Los errores de Pedro Sánchez recuerdan a cómo Bettino Craxi hundió al socialismo italiano

A principios de los años noventa, el sistema político italiano colapsó desde dentro, sacudido por el estallido de Tangentopoli (traducido como la “ciudad de los sobornos”), una trama de «mordidas» a cambio de contratos públicos. En el centro del escándalo se encontraba el Partido Socialista Italiano (PSI), liderado por Bettino Craxi, quien había sido primer ministro entre 1983 y 1987. En 1992 comenzó la operación Mani Pulite («Manos Limpias», nombre que más tarde adoptaría la organización española), la mayor purga de la clase política italiana desde la posguerra, y con ella se inició el fin de toda una era.

La detención por corrupción de Mario Chiesa, gerente de una residencia de ancianos en Milán y miembro del PSI, dio inicio a una cadena de investigaciones judiciales que en los siguientes dos años sacó a la luz un sistema de financiación ilegal de los socialistas italianos, pero también de otras formaciones. El juez Antonio Di Pietro lideró la instrucción inicial. Lo que parecía un caso aislado desencadenó una cascada de confesiones y detenciones desde el momento en que Chiesa decidió «tirar de la manta». Solo en el primer año, más de 4.000 personas fueron investigadas y más de 1.300, arrestadas.

Tres décadas después, España vive una secuencia con tintes inquietantemente similares. Un informe de casi 500 páginas elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha destapado lo que los investigadores describen como una organización criminal de corrupción articulada en torno a contratos públicos adjudicados desde el Ministerio de Transportes durante los años de Gobierno de Pedro Sánchez. En el centro de la trama no aparecen figuras menores, sino tres nombres esenciales del núcleo duro socialista como son José Luis Ábalos, exministro de Transportes y anterior hombre de confianza del presidente Pedro Sánchez; Santos Cerdán, hasta hace apenas unos días secretario de organización del PSOE; y Koldo García, asesor de ambos y el hombre que durmió con los avales que permitieron a Sánchez presentarse a las primarias del año 2017 que le terminarían catapultando a la presidencia del Gobierno.

Más allá del detalle de los pagos, lo más relevante del informe es la estructura que dibujan los hechos. La UCO sostiene que esta red pudo haber servido también para financiar campañas electorales y estructuras internas del PSOE, lo que remite directamente al modelo de financiación paralela revelado en Italia durante Mani Pulite.

Cuando la calle lanzó monedas

Entre 1992 y 1994, los tribunales concluyeron que hasta el 70% de los contratos públicos del país implicaban el pago de comisiones ilegales. El epicentro fue el Partido Socialista de Italia, el partido de Craxi, que acabó procesado en varias causas, condenado a diez años de prisión por corrupción y financiación ilegal. En 1994 huyó a Túnez, donde vivió fugitivo de la justicia hasta su muerte en el año 2000.

Craxi no fue el único dirigente socialista alcanzado por las investigaciones. Claudio Martelli, vicepresidente del Gobierno y ministro de Justicia, dimitió en febrero de 1993 tras verse implicado en el caso “Enimont”. Gianni De Michelis, exministro de Asuntos Exteriores, y Rino Formica, exministro de Finanzas, se retiraron de la vida política al aparecer en distintas investigaciones. En la Democracia Cristiana, el otro gran partido del régimen, también fueron procesados Paolo Cirino Pomicino, ministro de Presupuesto, y Arnaldo Forlani, secretario general. Incluso Giulio Andreotti, siete veces primer ministro, fue investigado por sus vínculos con la mafia.

El impacto político fue demoledor. Las dimisiones se sucedieron en cascada, no solo por las imputaciones judiciales, sino por la presión de la opinión pública. En apenas unas semanas, ocho ministros abandonaron sus cargos. Algunos, como Martelli, dimitieron al conocer su citación judicial; otros, simplemente por el descrédito generalizado. El presidente de la República, Oscar Luigi Scalfaro, encargó en 1993 la formación de un gobierno técnico al expresidente del Banco de Italia, Carlo Azeglio Ciampi, para evitar el colapso institucional. El sistema se derrumbaba desde dentro.

Craxi reaccionó con confrontación y negación. En diciembre de 1992, el líder socialista italiano negó la corrupción del PSI y definió a Chiesa como «un ladrón aislado». Desde el primer momento denunció una operación de demolición judicial del sistema político y se negó a reconocer responsabilidad alguna. En abril de 1993, el Parlamento —aún controlado por los partidos tradicionales— votó en contra de permitir que fuera juzgado. A la salida de aquella sesión, una multitud lo esperaba en la plaza romana de Montecitorio. Al grito de «¡ladrón!», los ciudadanos comenzaron a lanzarle monedas. Uno de ellos gritó: «¡Estas son las 300 liras que me debes!». Aquella escena, televisada en directo, se convirtió en símbolo de una época. El poder, humillado en la calle, ya no podía sostenerse. Craxi cayó poco después.

En las elecciones generales de abril de 1992, el PSI obtuvo el 13,6 % de los votos. Dos años más tarde, en los comicios de marzo de 1994, se desplomó hasta el 2,2 %. Fue su último resultado electoral. El partido se disolvió ese mismo año. El socialismo italiano, con más de un siglo de historia, había desaparecido.

El PSOE, ante su propio espejo

En España, Pedro Sánchez compareció el pasado jueves desde Ferraz para anunciar la dimisión de Santos Cerdán y la apertura de una auditoría externa sobre las cuentas del partido. Declaró sentirse traicionado por personas de su confianza y pidió perdón a la ciudadanía. No asumió responsabilidad política directa ni anunció ningún cambio estructural. Presentó el escándalo como una traición ajena a su control. Al igual que Craxi.

Su actitud hacia la justicia también ha estado marcada por la confrontación. A lo largo de la legislatura, Sánchez, el PSOE y el Gobierno han hablado de cacería judicial. Lo han hecho con insistencia cuando las investigaciones han alcanzado a la esposa del presidente, Begoña Gómez, o ante determinadas decisiones del Tribunal Supremo. Solo tras la publicación del demoledor informe de la UCO este discurso se ha reventado.

La estrategia, de Craxi a Sánchez, no ha variado: huida hacia delante, aislar responsabilidades, presentar los hechos como errores personales, y contener el daño sin alterar el liderazgo. Pero la situación dista de estar cerrada. La declaración judicial de Santos Cerdán está prevista para el próximo 25 de junio. La Guardia Civil dispone de más grabaciones de Koldo García, además de material incautado en registros domiciliarios que podría arrojar más pruebas. El temor dentro del PSOE es que los implicados actuales o nuevos, como ocurrió en Italia, rompan el silencio. Que el escándalo se amplíe. Que más nombres salgan a la luz. Que la bomba de racimo alcance a la estructura entera.

En 1994, el socialismo italiano no desapareció porque sus líderes fueran condenados en firme. Lo hizo porque sus votantes se sintieron traicionados, porque sus bases abandonaron el partido y porque sus dirigentes no supieron asumir el momento histórico. No bastaba con resistir: había que cambiar. Craxi no lo entendió, y el socialismo italiano desapareció tras dos años de descomposición interna.