Venezolanos pierden a Mickey Mouse y a Donald Trump

Tener un pasaporte o la nacionalidad venezolana se ha convertido en una de esas cosas incómodas cuando se viaja, especialmente si se tiene poco dinero, si se es migrante o refugiado o si se intenta ingresar a Estados a Unidos. 

Esta semana, el gobierno de Donald Trump incluyó a Venezuela en la amarga lista de siete países cuyos nacionales tiene serias limitaciones para ingresar a EEUU, porque suponen “un alto nivel de riesgo” para ese país. Los hijos de Bolívar, Chávez y Maduro acompañan a los Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán en ese grupo de indeseados.

Por lo menos se agradece que no estén en la otra lista, la más radical, de los que presentan “un riesgo muy elevado” para Washington: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

Según explica el Departamento de Estado de Trump, la proclama incluye excepciones para los residentes permanentes legales, los que ya tengan visas, determinadas categorías de visados y las personas cuyo ingreso redunda en interés nacional para Estados Unidos.

“Las restricciones y limitaciones impuestas por la proclama son necesarias para obtener la cooperación de gobiernos extranjeros, hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y hacer avanzar otros objetivos importantes en materia de política exterior, seguridad nacional y lucha contra el terrorismo”, afirma.

Ahí hay un detalle importante para el caso que nos ocupa: “Obtener cooperación de gobiernos extranjeros”. Resulta que esta proclama es un garrote y si los gobiernos entran en cintura pueden aspirar a que sus países sean sacados de la lista. “Las restricciones son específicas para cada país con el fin de fomentar la cooperación, reconociendo las circunstancias particulares de cada uno de ellos”. La proclama deja claro, pues, que no se trata de ninguna declaración bélica, sino una forma de negociar.

Para el caso de Venezuela hay varias lecturas, una de ellas es la certeza de que se busca un diálogo con el gobierno de Maduro, cuyas presuntas culpabilidades en materia de violación de derechos humanos, persecución de disidentes y crímenes de lesa humanidad (que investiga la Corte Penal Internacional) han quedado como simples bocetos, si se comparan con otros crímenes sangrientos y genocidios en masa que están ocurriendo ahora mismo ante los impávidos ojos del mundo. El propio EEUU ha sancionado a cuatro juezas de la Corte Penal porque no le gusta cómo este tribunal está investigando crímenes de guerra en Gaza, o los viejos excesos gringos en Afganistán.

La Corte Penal, y el propio Trump, eran la esperanza blanca para parte de la oposición venezolana y sus líderes en su desventajosa lucha contra Maduro y el chavismo. Muchos soñaban que la Corte emitiera un fallo, que enfrentara la impunidad acumulada durante décadas y que permitiera apresar gente y comenzar una nueva etapa de democratización en Venezuela. Los venezolanos radicales, que suelen creer a veces que sus problemas son los únicos relevantes, están aprendiendo lecciones en eso de relativizar las cosas. 

El argumento del gobierno de Trump para este nuevo castigo es que “Venezuela carece de una autoridad central competente o cooperativa para la expedición de pasaportes o documentos civiles y no cuenta con medidas adecuadas de control y verificación“.  Esto refleja denuncias de que es más fácil para un miembro de Hezbollah que para un llanero del estado Apure conseguir un pasaporte venezolano.  El 25% de la población total del país radicada hoy en el extranjero puede dar fe de lo difícil que es renovar sus papeles venezolanos.

“Venezuela se ha negado históricamente a readmitir a sus nacionales susceptibles de ser expulsados”, dice el Departamento de Estado en otro argumento que en este caso contradice un acuerdo negociado directamente entre enviados de Maduro y Donald Trump. Desde que el magnate de bienes raíces llegó al poder en enero, Maduro ha recibido más de 5.000 migrantes venezolanos deportados en vuelos directos desde Estado Unidos.

Claro que esa cifra es muy corta, si se piensa que según la plataforma TRAC, de la Universidad de Siracusa, que recaba datos de tribunales, hay unos 750.000 venezolanos que enfrentan hoy órdenes de deportación desde Estados Unidos.  Pero por algo hay que empezar, dirán algunos. 

“Hoy pedimos a las autoridades de EEUU que ajusten su política migratoria para proteger a los venezolanos inocentes que huyen de la persecución y la miseria impuesta por la tiranía”, fue la tímida respuesta de Edmundo González desde el exilio, mientras en redes sociales personas comunes se quejaban de que Trump siga cerrando puertas tanto a migrantes legales como a no autorizados.

Estados Unidos, tan lejos tan cerca de Venezuela

Desde los inicios de la historia patria, Venezuela ha mantenido una relación de amor con Estados Unidos. Las clases dominantes en la política y la economía suelen enviar allá sus hijos para estudiar y fomentar negocios, y el sueño de muchos niños de clase media alta es que los lleven a Disneylandia en las vacaciones escolares de verano. Un diploma de una universidad gringa abre puertas y no es difícil conseguir personas que hablen inglés en cualquier vecindario de Caracas. Esa estrecha relación tiene referentes importantes, como la industria petrolera, fundada por estadounidenses en los albores del siglo 20 o el béisbol, toda una religión que trasciende clases sociales, o la popularidad de las series y películas Made In USA.

Y EEUU, junto con España, también es el paraíso preferido de los chavistas quien quieren disfrutar de las mieles del primer mundo y se han instalado ahí campantes con sus fortunas. Esos empresarios y exfuncionarios civiles y militares enfrentan muchas menos dificultades, claro, que los cientos de miles de migrantes pobres que llegaron tras cruzar la mortífera selva del Darién.

Antes de la llegada de Hugo Chávez y su cacareada revolución bolivariana, la alianza Venezuela-EEUU era importante en el plano político internacional, pero ya hoy sabemos que el chavismo prefiere a Rusia, a Putin y al vodka. 

Para los políticos de oposición, en especial para María Corina Machado y su círculo cercano, así como para los partidos que conforman la coalición Plataforma Unitaria, Estados Unidos era la principal esperanza de propiciar desde afuera un cambio político en Venezuela. Pero ahora la tienen más difícil para explicarle a los venezolanos comunes, a los migrantes que están allá, y hasta a los empecinados aspiracionales que hacían planes para irse a Texas o a Florida, que Washington se ha sumado de frente a una cruzada en América que ve a los venezolanos como una especie de plaga del siglo 21, y que le interesa más negociar con Maduro que enfrascarse en algún conflicto largo con los chavistas.

Pasando el Atlántico, hasta ahora España se mantiene como uno de los países más generosos en la recepción de venezolanos y a 2022 había casi medio millón viviendo a pleno derecho. No se sabe cómo ha evolucionado la cifra, pero en 2024 Venezuela era el segundo país de origen (después de Marruecos) de quienes consiguieron la ciudadanía española.

Tampoco se sabe hasta cuánto durará esta luna de miel, lo más seguro es que sea hasta que asuma el poder algún político nacionalista o populista, que presionado por sus corrientes de electores decida apretar las tuercas de la política migratoria española.

El Consejo Noruego de Refugiados señala en un reciente informe cómo “es alarmante que tantas personas en toda América Latina enfrentarían riesgos que amenazan su vida si se vieran obligadas a regresar a su lugar de origen”. Asimismo observa que, según el derecho internacional, los Estados tienen prohibido devolver a los refugiados y solicitantes de asilo a un lugar donde enfrenten amenazas graves a su vida o libertad y “el principio de no devolución protege a las personas de ser enviadas de regreso al peligro” y los migrantes también están cubiertos por este principio. Pero ya sabemos lo que importa el derecho internacional hoy en día.