Las elecciones en Venezuela marcan una nueva etapa del poder total chavista

En el momento en que usted tiene la cortesía de leer esta nota, allá en Venezuela están ocurriendo unas elecciones de gobernadores, diputados y legisladores que son cruciales para el destino del chavismo en el poder, y de todo este país que enlaza las crisis perpetuas en eternas temporadas.

En total, 21,485 millones de venezolanos están convocados para elegir 569 cargos, incluyendo 285 diputados a la Asamblea Nacional que ya es controlada por completo por el chavismo; y 260 legisladores de cada estado.

También se eligen 23 gobernadores de los estados, más uno completamente simbólico de la Guayana Esequiba, que es como el Gobierno llama a la zona en reclamación del Esequibo, un territorio que forma dos tercios de la vecina república de Guyana. Pero ese cargo, además de los legisladores de ese nuevo estado virtual, serán escogidos desde un municipio fronterizo de Sifontes en el estado Bolívar, donde hay apenas unos 26.000 electores registrados. 

Es decir, nunca hubo campaña electoral ni padrón de votantes en el Esequibo y los funcionarios a ser electos hoy no tendrán ningún poder real porque esa zona es controlada por completo por Guyana desde su independencia en 1966. Allí cuentan siete de las 10 áreas administrativas de esa nación, excolonia de la Gran Bretaña.

Pero esa elección, protestada por Guyana ante la Corte Internacional de Justicia –donde se dirime la histórica controversia territorial- tiene el potencial de elevar la retórica confrontación entre el gobierno de Venezuela y el de Guyana, con Estados Unidos y algunos países europeos mirando desde los vestuarios.

En un intento de despertar el fervor nacionalista, el chavismo rescata la legítima demanda de Venezuela que reclama justicia por el despojo de un territorio que equivale a casi un tercio del tamaño de España y que fue entregado a Gran Bretaña en 1899 por el Laudo Arbitral de París.

Hacer campaña electoral en el Esequibo, o ejercer un gobierno de venezolanos desde allí, hubiera equivalido a entrar en un territorio que es reconocido como soberano por la ONU, lo que desataría un conflicto de escala impredecible. Por eso en realidad el Esequibo solo ha sido anexado a Venezuela en los vistosos mapas políticos, desde que a finales de 2023 el chavismo organizó un referendo para preguntarle a la gente si apoyaba la reivindicación histórica.

Elecciones bajo la mira

Pero lo del Esequibo es apenas el ángulo internacional más notable de estas elecciones. Puertas adentro, el chavismo no arriesga absolutamente nada de su poder total, que ejerce con mano cada vez más dura. Ya desde hace días se da por descontado que sus candidatos –los directos o los indirectos- ocuparán todos los cargos, y con ello intenta relegitimarse el sistema que gobierna este país desde hace 26 años a sus anchas.

Lo hace casi un año después de unas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en las que el oficialista Consejo Nacional Electoral nunca demostró  resultados verificados por estados, municipios y mesas de votación antes de proclamar vencedor absoluto a Nicolás Maduro para el período 2025-2031. De modo que la oposición sigue denunciando “un fraude masivo” e insiste en que el verdadero ganador es Edmundo González, el diplomático de 76 años asilado en España desde septiembre de 2024.

Pero en un país como Venezuela lo que importan son los hechos. Y la realidad es que aunque el gobierno de Maduro no es reconocido por ninguna de las más importantes democracias de corte occidental, ni siquiera por los presidentes de Brasil y de Colombia, dos grandes aliados del chavismo, es el que tiene la sartén agarrada por el mango.  

Para estas elecciones hay movilizados 412.000 militares que han ocupado el país para “garantizar la seguridad” de los 15.736 centros de votación y las 27.713 mesas electorales.  

En total hay casi medio millón de funcionarios movilizados, contando a policías y civiles del gobierno.

Las fronteras han sido cerradas y suspendidos los vuelos desde Colombia. Hay patrullas de policías y militares recorriendo las calles, alcabalas y puestos de control en avenidas y carreteras. Se estableció la ley seca, prohibición de reuniones públicas y de portes de armas, se limita la circulación de carga pesada en las carreteras y, lo más dramático, se lleva a cabo una enorme operación para cazar a disidentes y sospechosos habituales.

Según los voceros del propio gobierno, hasta la noche del viernes habían sido arrestadas más de 70 personas, acusadas de ser terroristas dispuestos según la improbable versión oficial, a dinamitar   con C4 instalaciones públicas, embajadas, centros de votación, estaciones de servicio y plantas eléctricas; atentar contra jefes del gobierno y candidatos.

“Cada voto del domingo será por la paz y por el futuro del país”, dijo Maduro, quien afirma que su modelo es de “democracia protagónica”, que antepone a la “democracia burguesa”.

El más notable detenido en esta ronda es el exdiputado y ex gobernador electo del occidental estado Zulia Juan Pablo Guanipa, acusado sin mayores evidencias de ser jefe de una supuesta organización terrorista que sabotearía las elecciones. 

Todavía no se sabe el número total de detenidos, pero también han sido capturados dirigentes de cuadros medios de los partidos, activistas por los derechos humanos, periodistas y personas comunes, que pasan a engrosar la lista de 900 presos políticos que había hasta esta semana. 

Según proclama la Fiscalía chavista, Guanipa “es un peligroso conspirador que forma parte de una organización de delincuencia organizada que buscó boicotear los comicios electorales del 28 de julio y que luego alentó la violencia y el desconocimiento de los resultados certificados por el Consejo Nacional Electoral”.

Pero en Venezuela, activistas por los Derechos Humanos y familiares de los presos políticos reclaman que no hay derecho a la defensa ni al debido proceso en un sistema judicial que, según informes de misiones de la ONU, está subordinado al poder Ejecutivo.

El reconocimiento es la palabra clave para el chavismo hoy en día, de modo que estas elecciones son su principal apuesta en un esfuerzo por asentar la normalidad y el apaciguamiento, en un país que necesita desesperadamente inversiones internacionales de nuevos y viejos conocidos.

De modo que son unas elecciones en las que la oposición es perseguida, tiene a sus principales figuras presas, en el exilio, en la clandestinidad o simplemente retiradas de la lucha política para evadir los barrotes. Sus partidos políticos principales han sido confiscados hace tiempo y sus estructuras y siglas entregadas a políticos “independientes” aliados del chavismo para compartir sobras del poder. 

Lo cierto es que el principal enemigo del chavismo es la abstención, pues mientras menos gente acuda a votar, menos podrá exhibir pruebas de supuesta legitimidad. 

El chavismo dice que tiene 1.400 veedores nacionales e internacionales presentes en Venezuela para certificar estas elecciones. No se sabe si José Luis Rodríguez Zapatero es uno de ellos.

En realidad, son unas elecciones donde predominan la apatía, el miedo y la frustración. Encuestas como las de la firma Delphos revelan que apenas el  22,5% de las personas se autodefinen políticamente como chavistas, de las cuales 7,7% se dicen chavistas descontentos con Maduro.

En total, solamente el 37% de los consultados está seguro de que saldría a votar este domingo. Entre los abstencionistas, el 27,4% dice que falta confianza en el CNE, el 23,9% dice que no vale la pena, y el 14,4% opina que equivaldría a abandonar la lucha por el reconocimiento de los resultados reales del 28 de julio. 

Los que van a votar son los del chavismo duro, serán pocos, pero suficientes para garantizar el triunfo y el dominio de un régimen político que desde hace tiempo corre solo. También exhibirá esos resultados como pasaporte para pedir reconocimiento dentro y fuera del país.