Trump contra los jueces: tres asaltos de la batalla por el futuro de Estados Unidos
Los juzgados han paralizado temporalmente tres medidas estrella del presidente
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. | Reuters
Apreciado lector, cada semana en Washington parece más convulsa que la anterior. Esta, en particular, ha sido un auténtico campo de batalla, con un protagonista indiscutible: Donald Trump. El presidente está enfrentado a un poder judicial que, según él, busca socavar su agenda desde los tribunales. Del otro lado del cuadrilátero, jueces que intentan bloquear las decisiones que salen desde el escritorio Resolute del Despacho Oval. Hoy les quiero contar una historia que se desarrolla en tres asaltos diferentes.
Primer asalto: la jueza Reyes y el veto transgénero
El primer asalto se produce por uno de los fallos más significativos desde la llegada del presidente a la Casa Blanca para este segundo mandato; fallo que esta vez provino de la jueza federal Ana Reyes. La jueza bloqueó temporalmente la orden ejecutiva de Trump que prohibía a las personas transgénero servir en el ejército de los Estados Unidos. Según Reyes, la medida podría violar derechos constitucionales y causar un daño irreparable a quienes actualmente sirven en las fuerzas armadas.
Como era de esperar, los demócratas, partido de oposición a Trump, celebraron la decisión como un triunfo de la inclusión y la equidad. Sin embargo, la Casa Blanca no tardó en reaccionar. Trump, fiel a su estilo combativo, anunció su intención de apelar la decisión y acusó a la jueza de interferir con la autoridad del comandante en jefe. La pregunta se elevó hasta el Tribunal Supremo que, sin duda alguna, aunque tiene una mayoría conservadora, seguramente se pronunciará en derecho como la dignidad de la toga lo ordena.
La guerra ha sido especialmente intensa: el presidente calificó a Reyes de «activista judicial» y denunció que estas decisiones ponen en riesgo la seguridad nacional. El término «activista judicial» se ha convertido en una de sus expresiones predilectas, junto a otras como «aranceles».
Este fallo reavivó el debate en el Congreso que, por estos días, tiene una mayoría republicana especialmente en la Cámara Alta. Los demócratas han advertido que cualquier intento de restablecer la prohibición enfrentará una feroz oposición, mientras que los republicanos defienden que la prioridad del ejército debe ser la operatividad y no la agenda ideológica que desde hace años viene haciendo de las suyas.
Segundo asalto: el pulso por USAID y la motosierra de Musk
Paralelamente, otro juez federal ordenó al Departamento de Justicia que detuviera los esfuerzos para desmantelar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), un símbolo de la diplomacia estadounidense por años que ahora ha pasado a ocupar los titulares de la prensa mundial por gastos que siguen sin explicarse.
Entre estos, se incluyen miles de dólares para programas como una ópera trans en América Latina o incluso programas destinados a fomentar la inclusión en selvas del hemisferio occidental. Trump impulsó una reforma para recortar drásticamente su presupuesto y funciones, alegando que muchos de sus programas no beneficiaban los intereses nacionales como debe ser.
En este caso, el fallo significa un nuevo obstáculo para la Administración, que ha encontrado en los tribunales una muralla contra sus intentos de reestructurar el Gobierno. Trump reaccionó con dureza, denunciando un «abuso judicial» y acusando a los jueces de actuar como un freno a su mandato.
Tercer asalto: el juez Boasberg y la inmigración
El tercer gran frente judicial y asalto de la pelea lo protagoniza el juez James Boasberg, quien bloqueó temporalmente las nuevas medidas migratorias de Trump, que buscaban acelerar las deportaciones de inmigrantes ilegales, incluyendo a miembros del temido cártel Tren de Aragua que, a propósito, acaba de ser designado grupo terrorista.
La Administración defendió que estas deportaciones son cruciales para la seguridad nacional, pero Boasberg argumentó que la medida violaba el debido proceso y debía ser suspendida de inmediato. El zar de la frontera Tom Homan y Stephen Miller, subjefe de gabinete de Trump, de hecho, declaraban esta semana en el jardín norte de la Casa Blanca, en una rueda de prensa en la que estaba presente THE OBJECTIVE, que los jueces no tienen la autoridad para decirle al presidente cómo operar su política exterior y que cuando la decisión de Boasberg se firmó, el vuelo con deportados ya estaba sobre aguas internacionales.
El fallo generó indignación en la Casa Blanca, que acusa al juez de obstaculizar sus esfuerzos por frenar la inmigración ilegal. Trump, sin medias tintas, lo llamó lunático de izquierda y la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, lo calificó como «activista» y «postulado por Obama» revelando que, incluso, la esposa de Boasberg habría hecho una donación de cerca de 10.000 dólares a los demócratas.
¿Quién manda realmente en EEUU?
Los tres enfrentamientos, ocurridos en el cuadrilátero en el que se ha convertido Washington DC, ponen de manifiesto un patrón que parece repetirse a lo largo del mandato de Trump: el enfrentamiento directo entre el presidente y el poder judicial. Mientras sus detractores lo acusan de querer socavar las instituciones, sus seguidores ven en estos fallos una prueba de que la élite judicial busca frenar cualquier intento de reforma real como le ocurrió, argumentan, durante su caso en Nueva York que lo llevó a ocupar titulares de la prensa mundial como investigado.
La pregunta que queda en el aire es clara: ¿puede un presidente gobernar cuando cada una de sus decisiones es cuestionada en los tribunales? Trump, sin duda, seguirá dando la pelea en el ring, y sus rivales en la judicatura parecen dispuestos a no ceder ni un milímetro. El futuro de Estados Unidos, estimado lector, hoy se juega tanto en la Casa Blanca como en los tribunales.
