El Parlamento Europeo pide a la Generalitat que aclare cómo aplica el 25% de castellano
La Eurocámara, a instancias de Vox, pide explicaciones al Gobierno de Salvador Illa sobre sus políticas lingüísticas
El eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, interviene en el Parlamento Europeo. | Vox
El Parlamento Europeo enviará una misiva a la Generalitat de Cataluña para que explique cómo pretende cumplir la obligación de garantizar que al menos el 25% de la enseñanza se imparta en español. Lo hará a petición de Vox, que demanda al Govern que aplique las recomendaciones emitidas por la Comisión de Peticiones tras la visita de investigación realizada a Barcelona en 2023.
En aquella visita, la entonces consejera de Educación, Anna Simó, esgrimió ante los eurodiputados desplazados a investigar la inmersión lingüística que a los niños les «es fácil aprender castellano con la televisión y las redes». Unas palabras que no gustaron en Bruselas. Por eso, en marzo de este año, la Comisión de Peticiones de la Eurocámara aprobó un informe demoledor contra la Generalitat, instándola a garantizar la «igualdad de trato» de las dos lenguas en el sistema educativo.
En concreto, el Parlamento Europeo emitió una resolución en la que denunciaba la exclusión del español en el sistema educativo catalán y pedía que se cumpla la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en 2020.
Ahora, el Gobierno catalán, que ostenta el PSC con el apoyo externo de ERC, deberá responder por escrito a esta carta impulsada por Vox para «dejar claro si saldrá en defensa de los derechos lingüísticos de los estudiantes y sus familias o si, por el contrario, se arrodillará ante sus aliados separatistas para mantener un injusto régimen de inmersión lingüístico que se ha demostrado perjudicial para los estudiantes en Cataluña a la vista de los últimos informes PISA».
«Ante la inactividad del separatista Salvador Illa y la inactividad aún mayor del Gobierno de España, hemos planteado en Bruselas la recuperación de ese expediente para exigir al Gobierno socialista de Cataluña que informe acredite y responda de los incumplimientos de las recomendaciones, conclusiones y exigencias impuestas por el Parlamento Europeo», explica Jorge Buxadé a THE OBJECTIVE. El eurodiputado de Vox sostiene que «los derechos de los niños, padres y profesores catalanes son los derechos de todos los españoles».
El Gobierno del PSC
Buxadé denuncia que la política lingüística del PSC es igual a la de ERC. Se remite a que tras las elecciones de mayo de 2024 y el cambio de gobierno en Cataluña, la nueva consejera de Educación, Esther Niubó, a preguntas de Vox, «dejó claro que el Ejecutivo regional no tiene intención de implementar las recomendaciones europeas y seguirá aplicando la legislación educativa de 2022 impulsado por el anterior ejecutivo separatista, que no resuelve la discriminación que sufren las familias que desean que sus hijos reciban también clases en español».
«También dijo que la lengua en las aulas no entiende de porcentajes y así se blindaba para no aplicar el 25% de español en las aulas que mandó en su día la UE», zanja en respuesta a este medio. Lo cierto es que el nuevo consejero de Política Lingüística, Frances Xavier Vila, que formó parte del ejecutivo separatista de ERC, admitió este pasado mes de septiembre ante el Parlamento regional que Salvador Illa «me pidió continuar e intensificar las políticas lingüísticas llevadas a cabo» durante el Govern de Pere Aragonès.
Vox, que forma parte del grupo Patriotas por Europa, insta al Parlamento Europeo a que «mantenga la presión sobre el Gobierno catalán para que respete los derechos de los estudiantes y garantice la implementación de un mínimo del 25% de las materias troncales en español, tal y como lo establece el mandato judicial». Desde la formación conservadora blasonan de que para ellos «la batalla por la libertad educativa es una prioridad tanto a nivel nacional como europeo», y con esta iniciativa, dicen, demuestran su «liderazgo en la defensa de las personas castellanohablantes contra el rodillo impuesto por las fuerzas separatistas con el visto bueno del partido socialista».
