El petróleo es clave para resolver el conflicto de Venezuela

Una de las razones históricas que explican por qué Venezuela siempre llamó la atención del mundo es su industria petrolera y sus enormes reservas de hidrocarburos, suficientes como para darle estabilidad al mercado mundial de combustibles fósiles y para levantar la postrada economía de este país convertido en asunto de ayuda humanitaria internacional.

Pero, las cuestionadas elecciones del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador sin presentar nunca las actas de resultados verificados, le quitan más legitimidad al gobierno y dificultarán el camino a nuevas inversiones internacionales, coinciden expertos.

También se dificulta, o más bien se hace imposible, refinanciar una deuda externa hoy de unos 165.000 millones de dólares que Maduro declaró de manera unilateral en 2017 en default (impagos). 

La renegociación de esa deuda se complicó después por la política de sanciones aplicadas por el Departamento del Tesoro a figuras del chavismo, por sus atentados contra la democracia y los derechos humanos, y extendidas a la República, a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), al Banco Central y a otras empresas públicas. 

Como las sanciones prohíben a ciudadanos y empresas de Estados Unidos negociar con personas y empresas venezolanas sancionadas, se hace imposible reestructurar esa deuda, emitir y vender  nuevos bonos, y volver a insertar a Venezuela en el sistema financiero internacional. 

Entonces, el default de la deuda, la quiebra de la estatal PDVSA, la trágica política económica venezolana y las sanciones de EEUU hacen un caldo siniestro que ayudan a mantener postrada la economía venezolana, no importa lo que digan los optimistas empresarios petroleros, ni los funcionarios del régimen chavista.

Esa deuda externa venezolana tiene varios componentes, según cálculos de economistas, incluye entre $60.000 y $90.000 millones en capital e intereses de papeles financieros vencidos, como bonos y pagarés emitidos por la República, Pdvsa y otras empresas del Estado. 

Además, incluye facturas comerciales a empresas proveedoras del país, y  –según cálculos del centro de pensamiento CEDICE para 2020- al menos unos $23.000 millones de dólares en arbitrajes reclamos por 59 empresas cuyos activos fueron confiscados por orden de hoy difunto Hugo Chávez, sin pagarles compensación alguna.   

Esas confiscaciones, mal llamadas expropiaciones, regresan ahora como un fantasma para recordar que el asunto Venezuela es mucho más complejo que unas elecciones no verificadas y que el que la debe la paga.

Esta misma semana saltaron nuevas evidencias de cómo el pasado no perdona. 

El viernes 27, un tribunal de Trinidad –reporta la agencia Reuters- ordenó la incautación de activos de PDVSA en esa isla vecina de Venezuela para asegurar el pago de al menos $1.330 millones que le debe el gobierno de Maduro a la petrolera estadounidense ConocoPhillips, por la expropiación de activos en la era de Chávez.

La petrolera le ha ganado a Venezuela fallos arbitrales en instancias internacionales, pero solo ha logrado recuperar 700 millones por esa demanda.

No está claro de inmediato cuáles activos están afectados.

En diciembre pasado los gobiernos de Venezuela y de Trinidad y Tobago firmaron un acuerdo para explotar el campo de gas Dragón, en aguas que separan ambos países, en alianza con la británica Shell. Se estima la producción y exportación futura de 400 millones de pies cúbicos de gas natural por día, equivalente a unos 71.000 barriles de petróleo (bpd).

En julio pasado, el gobierno de Maduro otorgó otra licencia, por 20 años, a la británica BP y National Gas Company, de Trinidad y Tobago, para explotar de manera conjunta otro rico campo, el Cocuina Manakin, en la plataforma continental del Atlántico.

Se supone que estos proyectos tienen su atractivo asegurado en los sedientos mercados de energía de Europa. Pero hasta ahora no está claro cómo serán impactados por la decisión del juez a favor de ConocoPhillips.

Otro golpe aún más fuerte lo recibió Venezuela con el avance de un remate judicial de la petrolera PDV Holding, propietaria de la refinadora Citgo, filial en Estados Unidos de PDVSA. Una fila de acreedores van contra ella para cobrarse deudas por hasta $21.300 millones que no les ha pagado el chavismo, por expropiaciones y bonos venidos. 

Entre esos cobradores están la minera canadiense Crystallex, tenedores de bonos de PDVSA y la misma ConocoPhillips. 

