La diplomacia de rehenes refuerza el chantaje del régimen de Maduro al resto de países

Margarita —nombre ficticio para proteger su privacidad— es una joven alemana que nunca imaginó que unas vacaciones terminarían en una celda venezolana. Viajó junto a su entonces pareja desde Colombia a Venezuela con la intención de conocer a sus suegros y renovar unos documentos. Lo que parecía un viaje rutinario se convirtió en una pesadilla. Fueron detenidos por militares venezolanos nada más cruzar la frontera y acusados, sin pruebas, de tráfico de drogas.

Pasó dos años y siete meses encarcelada, primero en una base militar en Guasdualito y luego en la mayor prisión femenina del país, con más de 700 internas y condiciones infrahumanas, con falta de agua, hacinamiento, y solo una enfermera para toda la población penitenciaria. «Durante un año estuve en una celda pequeña con muchas otras mujeres, sin poder salir, salvo dos veces al día para ir al baño, que compartíamos cuarenta personas», cuenta en exclusiva para THE OBJECTIVE. Aunque no fue torturada, como ella misma señala, sí presenció «innumerables violaciones de derechos humanos».

La sentencia fue de doce años de prisión sin pruebas y «basada en mentiras muy evidentes durante el juicio por parte de los militares». Su caso, como tantos otros, no nació como detención política, pero es en lo que lo convirtió el régimen cuando vio el potencial de canje diplomático. Fue liberada tras una compleja negociación liderada por el Gobierno alemán, que priorizó el caso por las condiciones de su detención y logró una resolución tras difíciles conversaciones con Caracas. «Estoy segura de que hubo concesiones, pero obviamente todo se mantuvo en secreto». Su expareja, sin embargo, sigue en prisión.

El caso de Margarita no es un hecho aislado. A escasos días de la última farsa electoral, la dictadura de Nicolás Maduro volvió a activar su maquinaria de represión con enfoque transnacional. Tres ciudadanos extranjeros —un español, un argentino y un búlgaro— fueron detenidos en Caracas bajo acusaciones de conspirar contra el proceso electoral. Los dos primeros fueron liberados el mismo día, mientras que del tercero aún no hay confirmación oficial sobre su paradero. Todos estaban vinculados a una empresa de ciberseguridad con sede en EEUU. En los días previos, el régimen ya había arrestado a otras 38 personas, 17 de ellas extranjeras, con acusaciones similares.

Una herramienta de extorsión geopolítica

Desde las elecciones de julio de 2024, consideradas como fraudulentas por la comunidad internacional, el régimen de Maduro ha intensificado lo que organizaciones de derechos humanos y líderes opositores definen como «diplomacia de rehenes»: la captura deliberada de personas extranjeras como moneda de cambio para obtener beneficios políticos, económicos o diplomáticos, o lo que es lo mismo una herramienta de presión geopolítica.

Este patrón se inscribe en un contexto internacional cada vez más tenso. El pasado miércoles, Estados Unidos y Venezuela se cruzaron advertencias mutuas sobre los riesgos de viajar al otro país. Washington alertó a sus ciudadanos sobre el «riesgo significativo y creciente de detención injusta» en territorio venezolano, y Caracas acusó al gobierno estadounidense de cometer abusos contra los derechos de los inmigrantes venezolanos.

Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas y figura clave de la oposición venezolana en el exilio, alerta sobre esta práctica, que describe como parte de un patrón sistemático de represión. Según denuncia, el régimen detiene a turistas, técnicos, periodistas, cooperantes o personas con doble nacionalidad bajo acusaciones infundadas como terrorismo o conspiración, sin pruebas y al margen de procesos judiciales transparentes. El objetivo, dice, es instrumentalizar a estos ciudadanos como piezas de negociación con otros gobiernos.

Práctica sistematizada tras el fraude de 2024

«Esta práctica se ha intensificado desde las elecciones presidenciales de julio de 2024», señala Ledezma, quien vincula directamente estas detenciones con el aislamiento internacional del chavismo y con operaciones internas como la «Operación Tun Tun», caracterizada por arrestos masivos, desapariciones forzadas y campañas de intimidación contra la disidencia.

La ONG Foro Penal ha documentado al menos 72 presos políticos con nacionalidad extranjera en cárceles venezolanas, muchos de ellos incomunicados o desaparecidos. La mayoría fueron arrestados entre agosto de 2024 y febrero de 2025. Las nacionalidades van desde España, Italia y Alemania hasta Colombia, Ucrania o México. Según la organización, estas personas son privadas de libertad sin pruebas, sin acceso a defensa legal ni comunicación con sus consulados, lo que supone una violación flagrante de la Convención de Viena de 1963.

