Una nueva ley echa la última pala de tierra a la oposición en Venezuela
Quien llame «presidente electo» a Edmundo González será castigado con una pena similar a de un descuartizador
María Corina Machado y Edmundo González. | Archivo
La ley «Libertador Simón Bolívar», aprobada por la Asamblea Nacional, supone penas extremas para quienes promuevan, apoyen o difundan cualquier tipo de acción extranjera contra Venezuela. Y, para los efectos del poder, Venezuela significa el chavismo, que ahora es intocable y blindado a cualquier crítica. El miedo y la coerción como arma cobran más fuerza porque la nueva ley castiga con la ira de Zeus a quien no reconozca, o cuestione, el origen de los poderes vigentes, o de Nicolás Maduro como presidente constitucional.
Toda esta gente pasa a ser «traidores de la patria» y los castigos se parecen a los que se aplican en una nación en guerra. El problema adicional, observan entendidos, es que es muy amplia en su sentido, se presta a la interpretación discrecional de cualquier oscuro juez de instrucción, o de los máximos exponentes del sistema.
La serie de sanciones decretadas por los sucesivos gobiernos de Estados Unidos contra las principales figuras del chavismo y contra la compañía estatal petróleos de Venezuela (PDVSA), el Banco Central, y contra la República, han venido acumulando su inutilidad con los años. Como ocurrió con Cuba, las sanciones nunca han servido para propiciar un cambio de régimen político y no afectan a los jerarcas. Pero generan daños colaterales en la población en general y terminan sirviendo de excusas al gobierno para justificar el desastre de la economía y la deplorable condición económica de un país que hoy compite con Haití y Nicaragua y con la propia Cuba en el podio de los más pobres de América.
Ahora las sanciones sirven de atroz justificativo para que el chavismo saque del medio definitivamente y hasta el final de los tiempos a lo que quedaba de la oposición política organizada. Como se sabe, los opositores en Venezuela de cualquier rango, desde la líder electa en primarias María Corina Machado, hasta cientos de miles de jóvenes activistas de cuadros bajos y medios de partidos políticos, así como millones de anónimos militantes, ya están en la clandestinidad, en el exilio, prisioneros o simplemente silenciados.
Made in USA
«Una ley para hacer justicia, para defender a Venezuela y para vencer, y venceremos todas las amenazas y todos los bloqueos del imperialismo norteamericano y sus gobiernos satélites», dijo Maduro la noche del viernes al promulgar la Ley y ponerla en plena vigencia después que el Tribunal Supremo de Justicia la declarara como orgánica. Según reseñan los medios de información propaganda del chavismo, la ley viene «a poner orden frente a aquellos que intentan desestabilizar el país» y enfrenta «a aquellos grupos que convierten su labor oposicionista en lacayos del imperio».
Los argumentos de EEUU para estas sanciones, llamadas «medidas coercitivas unilaterales» por el chavismo, son castigar al régimen por sus constantes atentados contra la democracia y los Derechos Humanos (denuncias que han llegado la ONU y a la Corte Internacional de Justicia), por la persecución de opositores políticos, por presunta corrupción y en ciertos casos de sanciones individuales, por supuesto narcotráfico. Recientemente los republicanos y demócratas en el Congreso de Estados Unidos dieron un paso más lejos y desempolvaron un antiguo proyecto de ley para aprobarlo en la Cámara de Representantes. Hay claras expectativas de que sea sancionado en el Senado y puesto en vigor por el próximo presidente Donald Trump, quien en el pasado tuvo una política de garrote sin zanahoria con el gobierno de Maduro.
Llamada falazmente «Ley Bolívar», (acrónimo de «Banning Operations and Leases with the Illegitimate Venezuelan Authoritarian Regime Act», o Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Ilegítimo Gobierno Autoritario de Venezuela) ese proyecto prohíbe al Gobierno de Estados Unidos o a cualquiera de sus agencias o ejecutivos, contratar o firmar contratos con cualquier empresa o persona que mantenga relaciones con el Gobierno de Venezuela, al cual no reconoce porque considera ilegítimo desde las también cuestionadas elecciones de 2018. En la práctica, sería ilegal por ejemplo que una empresa o ejecutivo de EEUU establezca negocios con el potencialmente atractivo sector petrolero venezolano, o que comercie con el país. También sería ilegal intentar renegociar la enorme deuda externa de Venezuela, cuyos principales acreedores son tenedores de bonos transados en los mercados financieros estadounidenses, por cierto.
