Bélgica lleva a la corte de La Haya el caso de los soldados israelíes que fueron a Tomorrowland
Fueron detenidos tras ondear la bandera de su regimiento en el famoso festival de música electrónica
Festival de música electrónica Tomorrowland, celebrado en la localidad belga de Boom. | Marius Burgelman (Zuma Press)
La Fiscalía federal de Bélgica ha remitido este miércoles al Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya el caso de dos militares israelíes detenidos en el festival Tomorrowland. Los dos hombres están acusados de presuntos crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza. La decisión, inédita hasta la fecha, podría sentar jurisprudencia y pone sobre aviso a los militares israelíes que viajan por Europa sin ninguna restricción. El caso fue denunciado por la Fundación Hind Rajab, vinculada al activista belga-libanés Dyab Abou Jahjah, y la organización británica Global Legal Action Network (GLAN).
Los soldados, miembros de la brigada de infantería Givati del ejército israelí, fueron arrestados durante el fin de semana del 20 y 21 de julio mientras asistían al famoso festival de música electrónica. Durante una sesión, los militares presuntamente ondearon la bandera de su regimiento, que ha participado en la guerra de Gaza. La enseña fue reconocida por las ONG. Estas denunciaron su presencia en suelo belga los días 18 y 19 de julio, solicitando su detención por posibles crímenes de guerra.
Los dos soldados fueron detenidos y puestos en libertar tras prestar declaración. Tras analizar las denuncias y los antecedentes aportados por las fundaciones, la Fiscalía federal belga «decidió remitir los casos a la Corte Penal Internacional», según indicó en un comunicado.
También añadieron que la decisión «se adoptó en aras de la correcta administración de justicia y en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Bélgica», que recordó que el TPI «ya está llevando a cabo una investigación sobre posibles violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en los territorios palestinos».
La transferencia formal de los expedientes al TPI será gestionada por el Servicio Público Federal de Justicia, la entidad encargada de gestionar las peticiones judiciales belgas al tribunal internacional.
Este paso se produce un día después de que el Ministerio de Exteriores de Israel convocara a un diplomático belga para pedir explicaciones sobre el caso. Cabe recordar que el TPI ya mantiene abierta una investigación sobre presuntas violaciones del Derecho Internacional Humanitario en los territorios palestinos y ha confirmado que tiene jurisdicción para juzgar posibles crímenes de guerra en la región.
Fundación Hind Rajab y Global Legal Action Network (GLAN)
La Fundación Hind Rajab es una rama del Movimiento de 30 de Marzo, la cual se dedica principalmente a «la búsqueda de justicia en respuesta a los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos perpetrados por el Estado de Israel contra la población palestina». Esta organización fue fundada después iniciarse el conflicto entre Israel y Palestina.
«Nuestra misión principal es emprender activamente acciones legales contra los responsables de estas atrocidades, incluyendo perpetradores, cómplices e instigadores de la violencia contra la población palestina. Mediante litigios ofensivos, buscamos que estos actores rindan cuentas ante tribunales internacionales y nacionales, combatiendo la cultura de impunidad que ha permitido la persistencia de estos crímenes», asegura la fundación Hind Rajab.
Por otro lado, la organización británica Global Legal Action Network (GLAN) es una «organización independiente formada por abogados e investigadores que identifica e impulsa acciones legales contra actores influyentes involucrados en graves violaciones de derechos humanos». Aseguran que su objetivo es «contrarrestar la impunidad de la que gozan los poderosos estados y corporaciones que se aprovechan de las fronteras y los sistemas internacionales para su beneficio, ocultando su riqueza, evadiendo responsabilidades y eludiendo la rendición de cuentas».
Con el envío formal del caso a La Haya, la Fiscalía belga refuerza el principio de cooperación judicial con el TPI. Ahora será responsabilidad del tribunal de evaluar si es admisible el caso, determinar si existen fundamentos razonables y eventualmente, avanzar hacia una investigación formal.