La normalidad autoritaria se instala en Venezuela
«El voluntarioso ‘anuncio’ desde Madrid de que Edmundo González asumirá el poder en Venezuela el 10 de enero choca con la realidad»
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el papa Francisco. | Ilustración: Alejandra Svriz
Entre lágrimas, las madres de al menos 67 adolescentes prisioneros piden que suelten a sus hijos para que puedan ir a clases este octubre. Cada día se suman más detenciones arbitrarias de activistas políticos que no tienen la suerte de contar con las gestiones de un Rodríguez Zapatero para que los salven de las rejas.
Junto con el miedo, las decoraciones de Navidad toman calles, páginas web, dependencias públicas y comercios, por orden del régimen de Nicolás Maduro. Es parte de la nueva normalidad de Venezuela, mientras, sin decir cómo, Edmundo González anuncia en Madrid que asumirá la presidencia el 10 de enero en Caracas.
En los últimos días, las ONG que con coraje se mantienen trabajando por la defensa de los Derechos Humanos, denuncian las horrendas condiciones en las que sobreviven los casi 2.000 presos políticos que mantiene el chavismo, una cifra que aumentó explosivamente con la ola represiva desatada tras las cuestionadas elecciones de 28 de julio.
Dos vasos de agua por día, comida con gusanos, confinamiento, imposibilidad de recibir visitas ordinarias y sin acceso a la defensa o a los expedientes, son las condiciones generales en las que están los presos políticos, denuncian familiares, abogados, activistas políticos y ONG dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos.
«No hace falta cometer delito para estar preso en Venezuela, no hace falta una orden de aprehensión de un tribunal, basta con decir ‘operación tuntún’. En Venezuela estamos en el momento más oscuro, no hay justicia por ningún lado. Estamos en una situación gravísima, nunca antes el país había atravesado una situación como la de ahora», resume el abogado Joel García, durante un taller en la Universidad Central de Venezuela.
La operación Tun Tun es una práctica de detenciones arbitrarias en las que agentes de la policía política derrumban puertas y allanan sin orden las casas de los opositores o sospechosos, señalados por los jefes del régimen, o en las redes comunales chavistas de información en los barrios.
Humberto Prado, de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, denuncia que a dos meses de las detenciones masivas todavía hay presos que no han podido ni ver a sus familiares, o comunicarse con ellos.
En el país o afuera, son más conocidos los casos de dirigentes de partidos capturados en los últimos dos meses, pero el drama de al menos 1.905 presos políticos identificados por la ONG Foro Penal, entre manifestantes, activistas, estudiantes, periodistas, sindicalistas y defensores de los derechos humanos, atraviesa como un cuchillo la vida cotidiana de miles de centenares de personas y familias.
El Gobierno dice que pasan de 2.000 los detenidos tras las manifestaciones, que todos son «fascistas y terroristas» y parte de un plan con ramificaciones en Estados Unidos y España para eliminar a Maduro. La Fiscalía chavista pide penas de prisión de 10 años para los menores de edad y de entre 20 y 30 años para los adultos.
¿Qué pueden pensar estos presos y sus seres queridos cuando desde Madrid o desde Caracas Edmundo González o María Corina Machado dicen que este Gobierno chavista será desalojado del poder el 10 de enero? ¿Sueñan con la libertad, con volver a sus casas, con que Venezuela cambiará?
En realidad, hay pocas razones objetivas para creer eso a la fecha, 6 de octubre de 2024.
Venezuela más allá de las palabras
El mundo está en vilo y más atribulado con otros dramas de escala mayor, como la guerra de Israel contras los árabes en tres frentes simultáneos y las miles de víctimas inocentes de la confrontación política y religiosa en el Oriente Medio. También están la guerra de Rusia contra Ucrania; la catarata constante de inmigrantes en su mayoría africanos que llegan –o mueren intentando llegar- cada día a las costas europeas; y están los desastres naturales y los efectos del cambio climático.
