México, urnas para elegir jueces

Este domingo, 1 de junio, es el Día de la Democracia en México, según la presidenta Claudia Sheinbaum. Es la elección popular de jueces y magistrados, de acuerdo con la reforma judicial organizada por el anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador, y celebrada por su sucesora.

Este domingo «se da un ataque frontal contra la democracia mexicana», según el expresidente Ernesto Zedillo, en cuyo mandato (1994-2000) se pusieron en marcha las reformas políticas y económicas que permitieron un enorme impulso a la democracia y el crecimiento del país.

¿Estamos en México ante la democratización de un sistema de justicia -que nunca ha funcionado como debería, es cierto- o, con la excusa de cambiarlo, se trata de un golpe de Estado judicial populista que elimina de un plumazo los procesos de concurso y las carreras judiciales?

Por lo pronto, la reforma exprés, sin participación de la oposición, es consecuencia de la concentración del poder en un solo grupo político mexicano, el partido Morena (antes conocido como Movimiento de Regeneración Nacional). Esta concentración ha permitido que funcione un mecanismo ya conocido: la llegada al poder por medios democráticos y, una vez lograda, la perpetuación en ese poder por cualquier medio.

¿Los mexicanos van a acudir a las urnas para respaldar este experimento de sus dos últimos presidentes, democráticamente elegidos? Hay que esperar unos días para saber si se cumplen los temores de una baja participación, que podría no superar el 25%, de un electorado que no sabe muy bien qué se vota ni a quién, porque las incertidumbres de este proceso electoral superan con mucho a las certezas. Y hay que esperar algo más para saber en qué desemboca todo esto. A corto plazo, un hito interesante: en ningún país democrático del mundo el Poder Judicial se conforma a través de las urnas. Solo Bolivia elige así a los miembros de su Tribunal Supremo y otros altos magistrados, pero no a todos los demás jueces.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí? La historia ha sido rápida: en febrero de 2024, López Obrador, frustrado con una Suprema Corte de Justicia que le obstaculizaba sus iniciativas más populistas, propuso el «Plan C», la Cuarta Transformación (la primera sería la independencia de 1810, la segunda, la reforma del presidente Juárez de 1858, y la tercera, la revolución de Madero y Zapata que acabó con la dictadura de Porfirio Díaz y desembocar en la Constitución de 1917).

La Cuarta Transformación tiene como objetivo sustituir a todos los jueces estatales y federales -casi 7.000- mediante candidatos elegidos por votación popular. A pesar de las críticas nacionales e internacionales, que coincidían en el peligro que encierra esta reforma para la independencia judicial y el Estado de derecho, la reforma se aprobó mediante un procedimiento acelerado, sin deliberación, quince días antes de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum.

Y este 1 de junio de 2025 se celebran las primeras elecciones. Hay 2.682 aspirantes a ser jueces y magistrados: de las urnas saldrán 881 cargos para puestos en la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Disciplinario Judicial y cientos de tribunales federales y de los estados. En 2027 habrá otra elección popular para cubrir 800 puestos más de jueces y magistrados.

Los aspirantes que se someten al veredicto de las urnas han tenido que superar estos requisitos: ser licenciados en Derecho con un promedio destacado de calificaciones, contar con cinco años de ejercicio profesional y presentar cinco cartas de referencia de colegas y vecinos que consideren que son candidatos idóneos para formar parte del nuevo Poder Judicial. Desde luego, más cómodo que unas oposiciones, y más rápido que una carrera judicial.

El sistema mexicano de justicia no es ninguna maravilla, pero no es fácil que se regenere con estos cambios. Las críticas más extendidas que ha recibido tienen que ver con las improvisaciones y la aceleración de los tiempos y con la pérdida de independencia judicial; en lugar de democratizar la justicia, las consecuencias del cambio certificarían su control político, señalan los detractores de la reforma. La economía también podría sufrir: EEUU, socio vital para México, cree que la reforma judicial pone en peligro la democracia y amenaza el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) y las inversiones.

Para volver a Ernesto Zedillo, en su opinión lo que está en marcha con la reforma judicial y la colonización de las instituciones es «un plan de terribles consecuencias para el presente y futuro del país» que «cancelará oportunidades de desarrollo» y «la libertad y los derechos fundamentales de los mexicanos». Lo que escribió hace unas semanas en Letras Libres fue ya analizado en este periódico por Ricardo Cayuela con su maestría acostumbrada.

En la batería de argumentos que repitió hasta la saciedad López Obrador el pasado año hay una letra y una música propias de los populismos latinoamericanos de izquierdas: erradicar la corrupción, el nepotismo y el clientelismo en el Poder Judicial, «limpiar y purificar» la judicatura, acercar la justicia al pueblo y que no sirva más a las minorías privilegiadas… La presidenta Claudia Sheinbaum defiende la herencia de López Obrador y dice que la elección popular de jueces fortalece la democracia. «Si los jueces, magistrados y ministros [miembros de la Suprema Corte] se eligen por el pueblo, ¿dónde está el autoritarismo?».

¿Dónde está el autoritarismo? Qué sencillo, presidenta. ¿No tiene más preguntas que hacerse? ¿Dónde está, con esta reforma, la independencia de unos jueces que tendrán que ser leales a los que los promovieron y los que los votaron? ¿Dónde está la división de poderes? ¿Dónde están los contrapesos de la democracia en el país más poblado de Latinoamérica?

¿O es que, como dice Ernesto Zedillo, México está dejando de ser una democracia?