¿Sadismo en Caracas, masoquismo en Madrid?
Contemporizar con los autócratas no protege a empresas ni a ciudadanos españoles: los expone al chantaje
Ilustración de Alejandra Svriz.
¿Disfrutan Maduro y el reparto de malos actores que le rodea insultando a España, rasgándose las vestiduras por decisiones del Congreso de los Diputados y deteniendo a españoles como solo lo hacen las dictaduras?
¿Gozan secretamente con estos comportamientos en La Moncloa y en Exteriores? ¿Ocultan ese regocijo con mohínes de disgusto por lo soez de las palabras que llegan de Caracas, por los excesos groseros e infantiles de sus más altas autoridades?
No es fácil escuchar algo sensato de la boca de Maduro. Hay que tener mucha paciencia para escucharle, y eso solo está al alcance de algún expresidente de Gobierno de España, que siempre se sacrifica por el bien común. ¿Por qué iba a ser esta la excepción? Maduro ha dicho que los dos jóvenes españoles detenidos supuestamente por preparar un plan para asesinarle «vienen a poner bombas en su tiempo libre». Convictos y confesos, dice de los pretendidos agentes del CNI, de los que pasan los días y no sabemos nada.
Diosdado Cabello, ministro del Interior, Justicia y Paz (en serio), explicó minuciosamente hace días los pormenores de la supuesta conjura de estos chicos: dijo que la CIA manda en el CNI y tomó nota, con profundo disgusto, de la única ministra del Gobierno español, Margarita Robles, que ha calificado de dictadura a la dictadura venezolana.
Antes, Jorge Rodríguez, presidente del llamado parlamento de Venezuela, pidió, al grito de «¡es una declaración de guerra!», cortar relaciones diplomáticas y comerciales con España tras la declaración del Congreso de hace una semana en la que se instaba a reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela.
Ante toda esta ofensiva, Exteriores ha reaccionado con una dureza inusitada: lo de Jorge Rodríguez, pensarán, mejor dejarlo pasar; habrá sido un calentón (además, el PSOE votó en contra de la declaración). Sobre las detenciones, Albares ha reclamado al gobierno venezolano nada menos que «información oficial y verificada» y una «clarificación de los cargos», además de negar que los jóvenes pertenezcan a los servicios de Inteligencia y de enviar una nota verbal pidiendo acceso de la embajada en Caracas a los detenidos.
Moncloa, todavía más duro: ni una palabra. Que se encargue Albares, dirán, que ya está acostumbrado a bregarse: mira con qué energía retiró al embajador en Buenos Aires cuando ese Milei insultó a Begoña Gómez.
¿Disfrutan los primeros con el látigo verbal, habituados a ejercer el látigo físico contra su población matando al disidente, encarcelando al manifestante y causando el éxodo de casi ocho millones de venezolanos? Más que disfrutar, que da la impresión de que también, lo que hacen es tan viejo como las dictaduras: agitar espantajos y soltar barbaridades para tratar de que la gente se olvide de que es un gobierno derrotado en las urnas, que ha querido hacer trampa y que solo se sostiene con la represión. Esa es la definición de sadismo: lo que es «cruel, despiadado, bestial, feroz, salvaje».
«La política exterior del Gobierno está obsesionada con la política interior y condicionada por la tensión entre sus socios»
¿Hay masoquismo en la parte española? ¿Hay «complacencia en sentirse humillado o maltratado»? No lo sé, espero que no, pero a veces lo parece. Considerar lo más normal del mundo las maniobras de Maduro, Cabello y el resto y decir que «no hay nada que comentar», como hizo el ministro Albares, no es poner la otra mejilla: es poner la cara entera a disposición del abofeteador de turno. Hay quien va más lejos: si estos buenos señores venezolanos se han puesto así, la razón es evidente, señala Patxi López, que siempre da la medida de sí mismo: «La culpa es del PP, que quiere atacar a Sánchez y dañar a nuestras empresas». Sic.
La política exterior del Gobierno está obsesionada con la política interior y condicionada por la tensión entre sus socios. Necesita claridad, principios y liderazgo. Contemporizar con los autócratas de Caracas no protege a empresas ni a ciudadanos españoles: más bien los expone al chantaje, a la toma de rehenes. A todo aquello en lo que el chavismo se desenvuelve bien. A pesar de que Washington no aplica mano dura en absoluto sobre el régimen de Maduro –ahí están todavía las licencias que permiten a Chevron y otras compañías explotar el petróleo—, la semana pasada ha extendido su lista de sanciones a otras 16 personas de los círculos oficiales: responsables de esa farsa llamada Consejo Nacional Electoral y del no menos caricaturesco Tribunal Supremo de Justicia -entidades protagonistas del reciente fraude electoral—y cargos del aparato represivo responsables de la represión.
Para que no parezca que al Gobierno le gusta que le humillen unos autócratas que están destruyendo su país se debe hacer algo más que menear la cabeza desaprobando a Maduro. Algo más que las declaraciones vacías y las vulgaridades a lo Patxi López, que el silencio atronador que los demócratas venezolanos no entienden.
Se debe tratar a un presidente electo con el respeto que merecen él y la gran mayoría de venezolanos que le han elegido, y no jugar a dos barajas y descorbatarse en La Moncloa –tan fuerte con los débiles, tan débil con los fuertes— sino, por ejemplo, dar explicaciones a lo que Edmundo González acaba de denunciar: la visita que recibió, cuando estaba en la embajada de España en Caracas—territorio español— de dos altos cargos de la dictadura que le amenazaron y chantajearon.
Esta crisis exige al Gobierno comportarse con seriedad y decencia. Le exige tener una verdadera política exterior, coherente y digna. Una política líder en aquellos espacios, como Iberoamérica, en los que se espera más de España que lo que Exteriores y La Moncloa están ofreciendo desde hace ya demasiado tiempo.
