El Gobierno de Milei suspende la pensión de Fernández de Kirchner por su condena
«La jubilación a exmandatarios es un privilegio que no debería existir», ha afirmado el portavoz del Ejecutivo argentino
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.
El Gobierno de Argentina ha anunciado este jueves que ha suspendido la pensión que cobraba la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por haber ejercido como líder del Ejecutivo, además de una complementaria que cobraba por el fallecimiento su marido, el también expresidente Néstor Fernández de Kirchner; por la condena por corrupción que recibió este miércoles. La jubilación que venía cobrando Cristina Fernández ascendía a los 21 millones de pesos al mes -poco menos de 20.000 euros al cambio oficial-.
«La señora Cristina Kirchner fue condenada como autora del delito de acción fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño», ha asegurado el portavoz del Gobierno, Manuel Adorni, en rueda de prensa. «La jubilación a exmandatarios es un privilegio que no debería existir en la Argentina, más aún si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a millones de argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política», ha añadido en declaraciones recogidas por La Nación.
El portavoz del Gobierno ha explicado que se trata de llevar a la política diaria «un manto de cordura a la gestión pública». «Durante el mandato del presidente Milei, la Argentina no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y haya mancillado el honor y la dignidad de los argentinos», ha incidido.
El Ejecutivo ha añadido en un comunicado que es «una necesaria consecuencia» por la «indignidad» de su condena por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ratificó el miércoles la condena de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua dictada contra Fernández dentro de la denominada ‘Causa Vialidad’, en la que se han examinado supuestos fraudes en la concesión de obra pública. Pese a que cabe aún recurso en el Supremo, el Gobierno ha decidido despojarle de ciertos «privilegios».