La oposición venezolana tiene que competir en este escenario por la atención y el apoyo mundial. Internamente, tiene que competir contra la represión y la fuerza del régimen chavista, contra la propaganda y la desinformación oficialista; contra el desaliento y la desesperanza; y contra una crisis económica que mantiene sumida en la pobreza a la vasta mayoría de los venezolanos comunes.
La firma encuestadora Poder y Estrategia ha encontrado en septiembre que el 20% de los venezolanos quisiera irse del país y el 6% tiene planes concretos para irse.
El Banco Mundial calcula que dentro de Venezuela viven hoy 28,8 millones de personas. Suponiendo que ese 6% logre escapar a la crisis, eso significa más de 1,7 millones de nuevos migrantes y refugiados que tocarán las puertas de otros países para intentar comenzar una mejor vida. Estados Unidos y España están entre esos destinos preferidos de quienes intentan sumarse a los casi ocho millones que ya se fueron.
Ya hay más de medio millón de venezolanos instalados en España, por lo que no extraña que una manifestación opositora reúna más gente en la Puerta del Sol que en cualquier plaza de la aterrorizada Caracas.
Por eso el asunto Venezuela es de pleno interés para la política interna de España, más allá de la eterna pelea entre el PP y el PSOE, más caldeada ahora que Edmundo González es usado como una nueva pieza importada en este tablero. España es hoy para la oposición venezolana una caja de resonancia en Europa para denunciar las violaciones a los Derechos Humanos, «la usurpación del poder por parte de Maduro y el chavismo» y el deterioro de un país deshilachado.
Mientras tanto, desde Caracas el Gobierno chavista teje cada día su realidad paralela, y avisa por enésima vez que no va a dejar el poder. Y la verdad, hasta la fecha parece que no hay forma de que alguien los obligue, porque tiene todas las armas. El costo de quedarse es mucho menor al de salir. Y ya sabemos que a nadie le gustaría convertirse de príncipe a mendigo o prisionero de un momento a otro por decisión propia.
«Victoria popular y aquí estamos de pie en la calle con el pueblo y avanzando hacia más revolución. Hemos consolidado la paz, vamos consolidando el crecimiento económico y dijimos a los fascistas no han podido ni podrán», ha proclamado esta semana Maduro.
«Fascista» es el término usado por los chavistas para referirse a la oposición.
El heredero de Hugo Chávez recalca que su ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, ya habla de forjar «una instancia superior de la unión: la fusión del poder popular, el poder militar y el poder judicial, para la defensa de la soberanía, la independencia, la Constitución, la democracia y el derecho a la paz de nuestro pueblo».
Ese poder judicial fusionado con el militar es el mismo que ratificó de forma inapelable, según el Gobierno, el triunfo de Maduro.
«Es que eso ya está escrito con tinta legal del pueblo. El pueblo decidió así que la revolución democrática bolivariana socialista sigue su marcha, que el presidente se llama Nicolás Maduro. Venezuela no se va a dejar quitar la revolución», proclamó el gobernante en un programa esta semana.
«La Constitución dice que el presidente electo proclamado por las autoridades se juramentará el 10 de enero del año próximo ante el Poder Legislativo del país, la Asamblea Nacional», electa en 2020, que preside Jorge Rodríguez (otro de los cinco grandes jefes del chavismo).
Maduro atajó los rumores que indican que Edmundo González será juramentado en Madrid por un grupo de disidentes allá exiliados. «¿Usted se va a juramentar ante el rey de España o serán las Cortes, el Congreso de España que lo va a juramentar?», se pregunta Maduro. «Esto sencillamente es otra operación de engaño», ha afirmado.
Maduro esta semana inició la Navidad en Venezuela por decreto. Mandó a decorar con motivos pascuales dependencias públicas y hasta comercios privados; en calles, avenidas y plazas hacen conciertos con música de temporada. Por encima de los nacimientos (belenes) predomina los arbolitos anglosajones, inclusive en el palacio de gobierno de Miraflores y en la sede del Tribunal Supremo de Justicia. La Navidad, dijo, comenzó el 1 de octubre y va hasta el 15 de enero, después de su proclamación y está prohibido aburrirse. Igual, el año 2025 y el nuevo período de gobierno ya comenzó por la fuerza.
