Otros 730.000 venezolanos se marchan de su país: se agrava la crisis de refugiados
La inseguridad, los riesgos en las rutas, las barreras a la integración y los tratos xenófobos son algunos de los retos
Emigrantes venezolanos intentan llegar a EEUU. | EP
Venezuela es desde hace algunos años un caso de crisis humanitaria compleja y por los vientos que soplan va a seguir siéndolo, con un impacto colateral en muchos países americanos y por carambola en algunos europeos, como España.
Hoy hay esparcidos por el mundo al menos 7,9 millones de personas de Venezuela. La cifra con seguridad es más alta porque estamos hablando sólo de los registrados por los gobiernos anfitriones, que no toman en cuenta a quienes no tienen un estatus migratorio regular. Esto lo explica R4V, la Plataforma Regional de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), que es coordinada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.
A noviembre de 2024, alrededor de 7,9 millones de venezolanos habían abandonado su patria, con más de 6,7 millones residiendo en los 17 países que forman parte de la respuesta R4V. El resto está esparcido por decenas de otros destinos, principalmente por España y Estados Unidos.
La Plataforma, que acaba de presentar su Plan de Respuesta 2025/2026 para Migrantes y Refugiados Venezolanos. El documento pone en perspectiva el mayor éxodo contemporáneo vivido por un país en ausencia de una guerra o un gran desastre natural.
Ya hoy, uno de cada cuatro venezolanos vive en el extranjero.
«La complejidad de la situación ha aumentado, con diversas nacionalidades y patrones de desplazamiento», dice el documento, al explicar que los países de la región se enfrentan a las perturbaciones económicas mundiales, la inflación y el elevado coste de la vida. «Estas presiones agravan las vulnerabilidades socioeconómicas, sobre todo para quienes buscan sus comunidades de acogida».
Reconoce los esfuerzos de las comunidades y gobiernos que han recibido a estas personas y que siguen proporcionando protección, ampliando las oportunidades de integración y servicios esenciales a refugiados y migrantes. Pero persisten «barreras significativas», como limitado acceso al asilo o a un estatus regular, a protección social y a servicios esenciales.
Este río de gente que se esparce por numerosos países no se detiene, sino que cobra más cauce: la Plataforma prevé que en 2025 el número de migrantes y refugiados solamente en América Latina y el Caribe llegará a 7,030 millones, para saltar a 7,320 millones en 2026.
España como plan B
Esto significa que en estos dos años saldrán unos 730.000 mil venezolanos más respecto a los 6,59 millones que había a medidos de 2024 solamente en esta región del mundo.
Y falta contar los que se irán a Estados Unidos y a España, los dos principales destinos entre los países desarrollados preferidos por esta ola migratoria.
Ya en 2022 había en España 477.000 venezolanos registrados, según las cifras oficiales del INE, recogidas por la Plataforma. Pero desde entonces ha venido subiendo el número oficial, en la medida en que los huidos de la llamada revolución bolivariana han regularizado su situación migratoria en el reino español.
Solamente en 2023 se otorgaron 140.214 autorizaciones de residencia, con un aumento del 46% respecto a 2022 y ya el colectivo de venezolanos es el segundo con más permisos de este tipo, después de los naturales de Marruecos. Además, comprenden el 12% de todos los permisos otorgados a personas de 15 nacionalidades, según los datos del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Para el 30 de junio pasado el número de permisos había subido a 172.000.
Sobre Estados Unidos no hay número más actualizados, pero allá vivían en condición migratoria regular 545.000 venezolanos en el año 2022 y ese era el cuarto destino mundial más importante para esta diáspora. Esos números han seguido aumentando con fuerza: solamente en los últimos tres años fiscales que terminan cada octubre, la Patrulla Fronteriza suma 836.000 detenciones de personas venezolanas que intentaban entrar de manera ilegal a Estados Unidos.
