México: la democracia mesiánica y sus demonios
La reforma judicial del presidente López Obrador es contraria a la Constitución y acaba con el Estado de derecho
Ilustración de Alejandra Svriz.
No hay un mito que haya dañado más al mundo hispano que el del buen dictador de izquierdas. Ese padre (o madre) amoroso, dispuesto a todos los sacrificios para curar las heridas del pueblo, a resistir cualquier ataque para que el pobre, el desfavorecido, el victimizado, el colonizado, el reprimido o represaliado triunfen sobre el opresor. Ese héroe surgido de las favelas y dispuesto a romper las cadenas de las instituciones para cobijar con su manto de subvenciones a todos los proletarios del mundo. Ese salvador alérgico al poder que acepta su pesada carga para protegernos. Ese mártir, ese redentor, no existe.
Y, sin embargo, presenciamos cada día multitudes dar su voto y caer a los pies de quienes se proclaman tales para que les pasen por encima sin pudor, tirándoles unas monedas con la mano derecha para que no vean cómo, con la izquierda (nunca mejor dicho), prenden fuego a todo lo que les estorba para asegurarse el poder y absoluta sumisión. Cueste lo que cueste.
A esos zares tropicales les incomodan particularmente esas ideas afrancesadas de la división de poderes y los jueces independientes. El poder es del pueblo, dicen. Nadie por encima del pueblo, dicen. El pueblo soy yo, dicen.
Por eso se esfuerzan en convencer a quien se deje de que el Poder Judicial independiente adolece de un déficit democrático intolerable: a ese juez ¿quién lo escogió?, ¿usted votó por él?, ¿quién se cree, entonces, para decirnos lo que podemos o no podemos hacer en beneficio del pueblo?, dicen.
Naturalmente, es un sofisma diseñado para que usted y yo nos olvidemos de que la independencia del Poder Judicial la habíamos puesto ahí deliberadamente para protegernos de reyecillos tiranuelos solapados y de que la legitimidad no es sólo ser votado.
El pasado 15 de septiembre, víspera del aniversario del inicio de la guerra de independencia de México, en la fecha más señalada del calendario mexicano, ante un público de cientos de miles de personas que lo veneran, el todavía presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, revivió, como cada año, el mítico «grito de independencia» que supuestamente dio el cura Hidalgo para arrancar el levantamiento independentista. «¡Viva México!», «¡Vivan la independencia!», «¡Vivan los héroes que nos dieron patria!», cosas de ese estilo. «¡Viva el amor!», agregó nuestro hare krishna nacional. Hay pocos mexicanos para los que esta fecha no sea entrañable. Por eso es tan simbólico que, mientras se celebraba nuestro nacimiento como nación, se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación (nuestro BOE), la reforma judicial impulsada contra viento y marea por el rey tlatoani.
Esta reforma, ovacionada por las masas por introducir la elección popular de jueces, desde el de barandilla que mira multas de tráfico hasta los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN – que concentra funciones en España repartidas entre los Tribunales Supremo y Constitucional, aproximadamente), requiere que en un plazo de poco más de dos años:
- Se sustituya a todos los jueces, magistrados y ministros (jueces de la SCJN) por juzgadores electos a partir de listas confeccionadas por el partido en el poder. Es decir, no cualquier jurista puede postularse. Quien quiera ser juez, necesitará que su candidatura la aprueben o el presidente de la República, o el Congreso (donde el partido del presidente ha cooptado de manera ilegítima la mayoría calificada en ambas Cámaras), o la propia SCJN, que también estará dominada por el partido para cuando se realicen las elecciones.
- Se elimine la carrera judicial a nivel federal (y se prohíba su adopción a nivel estatal). Los jueces no deberán aprobar oposiciones, completar ningún tipo de educación judicial ni acreditar experiencia profesional dentro del sistema judicial.
- Se rebaje (esto de inmediato) el sueldo de todos los jueces federales si actualmente es mayor que el del presidente de la república.
- Los actuales ministros de la SCJN renuncien a su cargo antes de la primera convocatoria a elecciones si no quieren perder su «haber por retiro», es decir, su indemnización por despido.
«En cada ocasión, el votante recibirá una boleta con más de 5.000 candidatos a juez. ¡5.000!»
