Francia se aprieta el cinturón. ¿Y España?
El Gobierno galo se atreve a debatir un presupuesto que reduce el gasto: «Para repartir hay que generar riqueza»

El primer ministro francés, Francois Bayrou. | Alexis Sciard (Zuma Press)
La propuesta de presupuesto francés para 2026 -sí, en Francia hay presupuestos anuales, una extravagancia del otro lado de los Pirineos- incluye el propósito de recortar 40.000 millones de euros en gastos sociales para reducir el déficit público al 4,6% del Producto Interior Bruto.
Lo ha anunciado este martes -sin sorpresas, porque la cifra ya se anunció el pasado 13 de abril- el primer ministro, François Bayrou, que no lleva todavía ni un año en el puesto y que debe navegar con las menguadas fuerzas de centroderecha del presidente Macron entre la ensalada de izquierda y extrema izquierda, por un lado, y el lepenismo que prepara su asalto al Elíseo en las elecciones presidenciales de 2027 por otro.
Bayrou, cuya popularidad está bajo mínimos -es el sino de los primeros ministros galos-, ha sido muy directo: «No queremos para Francia un escenario al estilo de Grecia». Y ha recordado que el país está muy por encima de la media de la UE en gasto social -57% del PIB, frente al 49% comunitario y casi el 45% español- y que hay un problema recurrente: «Somos adictos al gasto público, al gasto estatal. Somos el país con los gastos sociales más elevados y, sin embargo, los franceses están cada vez más insatisfechos con los servicios públicos».
El proyecto se divide en dos fases: «Un plan para decir ‘stop a la deuda’» y un plan para decir ‘adelante con la producción”». El objetivo es reducir el déficit al 4,6% del PIB el año que viene, en comparación con el 5,8% de 2024. Todo ello con las complicaciones añadidas de la volatilidad comercial internacional procedente de Washington y el propósito del presidente Emmanuel Macron de que se gasten 3.500 millones de euros suplementarios en defensa en 2026, dentro del esfuerzo que todos los aliados de la OTAN tienen que hacer en los próximos años.
Bayrou anunció una congelación de impuestos, prestaciones sociales y pensiones en 2026 para reducir en «7.000 millones de euros» el aumento del gasto. «Tendremos exactamente el mismo importe de pensiones que teníamos en 2025 (…) Todas las prestaciones sociales se mantendrán en 2026 en su nivel de 2025 y no habrá excepciones (…) El impuesto sobre la renta y la cotización social general también se mantendrán en sus niveles actuales».
Se creará una «contribución de solidaridad» para los franceses «más ricos» -o sea, un impuesto– porque «el esfuerzo de la nación debe ser equitativo» para sanear las finanzas públicas, así que las rentas más altas tienen que esforzarse más. Habrá medidas sobre el gasto sanitario, las condiciones laborales y el seguro de paro, además de otras relativas al aumento de la productividad. Y como hay que trabajar más, el primer ministro anunció la supresión de dos festividades nacionales, de las once anuales que hay: una guinda que dejará un gusto amargo a todo el mundo.
En definitiva, el mensaje es que todos tienen que participar en el esfuerzo de enderezar el gasto público, «preservando al mismo tiempo, en la medida de lo posible, la competitividad laboral y empresarial», en palabras del primer ministro.
Las limitaciones al gasto han sido bien recibidas por los empresarios, pero los sindicatos ya han dicho que los esfuerzos que se piden no están equilibrados y que va a haber «un año negro». La izquierda anuncia guerra sin cuartel. Y la extrema derecha de Marine Le Pen promete cargarse al Gobierno si el plan sigue adelante.
Sin duda se avecinan meses muy agitados en Francia. El otoño será extremadamente caliente y habrá que ver si los socialistas se desgajan de la extrema izquierda y negocian con el Gobierno -que no tiene mayoría absoluta-, y en qué queda finalmente este proyecto presupuestario. Si las cosas van mal, habrá que ver también la suerte que correrá el propio Bayrou, que podría seguir los pasos de su antecesor, Michel Barnier. Pero son los riesgos que el liderazgo político tiene que asumir cuando la situación lo exige: se trata de decir a la gente lo que el líder responsable cree que es necesario, no lo que la gente quiere oír.
Por eso es interesante -desde el punto de vista español y de los planes exhibidos, y ahora de nuevo aplazados, de la vicepresidenta Yolanda Díaz sobre la reducción de la jornada laboral- subrayar la preocupación del primer ministro por el hecho de que los franceses trabajan menos horas que otros países similares. «Para repartir hay que generar riqueza, algo que hemos perdido de vista», dijo Bayrou. Está hablando de competitividad, de productividad, de eficacia, de eliminación de redundancias en el empleo público. Y de recortes, sí.
Ignorar la deuda pública y el déficit, pensar que la pérdida de competitividad es un problema de las empresas, despreciar la productividad como si fuera un malvado artefacto del capitalismo y creer que no tiene nada que ver con la necesaria redistribución es meter la cabeza en un agujero y dejar los problemas para los que vienen después. No entender que unas finanzas saneadas son lo que mejor garantiza el gasto público es, a la hora de la verdad, despreocuparse de ese gasto.
Tendrán que discutir los franceses -y lo harán hasta la extenuación- si los esfuerzos que se exigen son de verdad equilibrados, y habrá que saber en qué desemboca el anuncio de los recortes del seguro de paro, además de otras medidas. Conciliar la eficacia que se busca con la justicia social que hace falta no va a ser nada fácil.
Pero da una cierta envidia pensar que en Francia se van a batir el cobre con enorme dureza por las cosas que importan, sin distracciones, sin desperdicio de energías, sin juegos de trilero, sin corrupciones políticas. Sin degradar las instituciones. Sin desmantelar el Estado. Sin poner en cuestión el país.