Esa deuda, declarada de manera unilateral en moratoria por Maduro en 2017 (antes de las sanciones), llega hoy a unos $162.000 millones. Eso incluye unos $90.000 millones en deuda financiera con bonos vencidos en capital e intereses, que en algún momento deben ser refinanciados, y unos $20.000 millones en laudos arbitrales a favor de empresas extranjeras cuyos activos fueron confiscados por el régimen socialista. En definitiva, dos grandes obstáculos para la recuperación de Venezuela, como son la enorme deuda externa que debe ser renegociada para permitir ingresos masivos de capitales al país, y el estado de la malograda industria petrolera, -sedienta de inversiones y nuevos socios-, serán problemas que se prolongarán indefinidamente.
También se prolongará el ya fortalecido chavismo en el poder, declarado recientemente con todas sus letras un sistema «popular, militar y policial». Para algunos, esta es la madre de todos los problemas. El asunto es que ya ese proyecto de Ley que va al Senado de EEUU, junto con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, han sido nuevos detonantes que radicalizan más aún al chavismo. Y como el régimen dice librar «una guerra de última generación» por el futuro de la llamada revolución bolivariana, ha respondido con su propia Ley Libertador Simón Bolívar, que promete hacer pagar a justos, pecadores, distraídos, e incrédulos, todos en un mismo saco. Como en toda guerra, a muchos «fusilarán» de manera sumaria.
Su objetivo es tan amplio que en ella caben todas las acciones de quienes se opongan de alguna manera al régimen chavista, no necesariamente a quienes apoyen sanciones desde el extranjero. «Legaliza la arbitrariedad» resume un abogado. «Esta Ley tiene por objeto proteger al pueblo venezolano contra la actuación de personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras, que promuevan, invoquen, respalden o participen en la imposición de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, así como de acciones contra la seguridad de la Nación, que atenten contra la soberanía, la nacionalidad, la independencia, la autodeterminación, la integridad territorial, los valores culturales, los símbolos patrios, los intereses de la República Bolivariana de Venezuela, y los derechos humanos de la población, incluido su derecho a la paz y a un desarrollo económico independiente y sostenido», dice al artículo primero.
De ahí en adelante esta ley orgánica (significa que está por encima de otras leyes vigentes) explica su finalidad y recalca castigos que incluyen inhabilitación política por 60 años; entre 25 y 30 años de prisión, confiscación de bienes, expulsión de extranjeros, multas de entre 100 mil y un millón de euros a medios de comunicación de cualquier tipo que hagan publicidad o difundan mensajes a favor de sanciones al chavismo o que desconozcan a las autoridades en ejercicio. Además, crea un registro previo de todas las personas potencialmente sujetas a la aplicación de esta ley, con un inventario de sus bienes para confiscarlos llegado el caso y congelarles todas sus cuentas.
Este registro nacional sin sentencia previa, que pone en el radar a supuestos ofensores futuros, «es la derogación legal de la presunción de inocencia», observa un jurista. «El desconocimiento de los Poderes Públicos legítimamente instaurados» en Venezuela, «de sus actos o sus autoridades, así como el reconocimiento de sujetos, grupos u organizaciones ilegítimas que actúen simulando ejercer competencias de Poderes Públicos venezolanos, sus autoridades o entidades descentralizadas, territorial o funcionalmente», también será castigado.
Eso significa que quien, aunque sea a manera de chiste, ponga en duda si Maduro ganó o no las elecciones del 28 de julio, o quien llame «presidente electo» a Edmundo González, el candidato opositor exiliado en España, será castigado con una pena similar a la vigente hoy para un asesino que descuartice a su familia. También se expone al infierno en vida quien por ejemplo replique en una red social un mensaje de alguien como María Corina Machado. Será quebrado el medio de comunicación que difunda un mensaje de ella llamando a una marcha de protesta, o quien acepte una publicidad de un partido opositor en contra de las autoridades en ejercicio.
Esto, de entrada, amplía el estado de censura y censura previa desde hace tiempo presente en Venezuela, y puede acabar con los pocos medios independientes que quedan en pie. «Esta ley no debe convertirse en instrumento para perseguir a quienes, desde una oposición legítima y crítica, luchamos por una nación más justa y por el fortalecimiento de la democracia en nuestro país», dice el sociólogo chavista Darío Morandy, en una columna en el medio chavista «Aporrea».
«Venezuela vive momentos donde la línea entre justicia y autoritarismo puede volverse difusa», advierte este exembajador en Guyana. Ya la ley comienza a mostrar su poder, de hecho, muy pocos se atreven a discutir en público sus alcances, su impacto y sus implicaciones. Es santa palabra.
