Qué se puede esperar de la extraña economía venezolana

Los números reales y tendencias de la economía de Venezuela se han vuelto una especie de asunto de Estado. No hay indicadores oficiales claros, confiables, frecuentes, actualizados, ni mucho menos creíbles. Los resultados trimestrales y proyecciones, tan naturales en cualquier país serio, en Venezuela se han convertido en una incógnita y en una puesta de alto riesgo. También son casi un dogma de fe: los del poder dicen que las cosas son como son y los que cuestionen se arriesgan a despertar la ira de los dioses.

Pongamos por ejemplo el Producto Interno Bruto (PIB) esa suma total de riqueza en forma de bienes y servicios que genera una economía en un año y que se mide por trimestre. El Gobierno dice que ha venido subiendo de manera sostenida y sin frenos desde hace ya 17 trimestres, y que en el primer trimestre de este año 2025 lo hizo en 9% para después encadenar otro 6% en el segundo trimestre. Eso es una «verdad» que debe ser aceptada porque así lo dice el Poder. De ser ciertos esos números, esta economía tiene una de las tasas de crecimiento más altas del mundo, con cerca de 15% anual. 

Pero no hay mayores explicaciones oficiales. En mayo, el Banco Central decía que creció 18,23% la actividad petrolera y 3,46% el sector de minería. Tampoco hay datos oficiales de inflación desde octubre pasado, cuando el Central dijo que fue de 4,0 en el mes, para un acumulado de 16,6% en los primeros 10 meses del año «la variación más baja desde 2012 (13,4%)».

La firma consultora privada Ecoanalítica, una de las más citadas en eventos y medios, calcula que en el primer semestre el sector petrolero creció 14,8%, comparado con igual lapso de 2024, seguido por «Telecomunicaciones y tecnología» con 11%, y alimentos, con 7%. «El contexto económico de este primer semestre que marca la pauta del segundo es menos trágico de lo que nosotros proyectábamos», decía esta semana Asdrúbal Oliveros, de Ecoanalítica, durante un foro de Fedecámaras, el principal gremio de empresarios del país que por estos tiempos anda de luna de miel con el gobierno de Maduro y ambos quieren pasar la página de la crisis política.  

El sector petrolero aportó $8.000 millones en el primer semestre, 16% más que en el primero de 2024, explica Oliveros en un reciente foro empresarial de Fedecámaras sobre «Retos y oportunidades» de Venezuela. Pero, la inflación, que terminó en 48% el año pasado y fue la más baja en 15 años, ha repuntado y se proyecta en 160% anualizada, señala Oliveros. Y todo ello con una caída «bastante moderada» de la economía, que apenas crecerá 1% en relación con el año pasado.

La realidad como la tos y el humo

A juzgar por el discurso oficial, por aquí no hacen mella varios hechos comprobables. Son grandes problemas estructurales, tenaces, más allá de los discursos nacionalistas: Esta economía es cada vez más dependiente del volátil petróleo; tiene una enorme carga impositiva más alta que el promedio de América Latina; sufre una imperfecta dolarización mientras importa casi todo lo que necesita; su parque industrial manufacturero opera a entre 35 y 45% de su capacidad instalada; no hay grandes flujos financieros internacionales ni grandes inversiones, a menos desde países occidentales.

El crédito bancario es escaso y uno de los más bajos de todas las economías de la región, con una cartera total en la banca de $2.446 millones, cerca del 3% del PIB y tan baja que debe aproximarse a lo que presta cualquier agencia bancaria de La Gran Vía de Madrid. Y eso que aumentó en 22% en un año, medida en dólares, pero el crédito sigue muy lejos de tasas de $40.000 millones anuales que tuvo en el pasado.

Mientras el salario promedio mensual de un obrero es de $235, el de un profesional técnico es de $569, y el de un gerente es de $1.242, según la última encuesta de Coindustria, el gremio de empresarios manufactureros que hoy también anda haciendo las paces con el gobierno.

Por su parte, en el sector público el ingreso mensual de los asalariados y pensionados es de unos $160 mensual, en el mejor de los casos. Con estos ingresos el consumo se mantiene por el piso, y segmentado, por lo que es difícil estimular la demanda interna y la inversión. La misma encuesta de Conindustria indicaba que el índice de confianza de los empresarios había caído en el primer trimestre a 9,2 puntos, el índice más bajo desde el tercer trimestre de 2021, en plena pospandemia de covid.

El Gobierno de Maduro y las empresas del Estado están sujetos a limitantes sanciones de Estados Unidos y Europa porque el chavismo es acusado de atentados contra la democracia y los Derechos Humanos, por lo que tiene cerradas las puertas de organismos multilaterales de crédito.

Ese mismo Gobierno está en mora con acreedores internacionales desde 2017, pues no paga intereses ni capital sobre una deuda pública externa de unos $165.000 millones. Varias empresas cuyos activos fueron confiscados en la época febril de las expropiaciones, así como tenedores de bonos, demandan hoy a la República ante tribunales internacionales buscando cobrar compensaciones.

El país sufre una crisis energética crónica, con escasez de gasolina, diésel, gas natural y electricidad. Sus refinerías –según un informe de la OPEP– apenas trabajan al 15% de su capacidad instalada. Por eso los números oficiales de un supuesto crecimiento robusto lucen demasiado buenos para ser verdad. Los más escépticos advierten que si las cosas marcharan tan bien como dice el gobierno, éste no estaría censurando las cifras oficiales que debería reportar el Banco Central de Venezuela con una frecuencia predecible y confiable. 

Hoy los estudios privados, de economistas, consultoras, gremios de empresarios y universidades y centros de pensamiento se han convertido en información confidencial que no sale en los escasos medios locales, víctimas de censura y autocensura en medio de un clima de terror.

 Desde que a mediados de junio agentes de la policía política Sebin se llevaron presos al decano de Economía de una universidad privada, a directivos de la venerada Academia de Ciencias Económicas y a economistas de un centro de investigaciones privado para «preguntarles» de dónde sacaban las cifras que contradicen el discurso oficial, el acceso a la información y análisis económico se ha complicado más. A la mayoría de los detenidos los liberaron –temblando de miedo ellos y sumidos en el silencio– un día después de las detenciones. Pero todavía quedan presos –que se sepa– al menos dos economistas, profesores universitarios y ni siquiera se sabe de qué se les acusa.

Mientras tanto, los pocos datos oficiales disponibles sugieren que algo huele mal en Dinamarca. Desde el 2 de enero pasado, hasta la fecha valor de este lunes 21 de julio, el bolívar, la  malograda moneda venezolana, acumula una depreciación del 56,33% en el mercado cambiario oficial reportado por el BCV, donde el dólar es 129% más caro en lo que va de año.

En el mercado paralelo, que tiene poca profundidad, pero es la referencia para la fijación de precios en la economía, el dólar está entre 20 y 30% más caro que el oficial. Como el Gobierno obliga a los comercios y prestadores de servicios a usar la tasa oficial, so pena de cárcel, la gente simplemente suma 30% a sus facturas en bolívares, como una forma de asegurar una cobertura cambiaria y protegerse de las depreciaciones diarias.

Todo esto, advierten los economistas, funciona como una correa de transmisión directa en los precios porque la economía está dolarizada, de modo que Venezuela vuelve a tener una de las tres tasas de inflación más altas del mundo, que se proyectaba en 240% en las informaciones públicas de estudios independientes, antes de la razzia contra los más críticos.