Este es el colectivo más alto después de los mexicanos, lo que no es cualquier cosa si se considera que la mayoría de esas personas llegaron allí por vía terrestre, en vehículos, caminando, o en bote, tras recorrer unos 4.500 kilómetros que separan la frontera de Venezuela de la de México con el sur de Estados Unidos.
Ahora, con la llegada de Donald Trump al poder, ya hay avisos de que Estados Unidos apretará mucho más sus medidas para frenar o al menos disminuir esa presión migratoria, devolver a muchos que están en situación irregular y hasta poner fin a permisos temporales de residencia y trabajo. Esto disuadirá a muchos de los que van en camino o ya están allá. Y, como se ha verificado de manera empírica en algunos casos puntuales, muchos querrán voltear su mirada a España para intentar el sueño de encontrar un mejor destino a donde ir con sus huesos y su familia.
En este nuevo Plan de Respuesta calcula de esos más de 7,7 millones de migrantes y refugiados esparcidos por América Latina y el Caribe, 4,37 millones necesitarán ayuda humanitaria en 2025. En 2026 la necesitarán 4,53 millones de personas.
Para atender esa demanda de ayuda en comida, salud, transporte humanitario, alojamiento, inserción social en las comunidades de tránsito y acogida final, lucha contra el tráfico de personas y la violencia, hace falta conseguir 1.400 millones de dólares para 2025 y otros 1.290 millones para 2026.
Es una tarea difícil, si se considera que para 2024 apenas levantaron el 34% de los cerca de $1.590 millones requeridos para atender esta crisis continental con este plan de respuesta que reúne el esfuerzo sumado de 230 organizaciones, incluyendo 14 agencias de la ONU y 125 oenegés.
Bitácora de viaje
Y mientras ya crece el número de personas huyendo de Venezuela y crecen las necesidades, el panorama político y económico del país, es decir los dos propulsores de ese viaje colectivo, siguen recalentándose con fuerza.
A partir del 10 enero Nicolás Maduro asumirá su tercer período de gobierno y, según los indicios, no será reconocido por varias influyentes democracias de América y Europa. Eso hace prever un mayor aislamiento internacional del país y mayores restricciones para la llegada de fondos a esta arruinada economía que necesita varios miles de millones para enfrentar una crisis energética, de servicios y de infraestructura que lleva años.
Gracias a una leve recuperación de la industria petrolera, de la mano de empresas como Chevron, Repsol, ENI y la china CNPC, la economía había mostrado cierta recuperación desde 2022, con modestas tasas de crecimiento, menos inflación y cierta estabilidad del tipo de cambio.
Pero todo eso parece estar desmoronándose. Solo en los últimos seis meses, el bolívar, la moneda local se ha devaluado cerca de 40% en la tasa oficial y 42% en la paralela, que es la referencia de precios en toda la economía.
La inflación estaba controlada para los estándares venezolanos y según la tasa oficial había sido de 16,6% entre enero y octubre, en contraste con el 189% de todo 2023.
Pero los precios ya están dando importantes saltos: la inflación oficial pasó de 0,8% en septiembre a 4% en octubre.
Según cálculos del privado Observatorio Venezolano de Finanzas, en noviembre fue de 12% con un 67% anualizado.
El asunto con la migración venezolana tiende entonces a agravarse por todos los frentes, lo que mantiene encendidas las alarmas en los países involucrados de algún modo con este malogrado país.
En el plan Respuesta a esta crisis, Eduardo Stein, representante especial conjunto de Acnur y la OIM para migrantes y refugiados de Venezuela, señala que los retos «son profundos y siguen evolucionando».
Los acontecimientos en Venezuela, incluidas las elecciones nacionales, la suspensión de los servicios consulares en algunos países de la región, la modificación de los marcos reguladores y los desastres medioambientales ponen de manifiesto esa complejidad, dice.
Este panorama se ve agravado por la inseguridad persistente, el aumento de los riesgos a lo largo de las rutas migratorias, y las barreras estructurales a la integración de esas personas, mientras aumentan los tratos discriminatorios y xenófobos en algunas comunidades de acogida. Por lo menos, que se sepa, en España todavía no.
