Cómo Trump es el villano invitado en la mala película venezolana
«Era la esperanza blanca de ingenuos opositores que apostaban para que el magnate los ayudara a desalojar a Maduro»
Donald Trump. | Reuters
Por una cruel ironía de los tiempos que corren, Donald Trump es hoy el nuevo enemigo de los venezolanos y por carambola un estratégico colaborador de Nicolás Maduro. Y aquí hay algunas lecciones para Europa y España. Trump era la esperanza blanca de ingenuos opositores que apostaban a los viejos tiempos de «máxima presión» para que el magnate los ayudara a desalojar al chavismo del poder. También soñaban con que mantendría un trato preferencial o comprensivo para los miles de migrantes venezolanos en Estados Unidos.
En cambio, Trump ya se ha encumbrado en estos dos primeros meses de su gobierno como el nuevo y peligroso integrante de la infame lista de gobernantes autoritarios del mundo. Y en esta plantilla de ‘Premier League’ jugadores como Maduro o el salvadoreño Nayib Bukele quedan como meros aficionados. Así como no hay dictaduras buenas y dictaduras malas por ser de derechas o de izquierdas, el autoritarismo tampoco se salva por sus supuestos orígenes electorales.
El papelón migratorio
El estilo salvaje de Trump para lidiar con el problema migratorio también puede volverse una moda o una tendencia a copiar por políticos radicales de toda Europa. Mientras, ya tiene impacto directo sobre la vida de millones de personas.
Antes de que arreciaran las políticas de Trump ya había 726.560 solicitudes de deportaciones de venezolanos pendientes de decisión en los tribunales migratorios de EEUU, según cifras de fuentes oficiales recabadas por la acuciosa plataforma TRAC (Transactional Records Access Clearinghouse) de la Universidad de Syracuse. Esta es la data más completa sobre esos procesos judiciales en ese país.
Los venezolanos defienden 745.873 casos en tribunales de migración, en busca de un estatus legal definitivo. Hasta ahora apenas 22.291 han logrado el anhelado asilo que los ponga a salvo de una deportación sumaria. Aunque hay otros miles en situación legalizada. Los números vienen a la mesa esta semana en la que el autoritarismo de Trump mandó a una cárcel de máxima seguridad de El Salvador a poco más de 230 venezolanos sin presentar pruebas de que todos sean delincuentes.
El magnate está detonando la división de poderes públicos, irrespetando el otrora sagrado poder judicial y la investidura de los jueces federales, mientras ha cortado de un plumazo instituciones emblemáticas en la defensa de las libertades y la democracia. También ha llevado al nivel del paroxismo su estilo de recurrir al uso de la mentira y la desinformación como herramienta para el ejercicio del poder.
En los últimos días agentes de su Gobierno han recurrido a prácticas bien conocidas en países como Venezuela, cuando se trata de perseguir a un ciudadano común y violentar las libertades civiles y los derechos humanos. Agentes federales allanan viviendas y encarcelan personas (en su mayoría migrantes, por ahora) sin órdenes judiciales ni derecho a la defensa, mientras las etiquetas sustituyen los cargos y los juicios.
«En un mundo donde se tiende a relativizar todo fuera de contexto, y donde la democracia como institución y régimen político está en retroceso, será muy difícil aplicar un doble rasero con tipos como Putin, Trump y Maduro».
Políticos cómo la líder de la oposición venezolana María Corina Machado están desconcertados y no se atreven a condenar las expulsiones sumarias de venezolanos a cárceles de Ecuador acusados de pertenecer a la banda trasnacional Tren de Aragua solo porque usaban tatuajes.
Vidas atravesadas
Lo que es peor, la oposición venezolana tampoco ha cuestionado la nueva política migratoria de Trump que convierte en poco menos que en delincuentes a miles de migrantes que hipotecaron sus vidas para irse a vivir a Estados Unidos y que ahora enfrentan una tragedia familiar.
La última medida de Trump es un problema de impacto masivo. No se trata de unos pocos supuestos delincuentes enviados a El Salvador, sino de unos 600.000 beneficiarios del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Los primeros de la lista ahora tienen 30 días para salir del país sin ser deportados. Eso significa desmontar vidas, rutinas, negocios, inversiones y planes familiares.