Según reportan medios desde Estados Unidos, el tribunal que lleva la subasta otorgó las acciones de la empresa inversionista Elliott Investment Management, que ofertó por $7.286 millones de dólares. La liquidación todavía depende de varios pasos judiciales.

A Rusia con amor

Justamente esta semana la vice presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ahora también ministra de Petróleo, viajó a Rusia para participar en el Foro Internacional Semana de la Energía, donde se reunió con aliados potenciales en busca de integración, cooperación y nuevos negocios.

«Resistimos ante las sanciones que afectan el 26% de la producción global de petróleo, causando daños al mercado energético mundial y denunciamos cómo las reservas de petróleo de la patria- las mayores del mundo- nos hacen un objetivo estratégico del Pentágono», dijo Rodríguez en un resumen de su participación que tuvo fuerte carga política.

Pero no hizo anuncios concretos de nuevas inversiones con los nuevos aliados, en su mayoría países del bloque antagónico a Occidente hacia donde Maduro se propone empujar cada vez más a Venezuela.

Por ahora Venezuela está a medio camino: ha dejado de pertenecer al concierto internacional de occidente, con sus instituciones y fuentes de financiamiento, pero todavía no terminan de llegar las masivas inversiones y ayudas desde Rusia, Irán, China y otras amistades complicadas. 

Mientras, la producción petrolera se mantiene estancada en torno a 850.000 barriles por día, no importa cuántas veces el gobierno afirme que pronto va a llegar a los dos millones de BPD.

«El peregrinaje para para volver a los icónicos tres millones de barriles por día dependerá pues del desenvolvimiento de la política interna del país», señala el experto petrolero y consultor Juan Szavo, ex directivo de PDVSA.

«Yo creo que está plenamente demostrado que bajo las condiciones actuales es poco lo que se puede hacer para resucitar la industria de los hidrocarburos», dijo sobre los problemas políticos y económicos de este país.

Llegar a esa cifra, «tomará bajo el mejor de los casos unos siete a ocho años y requerirá una inversión de alrededor de 100.000 millones de dólares» que incluyen remediación ambiental, seguridad, electricidad, infraestructura. De esos, $75.000 millones de dólares serían lo directamente invertido en producción de crudo, ha calculado Szavo en un reciente foro de la firma Analitica.com.

Hoy las principales aliadas de Venezuela en la producción petrolera y que han ayudado como «paños calientes» a un aumento limitado de la producción operando bajo licencias del programa de sanciones de EEUU, son Chevron, Repsol y Maurell and Prom.

«Para estas empresas más que el interés de participar en inversiones petroleras en el país, su menú principal es la recuperación de la deuda», señala Szavo.

Con el auge de la represión y las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del chavismo, tras las elecciones del 28 de julio, aumenta el aislamiento internacional de Venezuela, especialmente respecto a las democracias occidentales o los organismos de desarrollo, cuyas inversiones son imprescindibles para recuperar a la industria petrolera y la economía toda.

La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y las pequeñas guerras focalizadas en Oriente Medio imprimen más inestabilidad al mercado petrolero mundial.

Por eso se renueva el interés en proveedores americanos de petróleo, como Canadá, el propio Estados Unidos, Brasil y ahora Guyana. Juntos ya producen más petróleo que todos los socios de la OPEP y sus conflictos locales –incluyendo el de Venezuela, por cierto- palidecen delante de lo que sucede con otras guerras.

A muchas compañías petroleras, inversionistas y a gobiernos como los de Estados Unidos, España y Francia les conviene que la eterna crisis política y electoral de Venezuela se resolviera con unas elecciones creíbles, muy al estilo de las democracias occidentales.

Pero eso no ha pasado ni pasará en el escenario inmediato, lo que entonces siembra más dudas   acerca de lo que pasará con la industria petrolera y con los intereses de esas grandes empresas como Chevron, Repsol, Maurell and Prom (Francia), ENI (Italia) y hasta la CNPC (China). 

Por lo pronto, el gobierno de Estados Unidos anuncia que revisa la estructura de sanciones a empresas petroleras tras «el fraude» de las elecciones.

La industria petrolera está acostumbrada a los conflictos, pero requiere de inversiones enormes y con largo plazo de maduración y recuperación. Por eso es muy complicado que pongan sobre la mesa grandes apuestas cuando no tienen claro el futuro político e institucional de un país. Lo demás queda para fotos protocolares.