasado.

La siempre preocupante retórica chavista siembra miedos a que por una ruptura de relaciones estos proyectos se atrasen más de lo que ha ocurrido en las últimas dos décadas.

En su informe del primer semestre de este año, Repsol decía que mejoraron las perspectivas en Venezuela, donde ha ampliado sus intereses y negocios con nuevos campos bajo contratos operativos.

Opera por aquí con una licencia específica, bajo el régimen de sanciones del Gobierno de Estados Unidos «que permite a las compañías del Grupo continuar sus operaciones en proyectos de petróleo y gas». Esa licencia GL44A de la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU le permite recuperar la deuda pendiente por cobrar en Venezuela, recibir dividendos y adquirir y refinar petróleo venezolano.

Repsol produjo en el segundo trimestre solo un promedio de 20.000 bpd de petróleo en Venezuela y en sus refinerías procesó en total cinco millones de barriles, un fuerte aumento comparado con los dos millones de barriles del primer trimestre.

En julio pasado el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz decía en una conversación de resultados con inversionistas, que estaba feliz con la nueva dinámica y los resultados y perspectivas en sus operaciones en Venezuela, donde trabajan con respeto «a todos los marcos legales internacionales».

Con sus acuerdos con el Gobierno de Maduro, Repsol controla unos 5.000 millones de barriles en reservas (casi a mitad de las reservas probadas en la prometedora Guyana) y el doble de lo que tiene Argentina, donde también opera la española. Repsol tenía en Venezuela una exposición patrimonial de 259 millones de dólares por sus inversiones en el campo de gas de Cardón, donde tiene el 50% y ENI el otro 50%. 

En Venezuela también operan otras grandes compañías, principalmente del área de servicios que se han mantenido operativas tratando de recuperar viejas inversiones sin mayor apoyo de sus casas matrices. Algunas han echado a pérdidas sus resultados en este país, o los han desincorporado de sus cuentas en los informes corporativos consolidados de estos grupos.

Son los casos del banco Provincial, filial del BBVA, o de Movistar, filial de Telefónica (a la que mejor le va), Mapfre Seguros y las aerolíneas y hoteleras. Todas están a la espera de los avatares de la engorrosa política venezolana.