La mayoría de las personas que se aferraron al programa de TPS potenciado por Joe Biden vendieron lo poco o lo mucho que tenían en Venezuela para financiar sus viajes, el papeleo necesario y la instalación en EEUU. Se quedaron, sin casas, sin coches, sin muebles y ahora muchos sin patria, porque temen regresar a Venezuela no solo por las condiciones económicas del país, sino porque en lo personal se sienten perseguidos políticos. En esa ola migratoria de los últimos años hay muchos jóvenes militantes y activistas de esos partidos desmantelados por el autoritarismo chavista y su cooptado sistema judicial, mientras arrecia la persecución política.
El gobierno de Trump ordenó revocar los primeros 532.000 permisos para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses. Cuando la administración del buenazo de Joe Biden decidió incluir a los venezolanos entre los beneficiarios del TPS, su Departamento de Seguridad Nacional argumentó la crisis humanitaria compleja que vive este país bajo el régimen de Maduro. Enumeraba «una crisis política y económica, con contracción económica generalizada, inflación, hiperinflación, altos niveles de pobreza, desempleo, escasez de alimentos y medicinas y un sistema de salud gravemente debilitado».
Es cierto que las cosas aquí han mejorado un poco en los últimos años y la crisis se ha estancado en una especie de meseta si se compara con el pasado reciente. El chavismo flexibilizó sus controles de precios, permite importaciones libres de casi cualquier cosa con bajos aranceles o ninguno, liberó el tipo de cambio y permitió grandes y medianos negocios de sus allegados «enchufados» en diversas áreas, especialmente en alimentos y agroindustria. Esto acabó con las filas en los supermercados para comprar alimentos y con el mercado negro de bienes esenciales.
Pero la crisis sigue viva porque tiene razones estructurales. Hay una escasez crónica de combustibles y electricidad; los servicios públicos incluyendo la educación y la salud siguen colapsados; el salario mínimo integral del sector público es de dos dólares por mes y llega a $130 si se le suman bonos sin incidencia en prestaciones sociales, los jubilados ganan $60 por mes y los pensionados $90, según cálculos de Cendas, una institución ligada a sindicatos de maestros y profesores que ubica la canasta mínima en $487 por mes en febrero.
La economía corre riesgo de una fuerte caída este año, tras una leve recuperación después de haber perdido casi el 80% de su tamaño en los primeros 10 años de la era Maduro. Aunque hiperinflación y la inflación galopante cedieron terreno, para este año se espera que los precios suban por encima del 100% y la pobreza siga abrasando al 86% de la población, según economistas.
La decisión de Trump, de aniquilar la política que abría esperanzas a migrantes que huyen de la persecución política o de la crisis económica y social, va a provocar un éxodo inverso y también nuevas presiones hacia otros destinos anhelados, como España. Son venezolanos más de la mitad del millón de beneficiarios de TPS en Estados Unidos, según cifras oficiales del Departamento de Seguridad Nacional. Todos deberán salir este mismo año, a menos que el sistema de justicia logre con sus juicios retrasar una política que pondrá a prueba el autoritarismo de la era Trump.
El estudio ‘Perspectivas de la Migración 2024’, de la OCDE, el club de economías países más ricas y desarrolladas, recoge que en 2023 hubo 2,7 millones de nuevas peticiones de asilo en estos países, con un aumento del 30% respecto a 2022. Los venezolanos, con 10% de las solicitudes totales, encabezan esta demanda. España era el tercer país de la OCDE en recibir más solicitudes desde casi todo el mundo, y es el segundo entre los europeos. De las 160.000 peticiones, 60.000 eran de venezolanos (un 33% más que el año anterior). Estados Unidos era el cuarto destino de la diáspora venezolana, con 545.000 migrantes y refugiados registrados en 2022, según agencias de la ONU, que calcula en casi ocho millones, o una cuarta parte de la población, la cantidad de venezolanos viviendo en el extranjero.
Pero en EEUU son muchos más porque el TPS se habilitó después de ese año, cuando una nueva ola migratoria hizo de los venezolanos el segundo colectivo después de los mexicanos con más detenciones de indocumentados por la Patrulla Fronteriza en la peligrosa frontera con México. Solamente entre los tres años fiscales que van desde octubre de 2022 hasta octubre de 2024 el Departamento de Seguridad Nacional registra 837.930 detenciones de venezolanos sin papeles. La mayoría quedaron bajo libertad condicional a la espera de juicios.
Entre octubre y febrero pasado fueron otros 64.468. Pero ese flujo se detuvo de súbito por las ya efectivas políticas de Trump y varios miles se quedaron varados en tránsito por América Central, México y Colombia. Ahora muchos se debaten entre regresar a Venezuela, quedarse donde están o irse a Europa. De hecho, en febrero pasado fueron solo 350 los capturados, contra 14.411 en febrero de 2024.