- Se reemplace el actual órgano encargado de la organización, evaluación y supervisión del Poder Judicial federal (y el de los Estados) por un Tribunal de Disciplina Judicial, también electo por votación entre candidatos pre-aprobados por el partido, cuyas medidas disciplinarias contra los jueces serán inapelables a efectos prácticos, y que podrá destituir o sancionar económicamente a la inmensa mayoría de los jueces «que incurran en actos u omisiones contrarias a… los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia…»
- Se organicen unas elecciones extraordinarias para sustituir a la mitad del Poder Judicial federal en 2025 y unas ordinarias para la mitad restante en el 2027. En cada ocasión, el votante recibirá, parece, una boleta con más de 5.000 nombres de candidatos a juez. ¡5.000! Para conocer mejor las promesas (¡de los 5.000 candidatos! ¿qué puede prometer un juez que no sea aplicar la ley?) se escucharán en radio y televisión durante 60 días previos a la elección. Para ayudarnos en la decisión, la boleta nos dirá qué rama del poder postula al candidato (así sabremos cuáles son los favoritos del tlatoani) y si a la fecha de aprobación de la reforma eran ya jueces (es decir, son malos) o si son flamantes adiciones aprobadas por el oráculo de Delfos morenista. Ya aprender para qué sirve un magistrado de sala regional es responsabilidad de cada quien.
- Se termine, de inmediato, con la práctica de dar efectos generales a las sentencias de amparo contra leyes y de otorgar suspensiones provisionales o definitivas en esos mismos procesos. Es decir, si se impugna la constitucionalidad de una ley por considerarla violatoria de los derechos humanos, el juez no podrá suspender su aplicación (ni en el caso concreto ni de manera general), incluso si los perjuicios son irreparables.
- Autoriza la creación de «jueces sin rostro» para procesos de alta peligrosidad.
Esta reforma constitucional fue cuestionada duramente por la Relatora Especial de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, por los gobiernos de los socios comerciales más importantes de México (Estados Unidos y Canadá), por todas las asociaciones empresariales de México, por todas las barras de abogados mexicanas, por todas las asociaciones de jueces del país, por las principales escuelas y facultades de derecho públicas y privadas, por la casi totalidad del poder judicial federal y varios poderes judiciales estatales, por asociaciones internacionales de jueces y abogados.
Esta reforma es contraria al texto vigente de la Constitución en todo lo que se refiere a la separación de poderes y la forma republicana del Estado. Es contraria a la posición de la Convención Americana de Derechos Humanos por lo que respecta a la independencia judicial y a los «jueces sin rostro», que ya fueron declarados inconvencionales. Es regresiva en materia de derechos humanos. No fue consensuada, negociada ni debatida ni en el Congreso federal ni en las legislaturas de los Estados, controladas por el partido de López, en las que fue aprobada.
«Cuando permitimos, y celebramos, la destrucción del Estado de derecho, abrimos la puerta a los totalitarismos»
Pero no sólo eso. A la reforma se le dio curso a pesar de existir diversas órdenes judiciales de suspensión que prohibían la aprobación en el Senado o el envío a las legislaturas estatales o su publicación el Diario Oficial hasta que se corrigieran los vicios constitucionales. Estas suspensiones no fueron impugnadas por la administración mediante los recursos previstos en la ley. Simplemente fueron ignoradas de plano. Cual si no existieran. Pese a ser constitucionalmente obligatorias.
Quedan pendientes de aprobación en el Congreso, equipado con sus brillantes mayorías calificadas lopezobradoristas tras los cohechos, amenazas y compras de votos de rigor, la integración al ejército (y a la justicia militar, no civil) de la policía federal, contraria a la opinión previa de la SCJN, la desaparición de los órganos autónomos de control y transparencia, incluyendo la Comisión Federal de Competencia y el Instituto Nacional de Acceso a la Información –nada de obstáculos en la aprobación de monopolios convenientes para el emperador ni de andar preguntando cuánto se gasta en tal o cual cosa–, y la ampliación del catálogo de delitos por los que se debe decretar prisión preventiva de oficio (en México, más de 50.000 personas están en la cárcel desde hace años esperando juicio), ya fue declarada inconvencional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al amparo de un tratado internacional que, dice la Constitución mexicana, es ley suprema en México.
Las multitudes aplauden.
La política es más fuerte que el derecho. Las instituciones que aseguran la igualdad de todos ante la ley y el mutuo control de las diversas ramas del gobierno son débiles. Ante el embate de un líder carismático que promete el paraíso para los desprotegidos, no pueden resistir si no estamos comprometidos con el diseño institucional del Estado de derecho. El buen dictador no existe. El buen tirano no existe. Por eso ponemos reglas del juego. Cuando permitimos, y celebramos, la destrucción del Estado de derecho y la actuación fuera de facultades de cualquier autoridad, abrimos la puerta a los totalitarismos de los que quisimos huir durante los últimos 80 años. Cuando damos nuestro beneplácito a que un déspota con aura de redentor, sea un juez, un presidente o un congresista, negocie con criminales, infiltre todos los contrapesos y compre todas las voluntades, entregamos nuestra certeza jurídica a cambio de cristales de colores.
Vea usted América Latina y cuénteme, cuál de esos taumaturgos benefactores del pueblo ha multiplicado los panes o garantizado la paz. La democracia mesiánica es un leviatán que se come a la democracia institucional. Mírese usted en nuestro espejo.