Para Ledezma, los gobiernos democráticos tienen una obligación clara: proteger a sus ciudadanos frente a lo que define sin ambages como «secuestros disfrazados de detenciones». Y esta protección, dice, no puede limitarse a gestiones consulares, sino que debe traducirse en acciones diplomáticas firmes, sanciones individuales, respaldo a la Corte Penal Internacional y advertencias oficiales sobre el riesgo de viajar a Venezuela.

El exalcalde pone como ejemplo el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, aún preso e incomunicado, que ingresó a Venezuela con pasaporte italiano y fue acusado sin pruebas de actividades terroristas. «Ese caso refleja hasta qué punto el régimen actúa con total impunidad», afirma. Y añade: «La inacción o el silencio de algunos países frente a estos abusos no solo debilita el derecho internacional, sino que refuerza la lógica del chantaje que pretende imponer Maduro».

Negociaciones opacas

Este modelo no es nuevo. En 2022, seis estadounidenses fueron liberados por el régimen a cambio de dos familiares de Cilia Flores, condenados por narcotráfico en EEUU. En diciembre de 2023, diez estadounidenses y veinte venezolanos fueron excarcelados tras un acuerdo que incluyó la liberación de Alex Saab, considerado el principal operador financiero del chavismo. «Estas liberaciones, sin órdenes judiciales ni procesos legales, envían un mensaje peligroso: el régimen puede usar personas como fichas de negociación sin pagar consecuencias», alerta Ledezma.

El uso de estos rehenes en negociaciones bilaterales opacas también alimenta la percepción de que los mecanismos multilaterales son insuficientes o ineficaces. «Cuanto más débiles y descoordinadas sean las respuestas internacionales, más se afianza esta diplomacia del terror», advierte el líder opositor.

Pero la dimensión de la represión no se limita a los extranjeros. Ledezma insiste en que esta estrategia es una extensión del modelo represivo aplicado dentro de Venezuela, donde más de 1.800 presos políticos —según Foro Penal— han sido encarcelados desde las elecciones de 2024. Casos como la desaparición del activista Jesús Armas o la persecución contra María Corina Machado evidencian, en su opinión, cómo el chavismo utiliza el sistema judicial para gobernar mediante el miedo.

«La diplomacia de rehenes aplicada a ciudadanos extranjeros es solo una extensión del modelo represivo interno», asegura. A su juicio, este sistema represivo erosiona el Estado de derecho, debilita las instituciones y consolida la impunidad como norma. El resultado es una sociedad asfixiada por el temor, sin garantías jurídicas mínimas.

Ledezma también subraya que estas prácticas, al formar parte de una política sistemática de persecución, podrían constituir crímenes de lesa humanidad, como ya ha advertido la Misión Internacional Independiente de la ONU. «La represión ya no es solo nacional; se ha globalizado como parte de una estrategia diplomática para asegurar la supervivencia del régimen», concluye.

La consecuencia social más visible es la emigración forzada. Desde 2014, más de ocho millones de venezolanos han abandonado el país. El exalcalde caraqueño advierte que la percepción de que el régimen puede encarcelar, intercambiar y liberar a su antojo, sin rendir cuentas, alimenta la desesperanza y acelera el éxodo.

Respuestas coordinadas

Para el líder opositor, la única salida viable es una respuesta multilateral, firme y coordinada. Celebra el papel de países como Argentina o Canadá, que han llevado estos casos ante organismos internacionales, pero lamenta que otros gobiernos sigan apostando por la discreción o las negociaciones bilaterales «lo que puede debilitar la presión colectiva».

Margarita lanza una advertencia en la misma línea: «Concesiones significativas y rápidas pueden poner en peligro a otros extranjeros en el país, ya que podrían ser detenidos para convertirse en “moneda de cambio”. Es importante que los países democráticos se comuniquen y trabajen de forma coordinada en este tipo de negociaciones y que sumen su influencia. Las embajadas deben trasladar estos casos a sus gobiernos de manera rápida y eficiente para evitar perder tiempo antes de comenzar a buscar soluciones».

«La fragmentación es el mejor aliado de Maduro», sentencia Ledezma. Solo una estrategia conjunta que combine presión diplomática, sanciones, justicia internacional y exigencia inmediata de acceso consular puede frenar la expansión de esta diplomacia de rehenes. Mientras tanto, decenas de ciudadanos extranjeros siguen encerrados en cárceles venezolanas, sin juicio ni derechos. Son víctimas de un chantaje que trasciende fronteras y que exige una respuesta firme de quienes aún creen en el derecho internacional y en la dignidad humana.

El calvario de Margarita —la ciudadana alemana utilizada como pieza del engranaje represivo del chavismo y protagonista de este artículo— deja una última enseñanza, tan simple como urgente para otros ciudadanos del mundo: «Desde mi experiencia personal, recomiendo a los viajeros evitar visitar países que atraviesan crisis políticas y sociales de este tipo».